El último estudio publicado por el American Journal of Public Health (AJPH) en 2011 señala la cifra de 2.000.000 de mujeres violadas en la República Democrática del Congo (RDC) en los últimos años. Lejos de observar una mejora de la situación, solamente en el último año se registraron 433.785 casos de mujeres y niñas violadas, lo que se traduce en una violación por cada minuto. El problema se extiende más allá del este del país, la zona de mayor conflicto, con altos niveles de violencia sexual ocurriendo también en la capital y en otras provincias de la geografía nacional.
Pensemos en que estas abominables cifras (¡una violación por minuto!) están subestimadas puesto que sólo contemplan las mujeres en edad reproductiva, entre 15 y 49 años. La estadística propuesta no hace referencia al grupo de las niñas menores de 15 años y mujeres más mayores, que con frecuencia se convierten en víctimas de violencia sexual, ni tampoco a los hombres y niños, una modalidad de este tipo de violencia que va en aumento. Quedan fuera de la estadística también tantos casos silenciados por la vergüenza y por el miedo a las consecuentes estigmatizaciones, represalias por parte de los perpetradores y/o el abandono en el entorno familiar o social.
Un significante número de violaciones (el estudio del AJPH señala el 22% de las encuestadas) se produce dentro de casa, por el marido u otro miembro familiar. La mayor parte del porcentaje restante se atribuye al uso de violaciones como un arma de guerra, utilizada por los soldados gubernamentales y los demás grupos armados.
El altísimo porcentaje de violaciones sexuales en la RDC, además de constituir un grave atentado a los derechos humanos de la población, tiene un impacto directo en varios aspectos del desarrollo del país. Por un lado tiene grandes repercusiones sobre la salud de las víctimas, tanto física como mental, además de contribuir seriamente al contagio de las enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Por otro lado, el impacto en la cohesión social y comunitaria es enorme, mermando las capacidades de las personas y aumentando su vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad y el miedo debido a la amenaza constante dan lugar a numerosos desplazamientos de población, consecuentemente dificultando el desarrollo socioeconómico del país.
Supuesta política de tolerancia cero frente a las violaciones
A pesar de que el 5 de julio del 2009 el presidente Kabila anunció una política nacional de tolerancia cero frente a las violaciones de derechos humanos, incluyendo los actos de violencia sexual cometidos por las fuerzas armadas, las violaciones siguen aumentando en cifras alarmantes. A la hora de llevar a cabo la dicha política, el Estado congoleño es débil, sin presencia en muchas áreas del país y priorizando sus intereses en otras direcciones.
Los acuerdos de paz de la RDC, firmados en 2002 y 2008 no lograron acabar con la violencia. Los combates no han cesado, ni tampoco las violaciones, a pesar de los compromisos políticos y jurídicos del país. La RDC ha ratificado textos internacionales de protección de derechos humanos tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Carta Africana de Derechos humano y de los Pueblos de 1981, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976. Como firmante de estos Convenios, el Estado está obligado a respetar los derechos incluidos, tanto como ejercer las diligencias necesarias para prevenir y reprimir las violaciones de los mismos cometidas por sus propias fuerzas de seguridad y otros actores.
A nivel nacional el Derecho Penal congoleño castiga la violación, las lesiones, el robo y el secuestro. En algunos casos el Auditor Militar congoleño ha abierto una información judicial y se ha dado una ligera mejora en la persecución de las violencias sexuales u otros crímenes; llegando a juzgar a algunos miembros de las fuerzas armadas, normalmente de bajo mando. La apertura del proceso contra el general Jérôme Kakwaru por crímenes de guerra, violaciones y torturas, frente la Alta Corte Militar de Kinshasa el pasado 25 marzo 2011, le convierte en el primer General en la historia de la RDC a ser juzgado por violación.
La impunidad a la orden del día
Teniendo en cuenta que la gran parte de los casos no se denuncian, y de los que sí se denuncian sólo el 10% llega a ser procesado por el sistema judicial, el resultado es que la mayoría de las violaciones perpetradas en la RDC quedan impunes.
La impunidad está a la orden del día en la RDC. Las violaciones sexuales, los saqueos, las torturas, raptos y extorsiones están a precio de saldo, señoras y señores. Salen completamente gratis. Hay impunidad de todos los tipos: local, nacional e internacional. Se incumple el derecho nacional, el internacional, y además el derecho internacional humanitario.
La Corte Penal Internacional ha investigado y llevado ante el juez a varios casos de investigación en la RDC, señalando a los responsables de crímenes de guerra, incluyendo en gran parte el uso de violación como arma de guerra. En este ámbito destaca el caso contra Callixte Mbarushimana (Secretario Ejecutivo del FDLR[1]). Según Human Rights Watch, esta organización es responsable de más de 700 asesinatos, cerca de 300 violaciones y la destrucción de más de 7000 casas en la RDC. El caso sigue abierto y Mbarushimana está detenido en La Haya.
Por su parte, el gobierno de la RDC ha inculpado a Ntabo Ntaberi Sheka (líder del grupo rebelde de los Mai Mai) por crímenes contra la humanidad debido a las violaciones sexuales masivas de al menos 387 mujeres, hombres, niños y niñas ordenadas en 2010 a su grupo. A pesar de contar con una orden de detención Sheka se ha presentado candidato a la Asamblea Nacional en las últimas elecciones de 2011.
Para las más serias violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario entre marzo de 1993 y junio del 2003 (antes de la entrada en vigor de la CPI) el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la RDC ha realizado un borrador de creación de una Corte Especial compuesta por jueces nacionales e internacionales. La propuesta, apoyada fuertemente por la sociedad civil congoleña, fue enviada por el Senado al Parlamento para revisión, sin que se le haya dado todavía salida.
La impunidad imperante incentiva la perpetración e incluso el aumento de las violaciones y otros crímenes, aumentando cada vez más la vulnerabilidad de la población.
La RDC en el contexto internacional
La violencia que soporta la población congoleña, sobre todo las mujeres, esconde una multitud de intereses nacionales e internacionales que alimentan la impunidad. Dentro de éstos destacan las riquezas minerales que tiene el país, sobre todo en la zona del este, siendo la tercera reserva mundial de cobalto y diamantes. La RDC así mismo cuenta con una gran cantidad de oro y cobre, y con el 70 % de la reserva mundial de coltán, utilizado para fabricar nuestros móviles de última generación y otros aparatos electrónicos. Tampoco se quedan atrás los intereses políticos, con el FDLR preparándose para regresar al poder en Ruanda, un poder perdido durante el genocidio ruandés de 1994.
Quedan grandes esfuerzos por hacer para superar las barreras de la impunidad en la RDC. Para ello es necesario un trabajo conjunto y determinante de todos los actores presentes en la zona, y de la comunidad internacional en general.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha renovado el mandato de la MONUSCO, que debe seguir haciendo esfuerzos en sus operaciones conjuntas con grupos armados para reforzar el respeto de éstas a los derechos humanos y mejorar su sistema de identificación de batallones para así poder luchar contra la impunidad actual. En este sentido el Enviado especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias pidió en 2009 que el uniforme militar lleve el nombre del individuo y la unidad a la que pertenece, pero aún no se han establecido soluciones para ello.
La comunidad internacional tiene un peso significativo en la lucha contra la impunidad de un país con tantos intereses estratégicos como lo es la RDC. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama ha anunciado recientemente la retención de 1,3 millones de dólares de financiación militar hasta que el estado congoleño tome medidas concretas para poner fin a la utilización de los niños y niñas soldados. Medidas similares podrían tomarse por otros estados implicados en las industrias extractivas y la financiación militar para luchar contra la impunidad de las violaciones.
Devolver la paz y la dignidad
Es necesaria una fuerte implicación de las estructuras nacionales de la RDC para que las violaciones sexuales y otras violaciones de derechos humanos, así como su impunidad, disminuyan. Esta implicación debería contar con el compromiso de los países vecinos de la RDC y de la comunidad internacional para conseguir que los crímenes diarios cometidos en la RDC no queden silenciados y olvidados en alarmantes informes, sino que se vaya devolviendo poco a poco la paz y la dignidad a la sociedad de este estratégico país en el centro del continente africano, abriendo así paso al desarrollo de una sociedad libre de amenaza en cada minuto.
Foto de portada: Pete Muller / AP.
Ésta es una explicación sin ánimo de lucro
[1] De sus siglas en francés “Forces Democrátiques de Libération du Rwanda”, Fuerzas democráticas de liberación de Ruanda
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