Dominicanos discriminados por su ascendencia haitiana

Incluso durante el tiempo muerto, cuando se acababa la zafra  y los congó regresaban a Haití, el aire que se aspiraba en el batey era meloso y embriagador, como la transpiración de una caña añeja. Ana María recuerda que ella y sus hermanos correteaban por los rieles y se perdían entre los cañaverales, evitando el contacto con las ardientes hojas del fogaraté. Olía a  guarapo, a melaza, a caña seca. Todos los aromas dulzones posibles impregnan el recuerdo de su infancia en un universo de sol volcánico y caña de azúcar.

Yermena y José se conocieron en los cañaverales del Ingenio Quisqueya. Ambos son haitianos y emigrantes afincados desde los años 70 en San Pedro de Macorís, al Sureste de la República Dominicana. José trabajaba en los campos de caña y Yermena se dedicaba a la venta ambulante de ropa y, eventualmente, al cultivo de caña. Ana María es la tercera de sus hijos. Cuando llegó al mundo, en 1986, José, que cuando se trataba de gestiones legales era muy prudente, se dirigió al Registro Civil para inscribir a su hija. Presentó su carnet de jornalero y regresó a casa con un acta de nacimiento que daba fe de que la niña Ana María había nacido, de que tenía madre y padre, de que pertenecía a una comunidad, de que era dominicana.

Ana María finalizó sus estudios secundarios y quiso ingresar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como cualquier joven que se inicia en estos trámites, se dirigió a la oficialía correspondiente y solicitó un acta de nacimiento certificada.

“Siempre me he sentido dominicana. Reconozco y respeto mis raíces haitianas pero amo mi país igual que amo mis orígenes. Nunca me sentí fuera de la sociedad. Hasta ese día, no me había sentido tan humillada. Me dijeron que no podían darme el documento porque en el libro del Registro Civil dice que mis padres son haitianos. Yo quise saber el porqué, ya era mayor de edad, había completado la educación primaria y secundaria, mis padres nunca tuvieron problemas para inscribirme en la escuela. Tenía cédula de identidad y pasaporte, había ejercido mi derecho al voto, hasta había viajado a Brasil. No entendía qué problema había”

La respuesta del oficial civil se desplomó sobre Ana María con el peso aplastante de una gran losa: “Nosotros no somos culpables de que tus padres sean haitianos”.

“Para mí no es motivo de culpa ser hija de haitianos, yo me siento muy orgullosa de mis padres”, respondió Ana María a la oficial.

Era el año 2007. Pudo haber sido cualquier otro  día, pero fue un lunes y fue, precisamente, un 10 de diciembre, el día de los Derechos Humanos. Con la finalidad de depurar el Registro Civil de errores, omisiones o fraudes, el pleno de jueces de la Junta Central Electoral de la República Dominicana dio a conocer la Resolución no.12, un procedimiento que “suspende provisionalmente la expedición de Actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su expedición”. A partir de ese momento, miles de  dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana se convirtieron en ciudadanos de ninguna parte.

Durante muchos años la inmigración haitiana en República Dominicana estuvo estrechamente ligada a la industria azucarera. A principios del año 1952, los gobiernos de República Dominicana y Haití firmaron un acuerdo para regularizar la inmigración masiva y temporal de  jornaleros haitianos que trabajaban en la cosecha de la caña de azúcar. El gobierno dominicano determinaba la cantidad aproximada de jornaleros que necesitaba para la zafra —tiempo que dura la cosecha de caña— y las autoridades haitianas ponían en marcha un sistema de selección ejecutado por buscones que reclutaban campesinos para el trabajo en los campos cañeros. Cuando los jornaleros llegaban a territorio dominicano eran traslados en camiones custodiados por oficiales del ejército y conducidos en grupos hasta las plantaciones de los diferentes ingenios estatales y privados. La mano de obra haitiana se convirtió en un valor imprescindible para la pujante industria azucarera dominicana que, con la caída del dictador haitiano Jean Claude Duvalier y la consecuente inestabilidad política del país antillano, dejó atrás sus años de bonanza.

Entre zafra y zafra empezaron a formarse familias en los bateyes —comunidades aledañas a los ingenios— y nacieron niños y niñas que, con el beneplácito del Estado, fueron inscritos en las oficialías como dominicanos y dominicanas. Muchos de estos niños alcanzaron la edad adulta teniendo a sus padres como única referencia y vínculo con Haití; la mayoría de ellos ni siquiera conoce el país vecino.

En relación a los hijos de extranjeros, la Junta Central Electoral (JCE) manifestó que acoge lo establecido por la Constitución en su artículo 11 (vigente hasta el 26 de enero del 2010): “Son dominicanos: todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él.”

La JCE desmiente que la Resolución no.12 tenga matices discriminatorios y para respaldar su argumento señala que la excepción contemplada en el artículo 11 también incluye a los hijos de extranjeros que ejercen funciones diplomáticas. Sin embargo, los obreros haitianos que prestaban sus servicios en los campos cañeros no encajan en ninguno de estos dos grupos: no eran diplomáticos y no estaban oficialmente en tránsito. Los jornaleros recibían un carnet de Permiso de Permanencia Temporal que los diferenciaba de los extranjeros en tránsito y que les permitía realizar todo tipo de actos civiles. Hasta el 16 de agosto del 2004 se consideraba que un extranjero estaba en tránsito cuando permanecía en suelo dominicano por un periodo inferior a los 10 días, mientras que la temporada de zafra tenía una duración aproximada de 6 meses. Muchos jornaleros se establecieron en los bateyes junto a sus familias y no regresaron a Haití. Estas comunidades fueron creadas por los empleadores con el consentimiento de los propietarios de los ingenios, que de este modo se ahorraban los gastos que generaba el retorno de los trabadores a su país de origen.

Son dominicanos, así lo reconoció el Estado de su país, pero no pueden acceder a las escuelas ni a las universidades. No les entregan sus cédulas de identidad ni sus pasaportes. No pueden adquirir propiedades, contraer matrimonio ni abrir cuentas en el banco, y no pueden declarar a sus hijos que, inevitablemente, arrastran la incertidumbre y las secuelas emocionales que genera en sus padres esta situación.

Una de las consecuencias de esta medida es el sentimiento de auto-odio. Muchas personas perjudicadas experimentan rechazo hacia su propia identidad y sienten que sus orígenes son un lastre que los condena de por vida a la mala suerte. Como en el caso de Ana María, el sentimiento de culpa es recurrente en los padres de jóvenes afectados por esta resolución. “Mi mamá se siente culpable. Ella me pregunta: ¿Qué he hecho mal? ¿Será porque no sé leer? Yo trato de explicarle que ellos no hicieron nada para provocar esta injusticia. Ellos vinieron a trabajar y a servir durante muchos años porque lo requería el Estado, porque los necesitaban. Si nuestros padres estaban en tránsito y era ilegal que declararan a sus hijos como dominicanos, ¿cómo es posible que por más de 40 años el Estado lo consintiera? Ahora nos quieren matar dejándonos vivos.”

Ana María sigue sin entender la lógica de la Resolución no.12, se siente discriminada, y asegura que los empleados de algunas oficialías utilizan un código para referirse a los hijos de haitianos: HH (hijo de haitiano). “Si eres un HH y vas a una oficialía para solicitar cualquier tipo de documentación te pueden pedir desde  fotografías familiares hasta el acta de nacimiento de tu abuela. Eso no se lo piden a nadie más. La cuestión es complicarnos la vida. Los oficiales del estado civil dominicano tienen estrictas órdenes de la JCE de no expedir actas de nacimiento a personas con apellidos haitianos. Dicen que no discriminan pero se fijan en la forma de tu boca, en tu pelo, en el color de tu piel. Si esto no es discriminación, ¿qué es?”.

“El día que me negaron mi acta de nacimiento me sentí frustrada. A pesar de ser hija de haitianos, de ser negra y de haber crecido en un batey, nunca me había sentido discriminada en mi país. Nunca nadie hizo alusión a mi origen como motivo de culpa, ni siquiera en la escuela padecí la crueldad de los niños; quizás porque en el batey todos éramos iguales, era mi ambiente. Lo que no me habían dicho nunca antes me lo decía una oficial del estado. Salí llorando de esa oficina. Estaba destrozada. Mi intención inmediata era entrar en la universidad pero ni siquiera me dijeron cuánto tiempo estarían investigando mi caso.”

Durante la campaña electoral, el actual presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, expresó su preocupación por este problema y dijo que había que encontrar una solución. Después de su ascensión al poder no ha vuelto a pronunciarse al respecto. En declaraciones ofrecidas a la prensa, el presidente de la JCE, Roberto Rosario, advirtió que “no regalará la ciudadanía a persona alguna que no cumpla los requisitos constitucionales para obtenerla, ni cederá ante ningún tipo de ataque de sectores amparados en una supuesta defensa de los derechos humanos”.

La Resolución no.12 ha perjudicado notablemente la imagen de la República Dominicana a nivel internacional. Argumentando que había presentado respuestas de suficiente fundamento y base jurídica, El Estado dominicano solicitó este año a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no convocar más audiencias para abordar el tema de la nacionalidad.

Ana María no está dispuesta a resignarse, actualmente se desempeña como vocera de El Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación (Reconoci.do) y se mantiene firme en la lucha por sus derechos y los de miles de jóvenes que comparten su condición de indignada. Reconoci.do empezó como una campaña centrada en el desarrollo de actividades que demandan la erradicación de las medidas discriminatorias de la Resolución no.12. En la actualidad, el movimiento realiza acciones pacificas el día 12 de cada mes y cuenta con el apoyo de varias entidades sociales y religiosas que luchan contra lo que califican de “genocidio civil”.

El 12 de febrero del 2013, decenas de dominicanos de ascendencia haitiana caminaron por las calles de Santo Domingo cargando pequeñas cruces de madera. Cada cruz representaba el malestar común que los arropa desde que sus historias personales quedaron atrapadas por tiempo indefinido en un tortuoso limbo, en la incertidumbre de no saber qué pasará con sus vidas ahora que no son ni de aquí, ni de allá.

Últimas noticias sobre este caso:

El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana acaba de emitir una sentencia con la que pretende despojar de la nacionalidad a miles de personas. La sentencia TC/0168/13, emitida el 25 de Septiembre, se aplicará de forma inmediata y una de sus implicaciones será la elaboración de una lista que incluirá a todos los hijos de extranjeros considerados en tránsito, nacidos en suelo dominicano a partir de 1929 y hasta la fecha actual. El plazo fijado para el inicio de este proceso es de diez días y un año (prorrogable) para la elaboración de un nuevo listado de ciudadanos que en lo adelante serán considerados extranjeros.

La sentencia del Tribunal Constitucional afecta a más de tres generaciones de dominicanos, que serán despojados del derecho adquirido de la nacionalidad  sin causa comprobada, e incurre en la violación de varios principios constitucionales, entre ellos: los derechos del niño a la identidad y a la nacionalidad, el principio de irretroactividad de la ley, el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el principio de igualdad.

Algunos organismos internacionales ya han mostrado su rechazo ante esta sentencia. Líderes comunitarios de Washington y Puerto Rico extendieron una invitación a la diáspora dominicana para participar en manifestaciones de repudio ante la sentencia TC/0168/13. El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, Lorenzo Jiménez de Luis, declaró que la organización está ejecutando una investigación exhaustiva sobre la privación de documentación a personas que, habiendo tenido nacionalidad dominicana, han sido despojados de la misma, y añadió que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional también será investigada.

Con el propósito de que “los Poderes del Estado dominicano suspendan la política de desnacionalización de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana”, El Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación (Reconoci.do), persiste en su lucha y solicita a la comunidad nacional e internacional que apoyen una nueva petición de firmas dirigida al Jefe del Estado y al Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

Fotografías del artículo: Reconoci.do

Artículo reproducido con permiso, publicado originalmente en Periodismo Humano

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