Carolina Galloso
El escándalo en torno a la causa Ciccone continúa llenando las portadas de los principales medios de comunicación de Argentina y el mundo. A principios del mes el Juez Federal Ariel Lijo –a cargo de la causa– citó al Vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, a que se presente a prestar declaraciones.
El controversial hecho se presenta en una coyuntura muy especial, dado que tan sólo unos días después la defensa del mandatario solicitó la nulidad del llamado a citación indagatoria, previsto para el 15 de julio. En un documento considerablemente extenso, los letrados expusieron su crítica a la resolución del Juez, y exigieron modificaciones a la disposición judicial.
Sin embargo, Boudou rápidamente se manifestó sobre el hacer de sus abogados, en un dialogo que mantuvo con la radio argentina Del Plata: “Los que pidieron la nulidad son los abogados, yo estoy para ir a declarar lo más rápido posible”.
Ante la situación, el Juez decidió adelantar la fecha prevista, del 15 de julio al lunes 9 de junio. Ese día, tras una extensa jornada en los tribunales de la localidad de Comodoro, Py- Boudou declaró. Luego de una larga exposición, el mandatario respondió varias preguntas efectuadas tanto por el Fiscal Di Lello como por el Juez Lijo. Además, realizó varias demandas, entre las cuales se encuentran pericias caligráficas (de firmas en documentos clave); medidas de prueba sobre la financiación para la compra de la imprenta, e incluso la petición de un nuevo encuentro para extenderse en sus declaraciones.
Cabe recordar que la citación indagatoria –la cual tuvo dos cuartos intermedios, duró mas de 9 horas y se llevó a cabo en el despacho del magistrado Lijo– sienta un triste precedente en la historia argentina: Boudou es el primer Vicepresidente en funciones que se somete a un proceso con estas características.
Sobre la Causa Ciccone:
Hacia julio del año 2010, la Hacienda argentina solicitó la quiebra de la imprenta más importante y poderosa del país, Ciccone Calcográfica. No obstante, pocos meses después se retractó y exigió levantar la quiebra. Esto ocurrió porque una sociedad –conocida bajo el nombre de “The Old Fund”– se hizo cargo de las deudas de la controvertida imprenta, y desembolsó una fortuna para salvarla.
El escándalo radica en que el entonces Ministro de Economía, Amado Boudou habría adquirido (junto con otros socios) la imprenta Ciccone. De un momento a otro, la empresa se benefició considerablemente con una moratoria especial, que permitió la refinanciación de su deuda y la potencialidad de nuestros contratos. Concretamente, las acusaciones estriban en que el mandatario habría intervenido en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para levantar la quiebra, y que luego habría llevado adelante negocios con el Estado.
Frente a la gravedad que la situación amerita, durante los últimos años se ha promovido la posibilidad de emprender un juicio político. Esta iniciativa –fomentada y organizada por algunos los representantes más importantes de la oposición al gobierno kirchnerista– se materializó en la denuncia introducida por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten a principios del año 2012. A partir de ese momento en adelante, el caso adquirió mayor vigor y popularidad, los cuales se intensificaron gracias a las declaraciones de la ex esposa de Alejandro Vandenbroele (supuesto director de The Old Fund, acusado de ser testaferro de Boudou), quien vinculó de forma directa a éste con el actual Vicepresidente.
Cabe destacar que la causa –que actualmente tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4– cuenta con un elevado grado de aceptación social. A este respecto, cabe mencionar que –según los datos que se desprenden de un sondeo de Enrique Zuleta Puceiro– para un 43% el vicepresidente argentino es culpable de los delitos que se le imputan; un 20% considera que es inocente y cerca del 26% prefiera esperar a la resolución de la Justicia.
¿Cuáles son las acusaciones?
Boudou se encuentra imputado de negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Se lo acusa de haber adquirido la imprenta de la familia Ciccone, para poder realizar jugosos negocios con el Estado y obtener considerables ganancias.
El sistema argentino está dotado de una serie de normativas y disposiciones específicas respecto a delitos de los que es acusado Boudou. En la legislación argentina, el delito de negociaciones incompatibles con la función pública tiene una pena de hasta 6 años de prisión, y una inhabilitación absoluta de 3 a 10 años. El tráfico de influencias tiene una pena de prisión de seis meses a un año, contempla una multa del doble del beneficio perseguido u obtenido, e indica una inhabilitación especial para el empleo público por entre tres a seis años. Por otro lado, el delito de enriquecimiento ilícito tiene una pena de reclusión o prisión de dos a seis años, una multa del 50% del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua.
Los obstáculos de la causa
Sin desprecio de lo anterior, en la práctica el normal desarrollo del proceso judicial encuentra múltiples impedimentos: apoyo gubernamental, la mayoría oficial en ambas cámaras, falta de pruebas fehacientes, y la lentitud burocrática tan característica de la justicia argentina.
Por otro lado, resulta preciso plantear el interrogante de si la propia investidura de Vicepresidente implica una absoluta inmunidad. De acuerdo con la Constitución Nacional Argentina, su cargo goza de la prerrogativa de juicio político, una garantía que, de acuerdo con lo establecido en la ley de fueros 25.320, lo protege de ser detenido. Sin embargo, lo anterior no impide bajo ningún punto de vista la indagación.
Sin lugar a dudas, puede creerse que –más allá de su procesamiento o no– el mayor perjuicio lo sufre su imagen pública. El discurso agresivo, la falta de autocrítica y la escasez cada vez más evidente de amigos en el gobierno son ineludibles puntos de inflexión.
Reflexiones finales
Podría inferirse que la causa Ciccone ha trascendido a Boudou. El Vicepresidente ya no resulta tan relevante como la estela que ha dejado atrás. Los alcances del poder corporativo, el lobby, los abusos de prerrogativas y la corrupción vuelven a estar sobre la mesa y plantean una vez más el debate sobre las debilidades de la estructura política argentina.
Resulta evidente reconocer la comprometida situación en la que se encuentra Boudou. Sin embargo, las repercusiones del caso Ciccone –tanto para su persona, como para el gobierno como unidad– , todavía no pueden medirse de forma concreta. Solo resta esperar y ver.
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