27/05/2018 BARCELONA

México archivos - United Explanations

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Eduardo Galeano dijo una vez: “En Argentina las locas de la Plaza de Mayo serán un día un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria". Hoy, México vive una grave crisis humanitaria en materia de desapariciones forzadas. Una crisis que afecta principalmente a las mujeres que, además, son las que se han puesto al frente para combatir el fenómeno. Con esto se ha empezado una batalla social y legal que, desde el plano nacional e internacional, señala al gobierno mexicano.


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Zacatecas es uno de los estados de la república mexicana con mayor tradición minera desde la época colonial, lo que se conocía como economía de enclave colonial debido a la enorme transferencia de riqueza hacia el exterior y por estar desarticulado respecto de la economía local. Actualmente, este Estado ocupa el primer lugar en la producción de plata, zinc y plomo de México, así como el segundo lugar en la producción de oro y cobre, habiéndose convertido en una región con economía de enclave poscolonial donde intervienen redes de capital que se apropian de la riqueza natural de manera acelerada y causando profundas afectaciones ambientales que perjudican la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones del territorio.

En México, la megaminería constituye una actividad económica cuya inversión extranjera directa (IED) captada durante el periodo 1982-2014 sumó USD$23,286.4 millones y USD$30,430.3 millones de inversión nacional directa entre el 2002 y el 2014. Esta derrama económica involucra a los tres hombres más ricos de México: Germán Larrea, presidente de Grupo México; Alberto Bailleres, dueño de Industrias Peñoles, y Carlos Slim, propietario de Minera Frisco. Todo ellos, respaldados por las gestiones de la Cámara Minera de México resultaron los principales beneficiados de las políticas de privatización y reformas estructurales implementadas por el gobierno mexicano en los últimos 34 años.

La siguiente explicación se divide en dos partes. En la primera se aborda quiénes participan en la industria minera para posteriormente analizar las consecuencias ambientales de la megaminería. De las dos partes mencionadas, la relevancia de la primera consiste en clarificar la configuración de capitales financieros, empresas extractivas y capital proveedor, así como las instituciones del gobierno encargadas de impulsar una política del despojo del territorio. Se hace énfasis en el sustento legal que permitió la privatización de los recursos naturales puestos al servicio de la megaminería transnacional y se presentan datos empíricos sobre la superficie del territorio mexicano concesionado.

¿Qué es la megaminería?

Mina Peñasquito, Zacatecas, México [Foto: Alfredo Valadez Rodríguez vía La Jornada].

La megaminería es la forma de explotación a cielo abierto con el objetivo extraer metales preciosos, que involucra elevadas inversiones para emprendimientos de gran escala acaparando así grandes extensiones de tierras. La megaminería utiliza tecnologías modernas como la teledetección satelital y el uso maquinaria pesada con gran capacidad de carga. Esto implica también el desplazamiento de las comunidades en donde se instalan, destruyendo así formas de vida y de reproducción social, así como desvalorizando la fuerza de trabajo. También es considerada la forma más violenta de extracción de minerales en términos de impacto ambiental debido al alto consumo de recursos hídricos, a la contaminación del agua y del suelo como consecuencia del uso de sustancias químicas altamente tóxicas como cianuro, dinamita y mercurio en el proceso de barrenación, extracción, molienda y beneficio de los minerales.

Sin embargo, la pregunta realmente importante es: ¿Qué ha ocurrido con la megaminería en México en el período neoliberal? Para analizar este asunto hay que poner énfasis en cómo se transformó la megaminería a partir de la puesta en marcha del TLCAN.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el impacto en la megaminería

Al reflexionar sobre lo que ha ocurrido con la megaminería en México durante los 34 años que abarcan el periodo neoliberal, en primera instancia resulta necesario enfatizar que nos enfrentamos a un problema de despojo territorial que cobró mayores dimensiones después de la puesta en marcha del TLCAN. Esto va más allá de la apropiación de tierras por empresas transnacionales para la extracción de recursos naturales minerales. Existen otras cuestiones que atañen a los derechos de los trabajadores mineros que, aunque tienen mejores salarios que los que se perciben en otras actividades productivas, su labor profesional implica también una menor esperanza de vida así como otras afectaciones en la calidad de vida en las comunidades mineras.

Durante los años de 1982 al 2016, la megaminería a cielo abierto en México propició la consolidación de la mencionada economía de enclave poscolonial. Simultáneamente comenzaron a generarse afectaciones tanto sociales como ambientales en esos territorios debido al desplazamiento de comunidades, la desvalorización de la fuerza de trabajo, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, o la contaminación del suelo y el agua a partir de la generación de altos volúmenes de residuos sólidos y sustancias tóxicas. Éstas contaminan las fuentes de agua, tanto en minas en operación, como después del cierre de los trabajos de explotación. Todo esto nos permite afirmar que la megaminería que practican las grandes empresas transnacionales no ha traído desarrollo para las comunidades y entidades de la república mexicana donde se lleva a cabo esta actividad extractiva.

Las instituciones que intervienen en respaldo de la industria minera son el gobierno mexicano, articulado con la Embajada Canadiense, el Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá y la Cámara Minera de México. Todas ellas se encuentran amparadas por las reformas al Artículo 27 constitucional que faculta al Estado mexicano para realizar expropiaciones de tierras consideradas de utilidad pública. Además, la Ley Minera, en su Artículo 6, señala que las actividades relacionadas con la megaminería en México son de utilidad pública y serán preferentes sobre cualquier otro uso de las tierras.

Bajo la figura de concesiones mineras por un periodo de 50 años con posibilidad de prórroga por otros 50 años, se ha entregado ya más de la mitad del territorio nacional a empresas transnacionales dedicadas a la megaminería. Esta situación ocurrió en mayor medida a partir de la entrada en vigor del TLCAN. En total durante el período 1993 al 2016 se han concesionado 105.1 millones de hectáreas para la megaminería en México, equivalentes al 53.5 por ciento del territorio nacional (véase gráfica 1).

Gráfica 1. Superficie concesionada a la megaminería en México en el período 1996-2016 (cifras expresadas en millones de hectáreas) [Gráfica: elaboración de Federico Guzmán].

El discurso oficial sólo ofrece grandes datos sobre el contexto que envuelve el sector de la megaminería, como que ésta utiliza tecnología satelital y tiene automatizados sus procesos de exploración y explotación, que México lleva seis años consecutivos, desde 2010, ubicado en el primer lugar mundial de producción de plata, o que en 2013 México se ubicó en el séptimo puesto como productor de oro a nivel mundial y en el octavo en 2014. No obstante, debemos ir al fondo del problema e indagar cómo se distribuye esa riqueza y qué impactos genera en el desarrollo nacional y en las comunidades donde se instalan los megaproyectos mineros.

¿Quién se beneficia de la megaminería?

Actualmente quienes se están beneficiando con la explotación de los minerales preciosos de México se conformaron en una compleja telaraña de capitales privados y servicios gubernamentales (véase figura 1). Para el año 2013, de acuerdo con información del Servicio Geológico Mexicano (2013) y México Mining Review (2013), había 197 megaproyectos mineros en producción, 45 proyectos en desarrollo, 880 en fase de exploración y 67 proyectos suspendidos, dando un total de 1,189 proyectos mineros. De todos ellos, el 68.1% está en manos de transnacionales canadienses, el 12.7% de capital estadounidense, el 11% lo poseen los corporativos mexicanos transnacionales y el 8.2% restante en manos de capitales europeos, asiáticos y australianos, principalmente.

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Figura 1. Configuración del capital rentista de la megaminería. [Figura: elaboración de Federico Guzmán basada en Ritter (2001:26-33), Movimiento M4 (2014), The Silver Institute (2015b) y World Gold Council (2015a).

Un dato más actualizado se obtuvo de los Censos Económicos 2014 del INEGI que reportan 3,032 unidades económicas en la minería en el territorio mexicano. Según el portal de internet Ecoosfera, existen 70 megaproyectos mineros y 25 operan a cielo abierto. Dichos megaproyectos son operados por empresas de origen mexicano como: Grupo México, Fresnillo Plc, Frisco y Peñoles, así como extranjeras: Agnico Eagle Mines, Alamos Gold, Arias Resource Capital Management, Aurico Gold, Candiani Mining Transnational Service, Coeur Mining, Defiance Silver Corp, First Majestic, First Majestic Silver Dia Bras Exploration, Goldcorp, Minera Rio Tinto, Minas de Bacis, Pan American Silver, Timmins Gold y Yamana Gold, solo por citar algunas de las más relevantes.

Este conjunto de empresas, para llevar a cabo la extracción de minerales se conectan con las principales bolsas de valores del mundo, principalmente las de Toronto, Vancouver, Nueva York, Londres y Hong Kong, además de instancias globales como el Consejo Mundial del Oro, el Instituto de la Plata, y una extensa gama de empresas proveedoras de origen mexicano y extranjero, integradas en torno a los Clúster Mineros que operan en las principales entidades federativas con presencia de megaminería, como el caso del Clúster Minero de Sonora y el Clúster Minero de Zacatecas

En conclusión, la enorme riqueza generada por los recursos mineros que posee México no supone ni por asomo una fuente de desarrollo para las comunidades que reciben el impacto de una intervención industrial tan agresiva.

Cuestiones como éste despojo territorial y la profundización de los impactos ambientales que ocasiona el saqueo de los minerales preciosos en México se tratarán en la segunda parte de este artículo, en la que pondremos especial atención al consumo de recursos hídricos y la contaminación por desechos sólidos como las principales afectaciones para las comunidades y territorios donde se practica la minería tóxica.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.


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México está pasando una profunda y grave crisis de derechos humanos. Las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la violencia y la generalización de la impunidad, se han convertido en el pan de cada día para muchas mexicanas y mexicanos. Estos fenómenos de violencia afectan directamente a grupos de poblaciones vulnerables, especialmente a las personas LGBTI.


Nuria Jimenez06/06/2016
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En diciembre de 2015, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió una iniciativa para prevenir y sancionar la tortura. La iniciativa de ley fue aprobada en el Senado el pasado 29 de abril de 2016 con 90 votos a favor y 4 en contra, y ahora ha sido enviada a los diputados para su ratificación. Esta nueva Ley General contra la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes pretende coordinar las acciones de prevención, investigación y sanción, y responsabiliza de estos crímenes a los implicados, aunque estén siguiendo órdenes de un superior.

En relación a este delicado tema, fue de especial relevancia el documento del relator especial de la ONU, quien determinó en febrero de 2015 que la tortura y los malos tratos eran generalizados y que ocurrían en un contexto de impunidad. Estas prácticas vejatorias, en muchos casos, vienen seguidas de la desaparición, según relata el informe. Sobre las mujeres, el texto añade que se incluyen capítulos de violencia sexual. La respuesta oficial del gobierno mexicano fue rechazar el estudio por tendencioso y aseguró que solo se trataban de “casos aislados”. No obstante, la realidad muestra la desaparición forzada de 43 estudiantes en febrero de 2015, y la creación de un comité de juristas y médicos (GIEI) para la investigación del caso, estas circunstancias forzaron a las autoridades a proponer una nueva ley contra la tortura y la desaparición.

El informe de la ONU sirvió para agilizar la nueva ley. [Foto vía Youtibe]

El detonante y las exiguas responsabilidades

Esta ley empezó a gestionarse a raíz de la publicación de un vídeo en febrero de 2015 en el que se mostraba dos miembros del Ejército y dos Policías federales torturando a una mujer, Elvira Santibáñez Margarito, de 21 años, por presunta vinculación con el crimen organizado. Un juez del Estado de Guerrero dictó prisión para los funcionarios por el delito de torturas, y tras la publicación del vídeo, el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pidió disculpas a la ciudadanía y calificó los hechos de “inadmisibles”.

La mujer que aparece, conocida como La Pala, fue detenida junto con otros dos hombres el año pasado por su relación con el cártel de la Familia Michoacana, organización criminal dedicada al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Actualmente se encuentra presa en el penal federal de Tepic (Estado de Nayarit), condenada por portar un arma de fuego. Cuando la encontraron llevaba junto a sus compañeros tres AK-47, un AR15, una pistola y 11.000 pesos en efectivo.

“¿Vas a hablar? ¿Ya te acordaste o quieres más?”, pregunta en el vídeo la policía militar. A continuación expone a la detenida que tiene dos formas de hacerle hablar a la fuerza. La primera, echándole agua al pañuelo que le tapa la cabeza, lo que le provocaría una sensación de asfixia. Es una técnica muy parecida al ahogamiento fingido (waterboarding en inglés) que utilizaba Estados Unidos con los presos detenidos en las cárceles secretas tras el 11-S. La segunda, impidiéndole la respiración al taparle la cabeza con una bolsa de plástico.

En enero, se informó a la Procuraduría -fiscalía- del contenido de las imágenes y, pocos días después, se detuvo a un capitán y a la soldado policía militar como presuntos responsables de un delito de desobediencia. Ambos están detenidos en una prisión castrense a la espera de sentencia.

El caso Ayotzinapa: sin rastro de los 43 desaparecidos

Pero si ha habido un caso que haya despertado la indignación ante esta lacra y que motivó que el Gobierno propusiera medidas legales contra la tortura y la desaparición, fue el llamado caso de Ayotzinapa. La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, fueron detenidos a la fuerza 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa por la policía municipal de Iguala (Guerrero, México). Jueces federales afirmaron que fueron directamente ejecutados. Es decir, el juicio, la condena y la ejecución se dieron en un mismo momento, del mismo modo que en un fusilamiento.

Expertos en derechos humanos coincidieron en que la tortura en México es un fenómeno regular, que no se investiga ni se sanciona.

Los 43 desaparecidos de Iguala [Foto vía Youtube]

México se enfrenta con este caso a un nuevo escándalo por torturas, un método que algunas organizaciones de derechos humanos creen que es sistemático por parte de las autoridades mexicanas. El Gobierno, sin embargo, considera que solo es esporádico. Esa diferencia de percepciones abrió el año pasado un conflicto diplomático entre las autoridades y las víctimas.

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) – un grupo de juristas y médicos enfocados a realizar una investigación paralela sobre el caso Ayotzinapa– advirtieron en el Senado que este acontecimiento no es un hecho aislado en México y demandaron la aprobación de leyes eficaces en materia de desaparición forzada y de tortura que se centren en los derechos de las víctimas, fundamentalmente su derecho a saber la verdad, qué fue lo que pasó con sus familiares desaparecidos.

Francisco Cox, abogado chileno y miembro del GIEI, hizo notar que la entrada en vigor próximamente del Sistema Penal Acusatorio que orienta los beneficios a la víctima del hecho delictivo, va a ser un avance pero se requiere también que los servicios periciales no sigan dependiendo de la Procuraduría General de la República (PGR), que es el Poder Ejecutivo Federal en México, sino que exista un órgano autónomo, que pueda refutar las conclusiones presentadas por el Ministerio Público Federal, y no tomarlas como verdad absoluta.

Por lo que toca a la ley de tortura, Claudia Paz, abogada y primera mujer Fiscal de su país, también miembro del GIEI; insistió en que “es perverso” que en la actualidad las acusaciones se basen en la confesión de los imputados, y se consideren plena prueba por lo que el Ministerio Público no necesita ya presentar ninguna otra evidencia, lo que posibilita que las confesiones se den bajo tortura.

A la espera de juicio

En el caso Ayotzinapa, al no quedar acreditado el delito de desaparición forzada, las instancias judiciales mantienen en la cárcel al matrimonio formado por el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda acusados de haber mandado matar a los estudiantes, y pendientes de un juicio que no llega. En la misma situación se encuentran varios policías municipales de Iguala y Cocula, y presuntos miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Hasta la fecha, 120 políticos locales, policías, presuntos narcotraficantes e informantes han sido encarcelados por el caso Ayotzinapa, pero la Fiscalía no ha pedido responsabilidades a ninguno de los inculpados por desaparición forzada. A pesar de la gravedad de los hechos, parece que este hecho luctuoso no es más que la punta del iceberg de todo una estructura siniestra en la que se mezcla el poder político y las bandas criminales.

Nueva ley contra la tortura: las claves

¿Cómo se investigará?

Según este documento, el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial.

¿Cómo se castigará?

A cualquier servidor público vinculado al proceso de delito de tortura se le impondrá prisión preventiva.

La ley señala que la obediencia de órdenes o instrucciones de un superior no constituye una exclusión del delito de tortura para los implicados, pues dichas órdenes “son ilícitas, por lo que los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas”.

Tampoco serán excepcionales circunstancias como tiempos de guerra, invasiones, conflictos armados, inestabilidad política interna o suspensión de derechos y su garantía.

El presidente Peña Nieto [Foto vía Wikipedia]

El documento que discutieron las comisiones unidas de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos busca que sean excluidas todas las pruebas obtenidas directamente a través de la tortura, así como las  obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos; y, a la vez, que se valore si los elementos admitidos para iniciar un juicio son suficientes o de lo contrario se decrete la inmediata libertad de la persona procesada. Quién resulte culpable de cometer una tortura tendrá una pena de 10 a 20 años de prisión.

En el caso de personas sentenciadas si se determina que las pruebas en las que se basó el juez fueron obtenidas de manera ilícita, como puede ser mediante tortura, también se ordenará su liberación inmediata.

Se confía que esta nueva ley que establece medidas contra la desaparición y la tortura consiga erradicar los casos como el ocurrido en Iguala, con 43 estudiantes desaparecidos y ejecutados; o escenas como la del vídeo, en el que se muestran los malos tratos de las autoridades a una detenida. Aunque el país se encuentra en medio de un grave problema de narcotráfico, deberá encontrar la manera de doblegar a los traficantes sin caer en actividades de este tipo.

Ésta es una publicación sin ánimo de lucro.



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