Las minas anti-persona (MAP) y su impacto al desarrollo

“Las minas antipersonas constituyen uno de los instrumentos bélicos de mayor perversidad, porque no sólo están dirigidas a los combatientes, sino que son un ataque permanente e indiscriminado contra todos los seres humanos. […] Miles de niños, mujeres y ancianos, totalmente ajenos al conflicto que se desarrolla en su entorno, han sido víctimas de estos dispositivos mortíferos”, Federico Mayor Zaragoza, ex-director general de la UNESCO.

Las minas antipersona (MAP) son artefactos explosivos diseñados para herir, mutilar o matar indiscriminadamente a cualquiera que se acerque y active el mecanismo detonador, ya sean soldados, civiles o profesionales que se dedican a su limpieza y eliminación. Una estimación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que alrededor del 71% de las víctimas son civiles, y de estos un 32% son niños. A parte de las heridas más directas en pies y piernas, la explosión de una mina puede provocar ceguera, quemaduras, amputaciones y muerte por pérdida masiva de sangre y otras complicaciones.

Las MAP son un tipo de arma eficaz y barata, lo que hace que su uso sea extremadamente popular entre todos los grupos activos en un conflicto. El coste de producción de las MAP es muy bajo, de entre 3 y 30 dólares. Se colocan fácilmente, en un par de segundos e incluso desde el aire. Una vez pre-activadas y enterradas son difíciles de observar y desactivar. Pocas veces se hace constar (o se oculta a propósito) el lugar exacto donde se instalan. Además, a lo largo del tiempo pueden cambiar de lugar debido al movimiento de las tierras por causas naturales, como la lluvia. Todo ello hace que su desmantelamiento sea una tarea difícil, peligrosa y costosa. El desminado de cada unidad cuesta entre 300 y 1.000 dólares, y conlleva un alto riesgo para la vida del profesional que asume la tarea de desactivarlas.

Hoy en día se calcula que hay unos 110 millones de minas antipersona por todo el mundo, y que cada año se suman unos 2 millones más. Los principales países afectados son países pobres, en conflicto o en recuperación post-conflicto, por lo que los efectos perniciosos sobre su desarrollo son todavía más terribles. Actualmente hay minas en 68 países, principalmente africanos, pero también en Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Camboya e Irak, entre otros. Cada año se suman más países, como ahora  Libia y Malí.

Hay que tener en cuenta que limpiar los 110 millones de minas costaría aproximadamente unos 50.000 millones de dólares, según estimaciones de la ONU. Pero no limpiarlas puede ser mucho más costoso, ya que sigue siendo una grave y constante amenaza a la población.

Impacto directo de las MAP: el más violento

Las MAP producen graves consecuencias directas a la seguridad humana – matando, mutilando e hiriendo a las víctimas. El primer efecto se produce con la necesidad inmediata de tratar a las víctimas que han sufrido la explosión de una mina. Para ello deben poder acceder a tratamientos hospitalarios y a otros recursos para el tratamiento, como las prótesis. Éstos son necesarios para asegurar que la persona podrá volver a su vida útil.

A estos problemas hay que sumar que una gran parte de las victimas sufre graves secuelas mentales (síndrome del estrés post-traumático, ansiedad extrema, etc.). Las dificultades persisten para las personas a la hora de encontrar un trabajo y llevar a cabo una vida diaria normal, ya que existen muchas barreras al movimiento y a la integración social. En comunidades donde se registran altos porcentajes de afectados se requieren modificaciones masivas de los accesos públicos, calles y edificios, así como ayudas monetarias y subsidios, junto con campañas de sensibilización entre la población. También es necesaria una labor de prevención consistente en educación para que, sobre todo los niños, no toquen las minas que algunos países llegan a fabricar a propósito en forma de ositos, estrellas o similar.

Todo ello significa una inversión y coste demasiado alto para muchas familias y comunidades con afectados por MAP. Supone, en muchas ocasiones, redirigir los fondos previstos para otros ámbitos familiares y sociales –alimentación, educación, sanidad, etc. Muchas familias se quedan en la ruina o se endeudan para poder pagar el tratamiento, mientras que en los países se crean fuertes dependencias a la ayuda humanitaria y la asistencia externa.

Freno al desarrollo a medio y largo plazo

Estos artefactos, o “armas de destrucción masiva a cámara lenta”, tienen un impacto también indirecto que perdura y se extiende mucho más allá de las zonas con presencia de MAP, tanto a nivel social y económico como medioambiental.

Las minas se encuentran en las afueras de las ciudades, en carreteras, caminos, campos arados, bosques, desiertos, alrededor de casas y escuelas; dificultando la adaptación de la infraestructura básica necesaria para el desarrollo de las comunidades. Las tierras fértiles minadas se convierten en una trampa mortal[1]. Los refugiados y desplazados no pueden volver. Pero no es sólo el no poder arar la tierra, o sacar a pastar a los animales, es muchas veces no poder acceder a los pozos de agua potable, a la ayuda humanitaria, a los recursos necesarios para la reconstrucción, la imposibilidad de expandir las infraestructuras viales, el endeudamiento, los efectos negativos en las relaciones personales y familiares. Y esto durante décadas.

Como se recoge en el informe del Observatorio Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona y Bombas de Racimo, “los ciudadanos […] saben que caminan sobre áreas minadas, pero no tienen posibilidad de cultivar otras tierras, o tomar otros caminos para ir a la escuela. Cuando la tierra no se puede cultivar, cuando los recursos para la salud se agotan por los costes de atender a los heridos de ERW[2], cuando los países tienen que gastar dinero limpiando de minas en vez de pagar por la educación, está claro que estas armas no solo causan un doloroso sufrimiento humano, también son una barrera letal al desarrollo y la reconstrucción post-conflicto”. Las minas construyen verdaderas cárceles en las que morir de hambre o de una explosión.

En consecuencia, la población se arriesga volviendo o decide reconstruir su vida en las ciudades o regiones con menos riesgo, extendiendo el problema y la sobrecarga al sistema comunitario más allá de la zona minada. En la mayoría de los casos los grupos desplazados gozan de pocas o ninguna oportunidad de mejora de calidad de vida. En gran parte los órganos públicos se ven sobrepasados o carecen de competencias para desarrollar políticas apropiadas, lo que contribuye a la marginalización de estos grupos dentro de la sociedad y repercute negativamente a las perspectivas del desarrollo del país en su totalidad.

Una preocupación global

El Tratado para la Prohibición del Uso, Acumulación de Stocks, Producción y Transferencia de Minas Antipersona y de su Destrucción, o Tratado de Ottawa, de 1997, es la base legal con la que se intenta acabar con el uso de estas armas en el plano gubernamental. Ciento sesenta países lo han firmado ya, pero llama la atención que ni China, la India, Israel, Rusia, EEUU ni 31 países más se hayan adherido. Esto se debe a que muchos de ellos son los mismos países que fabrican o mantienen stocks de este tipo de armas[3]. Otras iniciativas para su desaparición son la Convención en Ciertas Armas Convencionales (ONU, 1980) o la Geneva Call de 1998. Esta última se dirige a los actores no-institucionales, como guerrillas o grupos de liberación, ya que el Tratado de Ottawa solo apela a los Estados.

Sin embargo, la acción internacional se topa con el problema de la falta de información sobre la producción y comercio de las MAP. Los esfuerzos por limpiar y acabar con los stocks de minas no sirven de mucho si los países fabricantes se niegan a colaborar alegando legitimidad para su uso. Así mismo, el negocio de distribución ilícita de las MAP representa una importante parte del tráfico de armas. Se estima que un mínimo de 90% de las minas usadas no son producidas en los países donde se implantan, existiendo pocos registros sobre su verdadero origen. Los esfuerzos de prohibición del uso de MAP siguen dirigiéndose contra un enemigo fantasma que necesita de mayor compromiso y voluntad política para remover un doloroso obstáculo al desarrollo global.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro