La anomia o el estado fallido: México y el caso Iguala

Marcha por Ayotzinapa [Foto: Jazbeck via Flickr]

La historia reciente de México tiene la pesada carga de una corrupción cuyos límites no son imaginables, y sobre la que últimamente se vierte, con razón, ríos de tinta. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa no ha hecho sino hacer pública una realidad incómoda de la que por costumbre, tristeza o miedo, no se hablaba con tanta insistencia: la de la debilidad de las instituciones que se percibe desde la población, y lo que es peor, la desconfianza que se tiene hacia ellas, cuando se sabe que se ignora más de lo que se sabe.

Lo que se sabe

El estado de Guerrero es rico en recursos minerales y agrícolas aunque es también uno de los de mayores desigualdades económicas, de los más pobres y con un más bajo nivel de desarrollo educativo del país. Por eso, a la tradición izquierdista y resistente de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se añaden su economía de subsistencia, espíritu combativo y la costumbre de tomar bienes públicos e infraestructuras con el objetivo de financiar acciones por la lucha en busca de mayor justicia y equidad social, cosa que incomoda a los sectores dominantes. Y es que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha gobernado durante largo tiempo con frecuentes acusaciones de autoritarismo y corrupción a lo largo y ancho del país.

En ese contexto, los estudiantes secuestraron tres autobuses, para ir a rendir homenaje a los estudiantes caídos en Tlatlelolco en 1968 y para boicotear un acto promocional de María de los Ángeles Pineda (la mujer del alcalde de Iguala). Su protesta fue duramente reprimida, y en su huida chocaron con una emboscada de la policía en la que seis estudiantes murieron, y otros 43 fueron detenidos por la policía, “por revoltosos”, entregados a Guerreros Unidos y subidos a varias camionetas.

Si bien todavía no hay pruebas que lo confirmen, lo que ocurrió después ya es asumido por mucha gente.

Se sabe que la mujer del alcalde de Iguala es hermana de dos sicarios asesinados del cártel de Sinaloa, que administraba fondos de Guerreros Unidos, y que iba a presentar su candidatura a la alcaldía en 2015 con el apoyo del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Se sabe también que el alcalde, José Luis Abarca, eliminaba sin mayor discreción cualquier forma de oposición o denuncia pública, además de moverse con la seguridad propia de aquel que se sabe intocable.

Ahora, en el intento de cerrar el caso de un solo golpe, el Procurador General de la República, Murillo Karam, declaró que, según la confesión de los tres sicarios detenidos, los estudiantes fueron asesinados en un vertedero de Cocula, quemados en una hoguera que ardió durante quince horas, y sus restos tirados al río en bolsas de plástico, aunque la versión pierde solidez ante la lluvia que se dice que cayó esa noche.

Además el resultado de los análisis genéticos ha confirmado que los restos no corresponden a los normalistas, lo que más que dejar un caso –más- sin resolver, pone en cuestión la credibilidad de las instituciones del estado mexicano.

Lo que no se sabe

El problema es que este caso evidencia que se ignora mucho más de lo que se sabe. El gobierno ha reconocido la magnitud del problema de las desapariciones (sin tildarlas de forzadas) aunque sin hacer mención alguna a la implicación de agentes de la policía, cuestión bien arraigada en el tiempo y especialmente en Guerrero.

José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda (el alcalde de Iguala y su mujer) representan un caso más entre tantos otros cuyo alcance y magnitud todavía está por descubrir. Muchos son los rumores de que la campaña de Peña Nieto[1] fue financiada a través de una alianza entre los Cárteles del Golfo y de Sinaloa, con el objetivo de reducir la extrema violencia heredada de la “Guerra al narco” declarada por Felipe Calderón, y saldada con 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos. También sobre las negociaciones de promoción con las dos principales cadenas de televisión[2] (Televisa y TVAzteca) antes y durante la campaña presidencial, que demuestran una concentración del poder cuyo alcance no se puede determinar.

Y mientras tanto, tras la desaparición de Ayotzinapa, los partidos concentran esfuerzos en limpiar su imagen ante la percepción generalizada de que nexos similares son omnipresentes, mediante compromisos de transparencia y de desafuero. Nadie se libra, aunque el ruido de este caso plantea una serie de oportunismos abiertos a quien los encuentre, como, por ejemplo, que el partido MORENA promueva un juicio contra el Procurador Murillo Karam por su pasividad ante las evidentes relaciones narco-políticas.

Y es que antes de Iguala, fue Tlatlaya (la ejecución sumaria de 11 campesinos, rendidos y desarmados, por militares), y antes… probablemente nunca pueda hacerse una cronología clara de los incontables casos que llevan a las matanzas de Acteal (1997), Aguas Blancas (1995) o a las de la llamada Guerra Sucia entre los sesenta y los setenta, si es que hay algún punto de partida. Todas ellas con el trasfondo de la colaboración entre cuerpos estatales y organizaciones criminales; todas ellas inscritas en el marco de la organización de comunidades rurales y la oposición a políticas de ámbito nacional, y, sobre todo, todas ellas caracterizadas por la impunidad y el engaño.

La anomia

Por ello, ante la creciente aceptación de que los estudiantes fueron asesinados, gana peso la idea de que se trata de un “crimen de estado”, vistas las conexiones (in)formales entre política y el crimen organizado. La desconfianza a la institucionalidad aumenta y empieza a manifestarse no sólo en la protesta sino en la quema de edificios simbólicos (Ayuntamiento, Palacio Nacional, Congreso de Guerrero) e institucionales (sedes de partidos[3]) y en la intensificación de la toma de infraestructuras como aeropuertos y peajes.

Si bien esto da pie a la criminalización de los movimientos sociales, no disipa la desconfianza en la Procuraduría General a la que se acusa desde tiempo atrás de ignorar o sencillamente simular la investigación de desapariciones y crímenes, que muy rara vez arroja resultados.

La anomia es el desajuste entre las necesidades de una población y la capacidad de la estructura para responder a ellas.

Esta ruptura, disociación o desajuste entre las necesidades y los medios, entre las prácticas sociales y las normas por las que la sociedad se rige, es la anomia a la que se referiría el sociólogo francés Émile Durkheim, que refleja la incapacidad de la estructura social de incorporarse en los individuos, y el fracaso del aparato estatal en su función de garantizar la defensa de sus habitantes, visible en la violación de varios derechos elementales de los que sí es responsable, como son el derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa, a la libertad de reunión, asociación y participación, o el derecho al acceso a la justicia.

La reciente eliminación de las policías municipales parece un intento desesperado de purgar la corrupción de los poderes locales, aunque no garantiza la depuración de una situación que ha tenido mucho tiempo para establecerse y asegurar su continuidad. El proyecto del “Mando Unico” existe hace tiempo, aunque con él se asume los riesgos de suprimir autonomía federal y de centralizar la endémica corrupción del país, visible en todas las capas de su estructura socioeconómica, desde las arquetípicas relaciones informales hasta las más sagradas instituciones oficiales.

México y su imagen internacional

La indignación con que ha sido acogida la consideración de José Mujica de México como “estado fallido” corresponde a la de un fuerte golpe en el ego, pues por fuertes que sean los vínculos identitarios en la sociedad mexicana, no es gracias al rol del estado. Y de hecho, la expresión no dista mucho de la situación descrita más arriba.

Actualmente México ostenta la presidencia de la Open Government Partnership, o Alianza del Gobierno Abierto, una iniciativa nacida en 2011 que pretende acercar los gobiernos a la población, sirviendo como espacio de diálogo entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en base a la transparencia y la defensa activa de los derechos humanos.

Resulta pues, irónico, que la situación generada por el caso Iguala se encuentre en tal estado de estancamiento. El problema existe porque las condiciones actuales lo hacen posible, y si no cambian, cada día podrá repetirse, porque la criminalización de las protestas y la arbitrariedad en las detenciones hacen pensar que, salvo un improbable golpe de efecto o un nuevo conato de depuración policial (como la implementación del proyecto de “Mando Único”), estas no van a disminuir, con el riesgo de que su represión repita o retroalimente el problema original.

[1] Understanding Pena Nieto Approach to the Cartels | Stratfor

[2] Exhibe Wikileaks pagos extraordinarios de Enrique Peña Nieto a Televisa | Ahuizote

[3] Normalistas destrozan oficinas del PRI en Morelia | El Universal

Foto de portada: Marcha por Ayotzinapa. Vía Jazbeck Flickr.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro