21/09/2019 BARCELONA

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Las grandes corporaciones encontraron en América Latina en general, pero en Argentina en particular, una tierra hecha a su medida: Grandes recursos naturales para explotar, un lugar donde poder maximizar sus ganancias económicas y, sobre todo, un puñado de gobiernos dispuestos a hacer la vista gorda ante la depredación ambiental que llevan a cabo las multinacionales. Un combo que entusiasma a cualquier empresario.

Con este panorama, Argentina profundizó su modelo económico extractivo que, en el último tiempo, deterioró el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes con prácticas tales como la megaminería a cielo abierto en sus provincias andinas, la producción de alimentos transgénicos en sus tierras fértiles, la fracturación hidráulica o fracking en sus grandes reservas petroleras y la contaminación industrial totalmente desmedida en las zonas urbanas.

El desembarco de grupos multinacionales se dio bajo la promesa de grandes ganancias económicas para la población y para el Estado. Pero rápidamente esa teoría se echó por tierra al ver las grandes consecuencias que ello tenía para el ecosistema, lo que motivó a los vecinos de las ciudades afectadas a organizarse en asambleas de lucha popular ante una clase política cómplice que decidió callarse.

Megaminería: Negocio para muy pocos

Los empresarios mineros y los funcionarios que impulsan ese negocio conocen la época en la que en Argentina gobernó el matrimonio Kirchner (2003-2015) cómo “la década minera”, ya que hubo una proliferación de explotaciones en toda la zona cordillerana. En 2002 había 18 proyectos en el país, mientras que para 2014 ya había cerca de 600 bases mineras que, entre otras cosas, gastan 10 millones de litros de agua potable por día para realizar su trabajo.

Maquinaria pesada trabajando en una mina abierta [Foto: Alfredo Valadez Rodríguez vía La Jornada].
Maquinaria pesada trabajando en una mina abierta [Foto: Alfredo Valadez Rodríguez vía La Jornada].

En estas grandes explotaciones de recursos naturales, los grupos económicos multinacionales como la estadounidense Barrick Gold o la Osaka Mining Corporation gastan cerca de 100 toneladas de explosivos por día para extraer los minerales que necesitan. Por ejemplo, por cada gramo de oro que obtienen generan 4 toneladas de escombros, provocando una destrucción irreparable de la Cordillera de Los Andes. Además, cometen graves abusos respecto de los pequeños poblados aledaños que, ante este marco, han fundado cerca de 50 asambleas vecinales para pedir el cierre de las minas.

El desastre ambiental que llevan a cabo estas corporaciones logra dimensionarse si se tiene en cuenta que, en septiembre de 2015, la empresa Barrick Gold volcó, sin darse cuenta (según la propia empresa), cerca de 1.000 millones de litros de agua cianurada al Río Jáchal en la provincia de San Juan. Al cumplirse un año de ese hecho ha habido un segundo derrame, lo que ha provocado movilizaciones vecinales para exigir respuestas políticas ante la contaminación de un río que abastecía de agua y recursos a buena parte de esa provincia andina.

Ante este segundo derrame de cianuro, el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, no pudo hacer oídos sordos a los reclamos populares (como sí hizo en ocasiones anteriores) y decidió multar a la empresa con 9 millones de dólares y paralizar la mina Veladero. Sin embargo, un mes después, empezó a funcionar de nuevo con la excusa de que la minería genera el 34% del PIB de esa provincia. La pregunta es: ¿A que coste genera la minería el 34% del PIB de San Juan? Al de la destrucción total del medio ambiente y la calidad de vida de cientos de poblados.

Para colmo, a principios de año, el actual presidente, Mauricio Macri, quitó a las mineras la obligación de pagar la irrisoria suma del 3% de las regalías, lo que hace que el Estado deje de recibir cerca de los 8.000 millones de pesos argentinos que aportaba ese sector. Lo cierto es que, además de recibir incontables beneficios impositivos, las mineras tienen subsidiadas las tarifas de electricidad, agua, gas y combustibles para el transporte que utilizan.

Ante esta situación, la mano amiga del gobierno es aún más desesperanzadora. Eso lo saben los activistas antiminería que delante de cada movilización reciben la represión de un sector de la policía provincial destinado a “monitorear” los movimientos contrarios a la megaminería. Y cada uno de estos episodios de represión policial deja ver la complicidad de un Estado que, lejos de estar del lado de las asambleas populares, las reprime con balazos de goma.

Parex Klaukol: la contaminación que controla el Estado

Parex Klaukol, una empresa propiedad de Parex Group (con sede central en Francia), es una de las corporaciones líderes en la fabricación industrial y venta de productos para el sector de la construcción. Una de las plantas en la que Parex Klaukol produce para toda América del Sur se ubica en el municipio de La Matanza, en Argentina. Allí, la empresa lleva realizando su trabajo desde finales de la década de los ’70.

A pesar de sus abusos, no fue hasta el año 2009 que los vecinos comenzaron a denunciar la fábrica, por vía penal, por la contaminación que produce en el lugar, que ya ha causado cerca de 70 muertes en un radio de 1 kilómetro a la redonda. Lo que despertó la inquietud de los habitantes del barrio La Merced fue que explotó una tolva que dejó las casas bajo cenizas durante 3 días.

Imagen que expone una crítica a Parex Group, multinacional acusada de provocar enfermedades a gran escala como consecuencia de la contaminación producida por su actividad industrial [Foto: ParexKlaukol contamina en La Matanza vía taringa.net].
Imagen que expone una crítica a Parex Group, multinacional acusada de provocar enfermedades a gran escala como consecuencia de la contaminación producida por su actividad industrial [Foto: ParexKlaukol contamina en La Matanza vía taringa.net].

Las cenizas y las partículas que salen diariamente de las chimeneas de Parex Klaukol no son más que restos de elementos elaborados con fungicidas, pesticidas y demás productos químicos altamente contaminantes. Estos productos producen cáncer y graves enfermedades respiratorias y dermatológicas que los vecinos vienen denunciando, sin recibir respuesta de la justicia o del poder político. Por otra parte, los remedios para curar esas patologías tienen un coste muy elevado teniendo en cuenta que las familias de la zona son de clase obrera y que no reciben medicamentos del sistema de salud pública.

Una vez esta causa se llevó ante la justicia, se realizó un estudio en el que se sometió a 30 chicos de 5 años a análisis hematológicos. El resultado fue que los 30 tenían metales pesados en sangre. Ante esto, los peritos judiciales que intervinieron en la causa confesaron a los vecinos que el lugar es inhabitable, y los denunciantes afirman que les dijeron que estaban en una “cámara de gas” donde poco a poco se iba a ir deteriorando el panorama ambiental. Un ejemplo de eso es que el agua potable de las cercanías de la planta de Parex Klaukol cuenta con 16 metales pesados.

Con toda esta contaminación confirmada en los estudios judiciales, ¿por qué el Estado no hace nada? ¿Por qué las empresas hacen lo que quieren? Este no es más que otro caso de complicidad del poder político con los grandes grupos empresariales.

Ante la inacción judicial, la asamblea de vecinos empezó a hacer acampadas en la puerta de la fábrica y como respuesta recibieron amenazas por parte de la empresa. Una de las principales voces opositoras a la multinacional francesa, Susana Aranda, denunció cerca de 30 amenazas. En la última ocasión, fue intercedida por un grupo de personas que le pusieron un revólver en la cabeza y la obligaron a tragarse varias pilas de relojes que le produjeron severos daños en su salud.

Hay que tener en cuenta que como la sede central de Parex Klaukol se ubica en Francia, allí recibe severos controles ambientales por parte del Estado. Ante esta situación, ¿cuál fue la estrategia de la empresa? Externalizar la producción a un país periférico de América del Sur donde el Estado no ejerce estos controles.

Monsanto y la invasión de los transgénicos

El agronegocio y la producción de alimentos es un capítulo más de la política extractiva, rentista y conservadora que se viene imponiendo a lo largo de Sudamérica bajo el paraguas de grandes corporaciones, como Monsanto, que lo único que hacen es llevar a cabo una depredación ambiental inaudita. Esta expansión se ha llevado a cabo a través del avasallamiento de pueblos originarios y a la destrucción de bosques nativos para expandir la frontera del monocultivo de transgénicos como la soja, el maíz y la caña de azúcar.

Símbolo de protesta contra la empresa Monsanto, líder del cultivo de transgénicos en Argentina [Foto: Daniel Lobo vía Flickr].
Símbolo de protesta contra la empresa Monsanto, líder del cultivo de transgénicos en Argentina [Foto: Daniel Lobo vía Flickr].

En Argentina se produjo un modelo de producción a gran escala con semillas modificadas genéticamente con el objetivo de resistir al herbicida que la acompaña este modelo productivo, el glifosato. Ahora, ¿quién produce la semilla transgénica? Monsanto. Y, ¿quién produce el herbicida con glifosato? Monsanto. Es decir, Monsanto produce las únicas semillas que resisten al herbicida que la misma empresa produce. Un negocio redondísimo. Aunque no tanto para el país ya que las tierras donde se produce la soja quedan improductivas.

Hoy, Argentina tiene 20 millones de tierras cultivadas con soja y maíz que luego se vende a China para alimentar a sus animales, pero parte se consume en el mercado interno en forma de harinas y demás productos muy nocivos para la salud humana. Para seguir con el negocio, Monsanto ya tiene preparado un portafolio de distintos tipos de productos para avanzar en el campo de las frutas y hortalizas: berenjena, tomate, vid, papaya y otras, además de la patata, que ya fue lanzada al mercado

Ante esto, empiezan a surgir muchas marchas populares para detener la producción de transgénicos y dar lugar a un modelo de producción y consumo de productos orgánicos como los que se comen en Rusia, Canadá y Hungría, entre otros países.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.


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Zacatecas es uno de los estados de la república mexicana con mayor tradición minera desde la época colonial, lo que se conocía como economía de enclave colonial debido a la enorme transferencia de riqueza hacia el exterior y por estar desarticulado respecto de la economía local. Actualmente, este Estado ocupa el primer lugar en la producción de plata, zinc y plomo de México, así como el segundo lugar en la producción de oro y cobre, habiéndose convertido en una región con economía de enclave poscolonial donde intervienen redes de capital que se apropian de la riqueza natural de manera acelerada y causando profundas afectaciones ambientales que perjudican la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones del territorio.

En México, la megaminería constituye una actividad económica cuya inversión extranjera directa (IED) captada durante el periodo 1982-2014 sumó USD$23,286.4 millones y USD$30,430.3 millones de inversión nacional directa entre el 2002 y el 2014. Esta derrama económica involucra a los tres hombres más ricos de México: Germán Larrea, presidente de Grupo México; Alberto Bailleres, dueño de Industrias Peñoles, y Carlos Slim, propietario de Minera Frisco. Todo ellos, respaldados por las gestiones de la Cámara Minera de México resultaron los principales beneficiados de las políticas de privatización y reformas estructurales implementadas por el gobierno mexicano en los últimos 34 años.

La siguiente explicación se divide en dos partes. En la primera se aborda quiénes participan en la industria minera para posteriormente analizar las consecuencias ambientales de la megaminería. De las dos partes mencionadas, la relevancia de la primera consiste en clarificar la configuración de capitales financieros, empresas extractivas y capital proveedor, así como las instituciones del gobierno encargadas de impulsar una política del despojo del territorio. Se hace énfasis en el sustento legal que permitió la privatización de los recursos naturales puestos al servicio de la megaminería transnacional y se presentan datos empíricos sobre la superficie del territorio mexicano concesionado.

¿Qué es la megaminería?

Mina Peñasquito, Zacatecas, México [Foto: Alfredo Valadez Rodríguez vía La Jornada].

La megaminería es la forma de explotación a cielo abierto con el objetivo extraer metales preciosos, que involucra elevadas inversiones para emprendimientos de gran escala acaparando así grandes extensiones de tierras. La megaminería utiliza tecnologías modernas como la teledetección satelital y el uso maquinaria pesada con gran capacidad de carga. Esto implica también el desplazamiento de las comunidades en donde se instalan, destruyendo así formas de vida y de reproducción social, así como desvalorizando la fuerza de trabajo. También es considerada la forma más violenta de extracción de minerales en términos de impacto ambiental debido al alto consumo de recursos hídricos, a la contaminación del agua y del suelo como consecuencia del uso de sustancias químicas altamente tóxicas como cianuro, dinamita y mercurio en el proceso de barrenación, extracción, molienda y beneficio de los minerales.

Sin embargo, la pregunta realmente importante es: ¿Qué ha ocurrido con la megaminería en México en el período neoliberal? Para analizar este asunto hay que poner énfasis en cómo se transformó la megaminería a partir de la puesta en marcha del TLCAN.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el impacto en la megaminería

Al reflexionar sobre lo que ha ocurrido con la megaminería en México durante los 34 años que abarcan el periodo neoliberal, en primera instancia resulta necesario enfatizar que nos enfrentamos a un problema de despojo territorial que cobró mayores dimensiones después de la puesta en marcha del TLCAN. Esto va más allá de la apropiación de tierras por empresas transnacionales para la extracción de recursos naturales minerales. Existen otras cuestiones que atañen a los derechos de los trabajadores mineros que, aunque tienen mejores salarios que los que se perciben en otras actividades productivas, su labor profesional implica también una menor esperanza de vida así como otras afectaciones en la calidad de vida en las comunidades mineras.

Durante los años de 1982 al 2016, la megaminería a cielo abierto en México propició la consolidación de la mencionada economía de enclave poscolonial. Simultáneamente comenzaron a generarse afectaciones tanto sociales como ambientales en esos territorios debido al desplazamiento de comunidades, la desvalorización de la fuerza de trabajo, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, o la contaminación del suelo y el agua a partir de la generación de altos volúmenes de residuos sólidos y sustancias tóxicas. Éstas contaminan las fuentes de agua, tanto en minas en operación, como después del cierre de los trabajos de explotación. Todo esto nos permite afirmar que la megaminería que practican las grandes empresas transnacionales no ha traído desarrollo para las comunidades y entidades de la república mexicana donde se lleva a cabo esta actividad extractiva.

Las instituciones que intervienen en respaldo de la industria minera son el gobierno mexicano, articulado con la Embajada Canadiense, el Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá y la Cámara Minera de México. Todas ellas se encuentran amparadas por las reformas al Artículo 27 constitucional que faculta al Estado mexicano para realizar expropiaciones de tierras consideradas de utilidad pública. Además, la Ley Minera, en su Artículo 6, señala que las actividades relacionadas con la megaminería en México son de utilidad pública y serán preferentes sobre cualquier otro uso de las tierras.

Bajo la figura de concesiones mineras por un periodo de 50 años con posibilidad de prórroga por otros 50 años, se ha entregado ya más de la mitad del territorio nacional a empresas transnacionales dedicadas a la megaminería. Esta situación ocurrió en mayor medida a partir de la entrada en vigor del TLCAN. En total durante el período 1993 al 2016 se han concesionado 105.1 millones de hectáreas para la megaminería en México, equivalentes al 53.5 por ciento del territorio nacional (véase gráfica 1).

Gráfica 1. Superficie concesionada a la megaminería en México en el período 1996-2016 (cifras expresadas en millones de hectáreas) [Gráfica: elaboración de Federico Guzmán].

El discurso oficial sólo ofrece grandes datos sobre el contexto que envuelve el sector de la megaminería, como que ésta utiliza tecnología satelital y tiene automatizados sus procesos de exploración y explotación, que México lleva seis años consecutivos, desde 2010, ubicado en el primer lugar mundial de producción de plata, o que en 2013 México se ubicó en el séptimo puesto como productor de oro a nivel mundial y en el octavo en 2014. No obstante, debemos ir al fondo del problema e indagar cómo se distribuye esa riqueza y qué impactos genera en el desarrollo nacional y en las comunidades donde se instalan los megaproyectos mineros.

¿Quién se beneficia de la megaminería?

Actualmente quienes se están beneficiando con la explotación de los minerales preciosos de México se conformaron en una compleja telaraña de capitales privados y servicios gubernamentales (véase figura 1). Para el año 2013, de acuerdo con información del Servicio Geológico Mexicano (2013) y México Mining Review (2013), había 197 megaproyectos mineros en producción, 45 proyectos en desarrollo, 880 en fase de exploración y 67 proyectos suspendidos, dando un total de 1,189 proyectos mineros. De todos ellos, el 68.1% está en manos de transnacionales canadienses, el 12.7% de capital estadounidense, el 11% lo poseen los corporativos mexicanos transnacionales y el 8.2% restante en manos de capitales europeos, asiáticos y australianos, principalmente.

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Figura 1. Configuración del capital rentista de la megaminería. [Figura: elaboración de Federico Guzmán basada en Ritter (2001:26-33), Movimiento M4 (2014), The Silver Institute (2015b) y World Gold Council (2015a).

Un dato más actualizado se obtuvo de los Censos Económicos 2014 del INEGI que reportan 3,032 unidades económicas en la minería en el territorio mexicano. Según el portal de internet Ecoosfera, existen 70 megaproyectos mineros y 25 operan a cielo abierto. Dichos megaproyectos son operados por empresas de origen mexicano como: Grupo México, Fresnillo Plc, Frisco y Peñoles, así como extranjeras: Agnico Eagle Mines, Alamos Gold, Arias Resource Capital Management, Aurico Gold, Candiani Mining Transnational Service, Coeur Mining, Defiance Silver Corp, First Majestic, First Majestic Silver Dia Bras Exploration, Goldcorp, Minera Rio Tinto, Minas de Bacis, Pan American Silver, Timmins Gold y Yamana Gold, solo por citar algunas de las más relevantes.

Este conjunto de empresas, para llevar a cabo la extracción de minerales se conectan con las principales bolsas de valores del mundo, principalmente las de Toronto, Vancouver, Nueva York, Londres y Hong Kong, además de instancias globales como el Consejo Mundial del Oro, el Instituto de la Plata, y una extensa gama de empresas proveedoras de origen mexicano y extranjero, integradas en torno a los Clúster Mineros que operan en las principales entidades federativas con presencia de megaminería, como el caso del Clúster Minero de Sonora y el Clúster Minero de Zacatecas

En conclusión, la enorme riqueza generada por los recursos mineros que posee México no supone ni por asomo una fuente de desarrollo para las comunidades que reciben el impacto de una intervención industrial tan agresiva.

Cuestiones como éste despojo territorial y la profundización de los impactos ambientales que ocasiona el saqueo de los minerales preciosos en México se tratarán en la segunda parte de este artículo, en la que pondremos especial atención al consumo de recursos hídricos y la contaminación por desechos sólidos como las principales afectaciones para las comunidades y territorios donde se practica la minería tóxica.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.



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