Luis F. Blanca
En la tarde del 6 de abril de 1994, un misil tierra-aire impacta contra el ala de un avión Falcon 50, de fabricación francesa. Apenas unos segundos después, se produce una nueva y fuerte explosión, que alcanzará con furia la cola del aparato, provocando su violenta caída sobre los jardines del palacio presidencial de Kigali. En ese preciso instante, junto a la aeronave, saltarán por los aires las últimas y frágiles esperanzas de diálogo entre dos comunidades en guerra, iniciándose así uno de los más brutales genocidios del siglo XX. En el interior del avión viajaban entre otros, los Presidentes hutus de Ruanda y Burundi.
En este 2014 que termina, tras casi dos décadas desde el genocidio ruandés, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), ubicado en Arusha (Tanzania), confirmó, a través de un comunicado, las penas de cadena perpetua contra los que considera “principales responsables” de la masacre impuesta desde el Gobierno hutu contra la población tutsi y la disidencia ruandesa en todo el país.
Iniciada sistemáticamente tras la caída del vuelo presidencial, aunque siniestramente gestada con anterioridad, la “limpieza étnica” y la represión general, dirigida entre otros por los procesados Edouard Karemera (Ministro de Interior), Callixte Nzabonimana (Ministro de Juventud), Ildéphonse Nizeyimana (capitán y número dos de los servicios secretos) y Matthieu Ngirumpatse (líder del Movimiento Republicano Nacional para el Desarrollo y la Democracia MRN, actualmente disuelto), se cobró más de 800.000 personas (unas 10.000 al día según Naciones Unidas, aplicando una amarga eficacia superior incluso a la empleada por las SS en la Alemania nazi), y supuso el exterminio de aproximadamente el 75% de los ciudadanos tutsis, o lo que es lo mismo, el 10% de los ruandeses.
Occidente, por su parte, ha celebrado discretamente con esta sentencia el cierre de otra etapa de un proceso en el que nunca se quiso implicar activamente , a pesar de ser uno de los actores responsables de alimentar las bases sociológicas del conflicto y de impedir activamente la promoción de la paz en la zona.
En 1994, sin embargo, las primeras alertas de peligro a la comunidad internacional no habían tardado en tener lugar. Ya en enero, a fin de apaciguar los ocasionales brotes del conflicto, meses antes del genocidio, Roméo Dallaire, general de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (Unamir) informó de la “preocupante y creciente distribución de armas que estaba teniendo lugar en el país”. Igualmente advirtió acerca de la elaboración de “listados de tutsis” por parte de los radicales hutus, sobre todo de Interahamwe, el brazo armado del movimiento de Ngirumpatse, para proceder a su eliminación.
Históricamente, la diferencia cultural entre tutsis y hutus se basaba más en una cuestión de clase social que de raza. La indexación de los tutsis no habría sido por tanto una tarea fácil para el MRN, de no haber sido por la previa intervención belga durante los años del colonialismo.
La administración de Bélgica para la colonia de Ruanda-Urundi, reconocida por la Sociedad de Naciones, influida por las teorías racistas de la época, impulsó en los años 20 la clasificación de las diferencias étnicas existentes entre ambos pueblos, situando a los tutsis en un supuesto estadio etnográfico superior, que incluía una mayor y mejor retribución de derechos, debido a su “mayor semejanza con los pueblos caucásicos”. La Sociedad de Naciones no advirtió entonces las consecuencias que una discriminación de estas características acarrearían en un país superpoblado, en el que la clase oprimida era la mayoritaria. Muy al contrario, la segregación no se detuvo ahí, sino que se plasmó administrativamente incluso en la elaboración de tarjetas identificativas en las que se incluyeron datos relativos a la procedencia étnica de la persona. Con el uso de esta información fue con la que se pudieron procurar los primeros pasos hacia el genocidio.
En el desenlace de este contexto, el general Dallaire, alarmado por los cada vez más violentos mensajes de propaganda racista, que exigían a la población hutu acabar con las vidas de todas las “cucarachas” tutsis, insistió a occidente hasta cinco veces más (hasta el 13 de marzo de 1994), solicitando tropas y autorización para intervenir abortando el proceso. La ONU desestimó sus avisos y rechazó sus propuestas, dejando a la misión inservible frente a la explosión de violencia descontrolada que culminó su eclosión el 7 de abril, menos de 24 horas después del irresuelto atentado contra el Presidente.
Pocos días después y tras la evacuación de los últimos extranjeros del país, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 912 por la que reducen las fuerzas de la misión de 2.548 efectivos hasta apenas 270, un 90% aproximadamente. En estas circunstancias es en las que se desarrolla la fase más brutal y desgarradora de la masacre, intensificándose la violencia racista por todo el país. Es tal el drama que se desarrolla en Ruanda que el presidente del Consejo de Seguridad se ve obligado a emitir una declaración de condena sobre los ataques; aunque realizando un deliberado ejercicio de inadvertencia sobre el término “genocidio”, debido a las presiones de cuatro de los miembros del Consejo, entre los que se incluía a países como EE. UU. y Reino Unido. En su lugar, se emplearon expresiones como “masacres” o “asesinatos sin sentido”, a fin de eludir responsabilidades concretas para detener el holocausto, máxime tras la temible agitación producida en Somalia en octubre del año anterior por intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales americanas y el destacamento segundo de Naciones Unidas para el país.
Sólo cuando la presión mediática internacional comenzó a hacerse eco de las terribles imágenes de cadáveres apilados en cunetas o en iglesias y de los terroríficos relatos de asesinatos, violaciones y mutilaciones que iban llegando con cuentagotas por boca de los desplazados, pudo afirmarse en una nueva resolución la existencia de auténticos “actos de genocidio”. Como consecuencia se autoriza, el 22 de junio, más de tres meses después de iniciarse la persecución contra los tutsis, a los gobiernos a emplear “todos los medios necesarios para proteger a los civiles y la ayuda humanitarias en Ruanda”. Francia lanza entonces la Operación Turquesa, situando a más de 2.500 soldados sobre el terreno, que servirá sobre todo de corredor para la salida de los Interahamwe hacia Goma, en el vecino Zaire, ante el avance del Frente Patriótico Ruandés FPR, grupo rebelde de tutsis exiliados en Uganda, liderado por el actual Presidente Paul Kagame, que acabarán alzándose con la toma de Kigali el 4 de junio.
La crudeza del conflicto visto por televisión conmovió a la opinión pública y a buena parte de la sociedad civil occidental, que no dudó en inundar los campamentos de desplazados de un copioso torrente de solidaridad a través de destacadas ONGs y grupos religiosos. Este movimiento singular, forzó a los anteriormente mudos gobiernos a pronunciarse, enviando destacamentos médicos, de aquellos mismos ejércitos que se negaron a posicionar sobre el terreno, para paliar las consecuencias de la guerra, enmascarando a través de la ayuda humanitaria una evidente inacción política y una clara dejación de funciones en defensa de la paz.
En la actualidad, la Comisión Nacional para la Unidad y la Reconciliación (CNUR) se esfuerza por normalizar la situación de Ruanda a través de estrategias en educación cívica, movilización de masas, alegatos, investigación, conferencias-debate y lucha contra la pobreza. Ruanda está ahora considerada por occidente como un modelo de reconciliación y una potencia económica emergente en la región de los Grandes Lagos de África.
Foto de portada: Vigilia por las víctimas del genocidio, 7 abril de 2014. Vía NBC News.
Ésta es una explicación sin ánimo de lucro
¿Quieres recibir más explicaciones como esta por email?
