Las instituciones europeas utilizan en su día a día una gran cantidad de documentos de trabajo internos que, aunque son públicos, no suelen llamar la atención de la ciudadanía. Sin embargo, un informe sobre los desequilibrios macroeconómicos en España en 2015, elaborado por la Comisión Europea, ha recibido cierta repercusión al contener una valoración de los aspectos sociales infrecuente en este tipo de documentos.
Aunque quizá no presenta grandes novedades para los especialistas en política económica que siguen la actualidad española, el informe expone con detalle las consecuencias de la crisis en términos sociales utilizando el indicador AROPE, que mide la evolución de la pobreza y el riesgo de exclusión social. Dicho indicador combina factores de renta (pobreza relativa), privación material severa y baja intensidad del empleo. Siguiendo esta metodología, las cifras que arroja el informe suponen un contundente revés para la política social del país.
El “Informe sobre España 2015, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos” fue sido publicado en el marco del examen que realiza anualmente la Comisión Europea.
Niños y jóvenes son los grupos más vulnerables frente a la pobreza y la exclusión
Aunque el informe pretende ser un análisis objetivo de la realidad económica del país, las cifras que la Comisión Europea pone sobre la mesa hablan por sí solas. Así, según los funcionarios europeos, en España “más de 12’5 millones de personas se hallaban en riesgo de pobreza y exclusión social en 2013”. Si en 2012 el número de personas que sufrían privaciones materiales graves se situaba en un 5’8 %, un año más tarde alcanzaba un 6’2 %, lo que representa un aumento de 154.000 personas en esta situación.
Los niños y los jóvenes son los grupos más afectados por la pobreza, así como las familias monoparentales, que presentan también un riesgo elevado. Es más, el ejecutivo europeo pone de relieve que España “ha avanzado poco en la mejora de la situación de los hogares de bajos ingresos con niños, pese a algunas iniciativas modestas”. Aunque se observa “alguna mejora” gracias a las nuevas condiciones económicas, a juicio de la Comisión los efectos de la protección social en la reducción de la pobreza, especialmente de la pobreza infantil, “siguen siendo escasos” (27’6 % frente al 41’3 % para el conjunto de la UE en 2013).
La cara visible de la pobreza no la componen únicamente niños y jóvenes. Según el informe, “la situación de grupos específicos, tradicionalmente más afectados por la pobreza y la exclusión social (los inmigrantes, la población romaní y las personas discapacitadas) ha empeorado significativamente durante la crisis. En el caso de los inmigrantes no pertenecientes a la UE, por ejemplo, la tasa de desempleo alcanzó el 38’1 % en 2013, al tiempo que el 54’1 % se hallaba en riesgo de pobreza o exclusión social, y la tasa de personas en situación de privaciones materiales graves era 11’5 puntos porcentuales superior a la de la población en general en ese mismo año.
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El desempleo dispara la desigualdad en España
Otra de las conclusiones que arroja el informe es que la crisis ha incrementado la desigualdad de rentas en España, siendo el enorme volumen de paro generado a lo largo de estos años una de las principales causas. En el segundo trimestre de 2014, el número de hogares que carecían de ingresos alcanzó la cifra de 740.500, casi doblando la tasa de 2008. Pero no se trata de un simple aumento de la desigualdad en el país, sino que la Comisión Europea también señala en su escrito que España figura entre los países de la UE que “mayores desigualdades” en materia de ingresos registraron en 2014 y que la brecha de la pobreza “ha aumentado considerablemente” desde 2007.
A pesar de que el informe de la Comisión ha proporcionado cifras actualizadas, la situación no es nueva. Las estadísticas publicadas por Eurostat en 2011 ya situaban a España a la cabeza de la desigualdad entre los países de la Unión Europea según dos indicadores distintos. Utilizando el coeficiente Gini, que mide la diferencia de ingresos de un país, España en 2011 obtuvo un 34, sólo superada por Letonia. Si se tomaba el ratio 80/20, cociente entre la renta disponible obtenida por el 20 % de los ciudadanos de mayores ingresos y la percibida por el 20 % de los de menor renta, el índice resultante para España fue de 6,8 %, el más elevado de toda la UE.
Un empleo ya no garantiza evitar la marginación
El informe de la Comisión pone de relieve un nuevo fenómeno que se está produciendo en el país: un 10’5 % de la población activa se encuentra en riesgo de pobreza. Si tradicionalmente la pobreza se producía casi exclusivamente entre la población desempleada, hoy en día contar con un puesto de trabajo ya no es garantía de abandonar la marginación. Según los datos ofrecidos, este fenómeno afecta fundamentalmente a las mujeres, a las familias monoparentales y a los trabajadores con contratos temporales o a tiempo parcial.
Según algunos expertos, la causa de este fenómeno se encontraría en la bajada de los salarios producida durante los últimos años en el país a consecuencia de la desregulación del mercado de trabajo. En particular, reformas laborales que han facilitado el despido, incluyendo su abaratamiento, han provocado que un puesto de trabajo sea compatible con el riesgo de pobreza o exclusión social.
La política social en España en regresión, ¿culpa de las autonomías o de la propia Unión Europea?
Tanto el empleo como los salarios intervienen en un reparto primario de la renta, antes de la acción redistributiva efectuada por el Estado, en teoría, a través de su política social. Bruselas califica de “regresiva” la política social española ya que, según el informe, el gasto medio por niño aumenta paralelamente a las rentas familiares. Esto quiere decir que en lugar de beneficiar a quienes más lo necesitan, la política social del país favorece a los más ricos.
La desigualdad norte-sur. Mapa de Europa Press.
Además, según el informe de la Comisión Europea, el sistema de protección social sigue teniendo dificultades, no sólo derivadas de la falta de recursos, sino también en términos de cobertura y de eficiencia. Entre otras causas, las autoridades europeas vinculan la eficiencia del sistema de protección social a la estructura territorial del país. Así, del informe se desprende que la superposición de niveles administrativos y la proliferación reglamentaria repercuten negativamente en el funcionamiento del proceso presupuestario, la fiscalidad o incluso la educación y el empleo. Para Bruselas, la economía española se enfrenta al reto de aplicar de forma coherente las reformas sociales, laborales y económicas a nivel de las Comunidades Autónomas. Para ello, señala una reforma de la Administración Pública para “contribuir a aumentos de la eficiencia y ahorros presupuestarios”.
En relación al empleo, por ejemplo, el informe pone de relieve que “la diversidad de sistemas y criterios de admisión, y las dificultades para la transferencia de derechos entre los sistemas autonómicos pueden afectar negativamente tanto a los incentivos para aceptar trabajos como a la movilidad laboral”.
Por otro lado, si los factores mencionados –empleo y salarios– configuran una distribución primaria de la riqueza muy desigual, ésta deberá ser corregida por la política social del país. Pero antes de llegar a este punto, es necesario que los gobiernos implementen una buena política económica que evite una distribución demasiado injusta. Situándonos en esta base teórica, la lectura del informe sobre España puede provocar más de un arqueamiento de ceja.
Sin negar la responsabilidad del gobierno estatal respecto de las políticas implementadas en los últimos años, no es menos cierto que la institución que ahora critica la desigualdad y el riesgo de marginación en España, la Comisión Europea, es la misma que dicta en gran medida la política económica de los países europeos. Es más, algunos de los mayores daños producidos a la política social en estos países tienen a la troika -Comisión, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional- como autora. Por tanto, cabe preguntarse hasta qué punto las críticas contenidas en el informe son coherentes con el papel que juega la propia UE, con la Comisión a la cabeza, en la políticas económica y social de los Estados Miembros.
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