17/10/2019 BARCELONA

Pablo Jiménez Arandia, autor en United Explanations
La jueza de la Querella Argentina, María Servini de Cubría. // Foto vía Wikimedia Commons.

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El día 6 de este mes de febrero quince migrantes murieron en la costa de Ceuta mientras intentaban alcanzar a nado territorio español. Según la versión de ambas partes (las fuerzas de seguridad de España y Marruecos, y los migrantes) estas personas decidieron alcanzar suelo europeo a través del mar después de que les fuese impedida la entrada por vía terrestre, en el paso fronterizo de El Tarajal. La valla de Ceuta tiene una altura de 3 metros y en algunos tramos, como en el extremo de la playa de El Tarajal, alcanza los 6 metros; punto en el que además existe un espigón que precisamente intenta evitar la entrada a nado de inmigrantes.

Desde el mismo día de la tragedia se ha intentado esclarecer la actuación de la Guardia Civil española y la policía marroquí en estos hechos. El Gobierno, a través de los responsables del Ministerio del Interior, la Guardia Civil y su delegación en Ceuta han ido aportando en las últimas semanas diferentes versiones de lo ocurrido a raíz de las informaciones aparecidas en los medios y la presión de la opinión pública (ONG, partidos políticos, etc.) Paralelamente a esta discusión la cuestión migratoria ha vuelto a la agenda mediática por unos días, lo que ha dado lugar a noticias como el supuesto informe de la Guardia Civil sobre la presión migratoria en Ceuta y Melilla, la petición de colaboración a Europa por el Gobierno español en este tema, o los cambios en la legislación de extranjería que aspira a hacer el ejecutivo.

Las versiones oficiales y los hechos probados

El relato por parte de las instituciones del Estado y del Gobierno sobre lo ocurrido aquel día se ha modificado en varias ocasiones, entrando en contradicciones evidentes. En un primer momento se dijo que la Guardia Civil no había intervenido para nada y que los migrantes no llegaron a pisar territorio español. Posteriormente se aseguró que las fuerzas españolas habían impedido la entrada de estas personas a través de la valla fronteriza, pero no por vía marítima. Tras la difusión de un vídeo con imágenes de la llegada a la playa ceutí de varios migrantes, la Guardia Civil confirmó que se les había devuelto de manera inmediata a territorio marroquí, en una práctica conocida como devoluciones en caliente que está prohibida por la legislación española. En otro vídeo también emitido esos días se observa cómo las fuerzas españolas utilizaron material antidisturbios (lanzamiento de pelotas de goma) contra las personas que estaban en el agua, hecho negado en un principio por el Ministerio del Interior. Además, los supervivientes de la tragedia denunciaron que no sólo no se acudió en auxilio de los que se estaban ahogando, sino que incluso se atacó a algunos de los que solicitaban ayuda.

La semana pasada, tras la presión social y mediática a la que estaba siendo sometido el Gobierno, el Ministerio del Interior hizo públicas las imágenes que la Guardia Civil había entregado a la jueza de Ceuta que está investigando los hechos. En ellas se demuestran varias cosas:

  • El instituto armado español y la policía marroquí colaboraron y trabajaron coordinados para impedir la llegada de estas personas a suelo español.
  • Se dispararon botes de humo cerca de los que nadaban.
  • Los disparos de pelotas de goma no fueron “disuasorios”, sino que se hicieron contra los migrantes.
  • La Guardia Civil entró en territorio marroquí, circunstancia que se había negado para justificar la no asistencia de socorro a los fallecidos y a sus compañeros.
  • Fueron varios los migrantes devueltos de manera inmediata a suelo marroquí, algunos de ellos exhaustos y sin apenas poder mantenerse en pie.

Las reacciones y posibles consecuencias

La actuación de los cuerpos de seguridad españoles ha sido cuestionada y criticada por partidos de la oposición, ONG y en especial, organizaciones de defensa de los derechos humanos. Pero también ha sido puesta en entredicho por la Unión Europea. La comisaria europea de Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, manifestó a través de una carta al ministro Jorge Fernández Díaz su “seria preocupación” por la intervención de la Guardia Civil aquel día y solicitó explicaciones sobre el uso que se hizo del material antidisturbios. En la misiva, Malmström recuerda que “cualquier medida de vigilancia en las fronteras debe ser proporcionada al objetivo perseguido, respetar los derechos fundamentales de las personas y el principio de non-refoulement, así como la dignidad humana”.

Ceuta: vergüenza de Europa

A raíz del debate surgido en torno a esta tragedia, el Ministro del Interior español ha declarado que solicitará una mayor cooperación por parte de la Unión Europea en la gestión de la inmigración irregular, al mismo tiempo que ha reclamado un aumento de los fondos comunitarios que España recibe en este ámbito. Sin embargo, la reacción política más inmediata de Fernández Díaz ha sido anunciar que el Gobierno modificará la Ley de Extranjería con el objetivo de agilizar la devolución de migrantes irregulares. Ya antes de que se produjesen las muertes en Ceuta el ministro había reconocido que con la actual ley se incumple en las fronteras españolas.

A la vulneración de la ley vigente y a la sucesión de versiones contradictorias del Gobierno hay que añadir una tercera consideración: la posible omisión del deber de socorro por los Guardias Civiles que estaban en la frontera de El Tarajal.

Los datos. Y los titulares

Los intentos de entrada a territorio europeo a través de las fronteras de Ceuta y Melilla se han incrementado recientemente. Según datos de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), 4.354 personas entraron de manera irregular en España durante el año 2013 a través de una de las ciudades autónomas -un 57,7% de los 7.550 migrantes que llegaron a territorio español por vías no normativas-. Estas cifras, a pesar de suponer un aumento respecto a cursos anteriores (2.861 en 2012) están lejos de las que reflejan otras zonas fronterizas de Europa como la costa sur de Italia, donde se registraron 36.000 migrantes irregulares el pasado año.

Los analistas explican este aumento por las dificultades para acceder por vías marítimas a otros destinos como las islas Canarias o las ciudades del sur peninsular, fuertemente vigiladas por la Guardia Civil y FRONTEX.

Aunque los números no sustenten esa idea, en los últimos días han aparecido titulares sobre la presión excepcional a la que están sometidas las ciudades autónomas, que de un modo u otro parecen justificar la toma de medidas contundentes ante la inmigración irregular. Especialmente llamativa resultó la portada del diario El País el pasado día 16, en la que se alertaba de que “30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla”, citando como única fuente un informe policial supuestamente filtrado por Interior. Esta información ha sido criticada por su alarmismo y falta de rigor, oportunismo y complicidad con las actuaciones del Gobierno.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro


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Ha pasado un año ya desde la primera huelga general al gobierno del Partido Popular. 365 días atrás, una multitud de personas salió a las calles para reclamar unas políticas diferentes a las que hasta ese momento estaba llevando a cabo el ejecutivo español. Un año más tarde, esa gestión de la crisis no sólo no ha cambiado, sino que ha subido su apuesta por la disminución del gasto público, los recortes de derechos a los ciudadanos y la inacción ante las reivindicaciones de gran parte de la población.

El 29 de marzo de 2012, la manifestación en Barcelona desembocó en graves enfrentamientos entre parte de los asistentes a la marcha y los Mossos d’Esquadra. El 14 de noviembre, en el siguiente paro general, las escenas de violencia se repitieron. Todas las encuestas coinciden en la enorme desacreditación existente entre los españoles hacia sus políticos, a lo que se une la interminable lista de casos de corrupción que día a día aparecen en los medios. Mientras tanto, el paro aumenta a niveles difícilmente soportables y la pobreza se extiende entre capas sociales que hasta ahora parecían a salvo de la ruina.

Un país en situación de shock puede aguantar un tiempo determinado, pero la paz social no es un estado perpetuo que haya que dar por hecho. Nicolás Sartorius, antiguo militante antifranquista, dice que España está vacunada contra la violencia por los históricos fracasos del pasado. Sin embargo, la paciencia de los españoles y sus vecinos del Sur no parece que vaya a durar para siempre.

Esta es una foto-explicación sin ánimo de lucro.

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