La politización del medio ambiente: hacia una economía verde

En junio se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente. Históricamente, la cuestión ambiental ha sido influenciada, de modo continuo y profundo, por la distribución del poder económico mundial, posibilitando la formación de un complejo conjunto de juegos políticos y negociaciones.

¿Por qué algunos países optan por cooperar en la resolución de cuestiones políticas relacionadas con el medio ambiente? En junio de 2012, Brasil será sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Esta reunión marcará el 20º aniversario de la primera “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Según el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en las dos últimas décadas se han producido muchos cambios, tanto geopolíticos como ambientales. “El rápido crecimiento económico ha acarreado costes que casi nunca figuran en las cuentas nacionales. Estos costes van desde la contaminación atmosférica y del agua, hasta la degradación de los recursos pesqueros y forestales, todo lo cual afecta a la prosperidad y el bienestar humano”. El principal objetivo de la Río +20 es estimular la transición hacia una economía verde en el marco del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza, fortaleciendo la gobernanza mundial.

Un breve recorrido histórico

El año 1968 es considerado un marco en el establecimiento de una política ambiental global. En ese momento la UNESCO, en colaboración con la FAO, la IUCN, la OMS y las Naciones Unidas, organizó la Conferencia sobre la Biosfera. Dos años antes, la propia UNESCO había reconocido la biosfera como un objetivo de la política internacional. Antes de 1968 se pueden observar períodos distintos en la formación de la política ambiental caracterizados básicamente por acuerdos bilaterales para evitar la escasez de algunos recursos naturales y la investigación científica de la fauna y flora.

La creciente preocupación por la escasez de los recursos naturales, junto con un despertar crítico en relación a los modelos de producción y consumo adoptado por los países desarrollados llevaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1972, a realizar la Conferencia de Estocolmo. Aunque sufrió los efectos de las tensas relaciones Este-Oeste la Cumbre contó con la participación de 113 países, que fueron signatarios de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente, donde se establecieron los principios para el ecodesarrollo, según el cual el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente no son incompatibles, sino que son interdependientes para un desarrollo eficaz.

En los años 80, el avance de los debates en la formación de una agenda ambiental internacional, se produjo por medio de alianzas formadas entre organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y la comunidad científica. El Informe Brundtland o “Nuestro Futuro Común” (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, sentó las bases del desarrollo sostenible. El término en cuestión hace referencia a un crecimiento económico susceptible de satisfacer necesidades de nuestras sociedades en términos de bienestar, a corto, medio y largo plazo. Por otra parte establece la hipótesis que el desarrollo debe responder a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.

Se formó así el escenario para la realización de la Cumbre para la Tierra. En definitiva, la Conferencia de 1992 (Río 92) impulsó e institucionalizó el tema ambiental como una cuestión de política internacional. Fueron aprobados, por los 178 gobiernos presentes, diversos documentos, destacando especialmente el Programa 21 que definió un plan de acción con metas ambientales y de desarrollo; la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo presentando los derechos y deberes de los Estados, la Declaración de principios sobre los bosques y las Convenciones sobre el Cambio Climático, la Diversidad Biológica y la Desertificación, que en conjunto han cambiado toda la perspectiva ambiental hasta entonces desarrollada.

Las diferentes dimensiones de los resultados obtenidos permitieron la inauguración de la “década de las conferencias,” a través de la cual, a lo largo de los años 90, se discutió en profundidad cada uno de los capítulos del Programa 21, abordando los derechos humanos (Conferencia Viena, 1993); las cuestiones de población y desarrollo (Conferencia de El Cairo, 1994); el desarrollo social (Conferencia de Copenhague, 1995); la Conferencia de Equidad de Género (Beijing, 1995), y la cuestión de los asentamientos humanos (Hábitat II) en la Conferencia en Estambul, 1996.

Este ciclo terminó en 2002 con la realización de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible – Río +10, en Sudáfrica. Aunque criticada por muchos ambientalistas por la diversidad de temas transversales que fueron incorporados en las cuestiones ambientales, la Conferencia sirvió para renovar los compromisos políticos asumidos durante toda una década de discusiones, así como para analizar e identificar los nuevos problemas que no fueron previstos en Río 92.

Los Retos de la Río +20

La transición a una economía verde, de baja emisión de carbono y con el uso eficiente de los recursos naturales, se convirtió en una prioridad central de los esfuerzos internacionales en pro del desarrollo sostenible. En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA preparó el informe Towards a green economy: pathways to suitainable development and poverty eradication. El Informe presenta evidencias de que la elección de una economía verde no inhibe las posibilidades de creación y uso de la riqueza. Al revés, muchos sectores verdes ofrecen oportunidades significativas de inversión, de crecimiento y de empleo. Mientras tanto, la economía verde no es un lujo y tampoco un impedimento para el crecimiento económico. Según el PNUMA la economía verde:

• Reconoce el valor del capital natural y invierte en él;
• Es esencial para la reducción de la pobreza;
• Crea puestos de trabajo y promueve la equidad social;
• Sustituye los combustibles fósiles por energías renovables y tecnologías bajas en carbono;
• Promueve un uso más eficiente de los recursos naturales y la conservación de energía;
• Promueve una vida urbana más sostenible, reduciendo las emisiones de carbono asociadas con el transporte urbano.

El informe del PNUMA también lleva a cabo una simulación de las consecuencias macroeconómicas de una inversión anual adicional, en las próximas décadas, alrededor del 2% del PIB mundial al año para el desarrollo de actividades de baja emisión de carbono en sectores considerados fundamentales para la opción por un modelo económico ambientalmente sostenible. En comparación con el actual modelo, la transición hacia una economía verde podría ayudar a reducir las crisis y promover un aumento en las reservas de los recursos renovables. Por tanto, el Informe afirma que es necesario que los gobiernos adopten directrices que permitan:

• El establecimiento de marcos reguladores sólidos;
• La priorización de la inversión y del gasto público para impulsar la economía verde en todos los sectores económicos;
• La reducción del gasto público en áreas que agotan los recursos naturales;
• El uso de instrumentos fiscales y de mercado para cambiar las preferencias de los consumidores y estimular la inversión verde y la innovación;
• El fortalecimiento de la gobernanza internacional y nacional

Tal y como se puede observar una economía verde puede generar el mismo nivel de crecimiento y empleo teniendo un mejor desempeño, a mediano y largo plazo, y generando beneficios ambientales y sociales significativamente mayores. Por supuesto que muchos son los retos y será necesario un trabajo colaborativo entre gobiernos, empresas y sociedad civil para que los logros sean efectivos. Hay que recordar que la conferencia Río +20 también es la Estocolmo +40, y no hay dudas de que el principal reto sigue siendo conseguir que las decisiones se traduzcan en acciones concretas.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro