Reflexiones sociales sobre el “Impuesto de los ricos”

Desde mediados del mes de agosto de este mismo año, se empezaron oír ecos de una nueva medida para poner frenos a la crisis económica que estamos atravesando; el impuesto destinado a los más ricos.

Esta nueva medida no proviene, en un principio, de los programas políticos de ningún gobierno, sino más bien de las clases altas o el “Club de la Riqueza” alemana, como se hacen llamar. Ésta es una continuación de una medida previa, en el año 2009. Ya en dicho año, veintitrés “acaudalados” germanos escribieron y publicaron un manifiesto en el que solicitaban a su gobierno que fueran “premiados” con un impuesto especial. Este premio iría dirigido a todos aquellos, cualesquiera, con más de 500.000 euros en su haber, siendo un impuesto entre el 5% y el 10% . La duración de este impuesto, escribía el “Club de la Riqueza”, será limitado hasta lograr el equilibrio presupuestario de las finanzas estatales. En la actualidad el “Club de la Riqueza” lo integran cincuenta alemanes, que a diferencia de las iniciativas de sus colegas franceses o estadounidenses (dotados de grandes fortunas), los germanos, pertenecen a la clase media acomodada. De entre ellos se puede destacar al psiquiatra berlinés y portavoz de la medida Dieter Lehmkuhl, y el Instituto Alemán de Investigación Económica DIW. La medida del impuesto de patrimonio, demandada por el “Club  de la Riqueza”, es una medida que ha cogido por sorpresa al gobierno de Ángela Merkel, ya que las reformas fiscales realizadas durante su mandato han sido en beneficio de aquellos que tienen mayores ingresos.

¿En qué consiste el manifiesto del “Club de la Riqueza”? Lo que piden estos “acomodados” alemanes es pagar al fisco alemán un 10% de sus beneficios anuales, siendo éste un porcentaje adicional de los impuestos habituales.

¿Qué finalidad tiene el manifiesto? Se puede decir que quieren aplicar uno de los principios socialistas de la distribución de la riqueza, señalando que lo hacen por estar pasando una mala época, en la cual las deudas públicas de los gobiernos son cuantiosas y sin posibles soluciones. Así, comentan, dicho impuesto solucionaría dicho problema. El “Club de la Riqueza” no pretende ser selecto ni excluyente, sino todo lo contrario. Pretenden que se sumen a su causa todo aquel que pueda aportar parte de su renta para apaliar o frenar la recesión económica.

Un modelo que se replica en otros países

Tras los pasos de los alemanes, se encaminan los de los franceses. El manifiesto está firmado por dieciséis empresarios galos. A diferencia de los alemanes, éstos son  poseedores grandes fortunas y empresarios franceses. Entre ellos, cabe destacar Liliane Bettencourt (h

eredera de L’Oréal), los Consejeros delegados de multinacionales como Danone, Total, Veolia Environnement, Accor, Orange, Volvo, PSA Peugeot Citroën, de Air France-KLM o Sociétè Générale, entre otros. Éstos en su manifiesto proponen y solicitan al gobierno que establezca una “contribución excepcional” a las rentas más elevadas. Su finalidad es el mismo que en el caso germano, contribuir al “esfuerzo solidario” necesario para así preservar el futuro económico de los franceses, ya que como ellos mismos declaran se encuentran “comprometidos” con un modelo francés y un entorno europeo en que viven. Tras la cumbre germano-francesa, el Gobierno francés, ha decretado que gravará con un 3% adicional a quienes perciban más de 500.000 euros al año. Así pues, llevando a cabo dicha medida, dentro del plan de austeridad, el gobierno francés espera ahorrar en torno a 12.000 millones de euros en déficit público entre el año 2011 y 2012.

Son muchos más los países europeos que siguen los pasos de alemanes y franceses en la puesta en marcha de reformas para elevar la presión fiscal de las rentas más altas o impuestos especiales destinados a las grandes fortunas. Entre esos países podemos destacar, Italia, Irlanda y Estados Unidos.

¿Se puede decir que ésta es una noble propuesta, tal como afirmó la experta en economía del New York Times, Catherine Rampell o más bien se puede pensar que esta medida responde a fines de intereses económicos y/o políticos? ¿Se podría pensar que es la forma de manifestación de los poseedores de las grandes fortunas frente a la mala gestión de los gobiernos? Quizás sea una respuesta frente a la amenaza que la poderosa crisis económica aterriza sobre sus negocios, quizás sea la única forma que han encontrado para salvarlos de la quiebra, y hacerse más “normales” y “asequibles” a los ojos de la gente de a pie. Muchos periodistas, economistas expertos, de protocolo, sociólogos, afirman que esta respuesta es un cambio en lo que se refiere a la solidaridad y la capacidad de reacción frente a los problemas económicos actuales, pero realmente ¿se puede hablar de una nueva conciencia social con base en quienes ostentan las grandes fortunas? Algunos hablan de una respuesta global para dar una respuesta global a un problema económico global. Sin embargo, una respuesta tan ecuánime hace preguntarse si existe un pacto entre todos para que de algún modo exista algún tipo de compensación bien económica, bien política.

El caso de España

La respuesta española no se ha hecho esperar, sin embargo, dicha medida no ha venido de la mano de los protagonistas; las grandes fortunas y empresarios, sino desde el propio gobierno. Ha sido el Ejecutivo quien a 16 de Septiembre del presente año, y en vista del declive económico que precede y continúa, ha promulgado el decreto-ley 13/2011 en el cual se restablece el Impuesto de Patrimonio.

¿Qué medidas propone el Gobierno español? En base a la nueva situación económica, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, propone nuevas medidas tributarias para llenar las arcas públicas. Es por ello que tiene un carácter temporal que afectará al ejercicio del 2011 y 2012.

¿A quiénes afecta? A aquéllos que cuyo valor de sus bienes o derechos asciendan a 2.000.000 euros.

¿Qué finalidad tiene? El objetivo de tal medida no discierne de la anhelada por franceses, alemanes y estadounidenses, ya que, según en palabras del propio Ejecutivo, es una medida necesaria de estabilidad económica, con el fin de favorecer la recuperación de la economía y el empleo, utilizando para ello el principio de equidad y redistribución de la riqueza.

En España esta medida, como en Alemania, no es nueva, sino que resurge de la Ley 19/1991 del 6 Junio 1999, y que fue suspendida el 23 de diciembre del 2008 con la Ley 4/2008. En la actualidad la nueva Ley 13/2011 fue  aprobada por el Congreso de Diputados con 176 votos a favor (PSOE, ERC y BNG), y 166 abstenciones. Además, con el impuesto de Patrimonio, aparecen nuevas promesas electorales, ya que con la suma que se recaude, según el señor Rubalcaba, “se crearán 300.000 contratos para jóvenes”, según anuncia el diario El País.

Otro factor innovador de la propuesta española, es que serán las Comunidades Autónomas, quienes decidan y recauden en sus arcas las sumas del impuesto sobre el patrimonio. En tal caso, y según datos del Ejecutivo este impuesto afectará a 160.000 contribuyentes, recaudando en las arcas de las CC.AA. 1.080 millones de euros. (Estos datos han sido calculados en base a la Declaración realizada en el año 2007, último año que se agravó el impuesto).

La revista Forbes, destaca 16 fortunas españolas entre los 1.210 multimillonarios de todo el mundo. La suma de estas fortunas asciende a 63.000 millones de dólares o lo que es lo mismo, 45.300 millones de euros. Sin embargo, ninguno de ellos, se ha presentado ante el Gobierno español para firmar ningún manifiesto, ni se ha puesto en pie para firmarlo. Ante tal pasividad la pregunta es la siguiente, ¿por qué no han tomado la misma decisión que sus “colegas europeos”? En palabras de Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, no es que “nuestros ricos sean menos solidarios,(…), sino que posiblemente tienen más cosas que esconder.” Así pues el profesor Torres, apunta a un problema no de solvencia, sino de mala gestión a la hora de la declarar los bienes y derechos de los españoles ante el fisco. Es por ello, que quienes poseen grandes fortunas afirman no tenerlas, ya que en la gran mayoría esas cuantías de dinero no están  declaradas legalmente, o bien están “invertidas” en paraísos fiscales fuera de España, por lo que las cantidades declaradas distan, y mucho, de las obtenidas en un principio. Con esta medida, quiere parecer que en España, empieza la lucha contra el fraude, aumentando la presión fiscal.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.