17/10/2017 BARCELONA

Federico Guzmán López, autor en United Explanations

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15min2010

Conociendo las claves de la transformación de la megaminería en el territorio mexicano afectado por los adelantos tecnológicos, así como las reformas estructurales en materia legal y financiera impulsadas en el marco del TLCAN (véase el artículo “México se vende a la megaminería”); en este artículo vamos a ilustrar la manera en la que se destruye el territorio y los recursos naturales de México. Principalmente, analizaremos la manera en que la población actual y las futuras generaciones de las comunidades mexicanas resultarán afectadas, de forma permanente, respecto a su derecho al agua y, como consecuencia de la contaminación por residuos sólidos.

Las empresas transnacionales que hay detrás de la megaminería, en su búsqueda para maximizar sus utilidades en el menor tiempo posible y para conseguir la obtención de mayor rentabilidad en las explotaciones de minerales de baja ley, han modificado su forma de explotación, pasando de minería subterránea a minería a cielo abierto. Para ello aplican tecnologías modernas y nuevas formas de conocimiento que son más agresivas con la naturaleza y la sociedad, tales como el uso de teledetección satelital en actividades de exploración y bases de datos en tiempo real, camiones gigantes con capacidad de 320 toneladas de carga, utilización de cianuro y mercurio en el beneficio de los minerales, sistemas automatizados para el control de maquinaria, y barrenación con explosivos.

Maquinaria pesada trabajando en una mina abierta [Foto: Alfredo Valadez Rodríguez vía La Jornada].
Maquinaria pesada trabajando en una mina abierta [Foto: Alfredo Valadez Rodríguez vía La Jornada].

Los impactos de la minería han sido desfavorables. Por ejemplo, INEGI, en 2009, señaló que un rasgo central del régimen de ocupación de la minería en México fue que la producción de minerales metálicos (oro, plata, cobre,  plomo y zinc) ocupó 26.181 personas, de las cuales 11.901 trabajadores eran subcontratados, equivalente a un 45’4%. Otro impacto social ha sido la desaparición de las comunidades, como ocurrió en el Estado de Zacatecas con Real de Ángeles en el municipio de Noria de Ángeles; y Peñasquito y Salaverna, en el municipio de Mazapil, donde los habitantes fueron desplazados y reubicados a nuevas colonias para extraer los minerales del subsuelo; además de que la minería no ha resuelto el problema de pobreza en los municipios donde se instala, como en Noria de Ángeles, donde la pobreza en 2010 alcanzó al 74’2% de su población, en Mazapil el 72’7% y Ojocaliente el 70’9%.

Dos de los principales impactos ambientales producidos por la automatización de procesos en la minería extractiva, han sido una mayor demanda de consumo de agua y una mayor generación de desechos sólidos (véase Figura 1).

Respecto al impacto ambiental por despojo hídrico vemos que, teniendo en cuenta la cantidad de entre 50 y 100 litros diarios de agua por persona que establece como Derecho Humano la Organización Mundial de la Salud, la cifra de 436’64 millones de metros cúbicos anuales de agua –que reporta como dato vigente para el año 2016 el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)–, a partir de la cual el portal Cartocritica retomó el rango máximo de 100 litros diarios de agua, por día y por persona, y señaló que con esa cantidad de agua se podría atender el consumo de 11.962.830 seres humanos que habitan el territorio mexicano. Sin embargo, si hacemos el mismo cálculo tomando como base el rango mínimo de 50 litros de consumo diario por persona, la cantidad de agua concesionada a la minería sería suficiente para satisfacer el derecho humano al agua por un año de 23.925.660 mexicanos.

[Figura 1: Elaboración propia de Federico Guzmán
[Figura 1: Elaboración propia de Federico Guzmán].

Para dimensionar el tamaño del consumo del agua en las entidades federativas que mayor cantidad de recurso hídrico tienen concesionado para la operación de megaproyectos de capital global de minería extractiva, en el caso del Estado de Sonora, la cantidad de 107’86 millones de metros cúbicos de agua que consume anualmente la megaminería sería suficiente para abastecer del vital líquido a 2.955.284 personas durante un año, cifra que representa el 110’9% de los 2.662.480 habitantes del Estado de Sonora. En el Estado de Zacatecas, los 55’78 millones de metros cúbicos de agua concesionados a los megaproyectos de capital global de minería permiten abastecer a 1.528.247 personas, equivalente al 102’5% de los habitantes del Estado de Zacatecas.

Es decir, el impacto ambiental que pagan los estados de Sonora y Zacatecas por ser el primero y segundo lugar nacional de extracción de minerales metálicos, respectivamente, es que la megaminería actualmente consume más agua que toda la población que habita en esas dos entidades federativas.

Si analizamos los datos del portal de internet Cartocritica, las tres grandes empresas mineras que más agua consumen en México son Grupo México, Goldcorp y Arcelor Mittal México, cuyo consumo conjunto anual ascendió a 184’11 millones de metros cúbicos. Suficiente para darle agua potable a 5.044.327 personas, equivalente al 117% del total de la población de tres entidades federativas del país: Aguascalientes, Durango y Zacatecas, que suman 4.308.598 habitantes. Es decir, los megaproyectos de capital transnacional minero en manos de Grupo México, Goldcorp y Arcelor Mittal México, actualmente consumen más agua que toda la población que habita en los estados de Aguascalientes, Durango y Zacatecas.

Habitantes desalojados como consecuencia de las explotaciones mineras [Foto: Alfredo Valadez Rodríguez vía La Jornada].
Habitantes desalojados como consecuencia de las explotaciones mineras [Foto: Alfredo Valadez Rodríguez vía La Jornada].

Otro dato sobre el enorme impacto ambiental de la megaminería es que los residuos sólidos generados en México durante el proceso de explotación de cinco minerales metálicos (oro, plata, plomo, cobre y zinc), en conjunto, sumaron 10.748.130.721’7 toneladas de desechos de roca durante el año 2014. Para demostrar la gravedad del asunto, podemos observar que el total de residuos sólidos urbanos generados por el total de la población mexicana durante el periodo 1982-2014, “sólo” fue de 1.169.948.800 toneladas.

Es decir, que por cada 1.000 toneladas de residuos sólidos generados en territorio mexicano, las empresas mineras transnacionales, sólo durante el año 2014, generaron 901’9 toneladas de residuos sólidos. Mientras, la población mexicana, durante el periodo 1982-2014, únicamente generó 98’1 toneladas de residuos sólidos.

Las 3.032 empresas mineras transnacionales con megaproyectos de explotación y exploración en territorio mexicano generaron 9’18 veces más residuos sólidos en el año 2014 que toda la población mexicana durante 32 años.

Todas esas afectaciones se han pagado a cambio de recibir  recursos por 3.000 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros en 2014. Para contar con un punto de referencia que permitiera dimensionar cuán significativo sería para las comunidades mineras el impacto económico de esta suma, se tomó en cuenta que el tipo de cambio promedio anual en 2014 fue de 13’29 pesos por dólar. Así, los recursos del fondo minero equivalen a casi 226 millones de dólares.

Mientras, el valor de la producción generado en el año 2014 en la minería metálica mexicana fue de 14.765 millones de dólares que en su mayoría son transferidos a las economías donde se ubican las principales matrices de las corporaciones mineras que operan en México, principalmente a Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Así, de esta suma, sólo un poco menos de 226 millones se destinó al beneficio de las comunidades donde opera la megaminería, lo que equivale al 0’015% del total.

Por cada 1.000 dólares que se obtuvieron, en 2014, a raíz de la megaminería en México, las empresas transnacionales mineras se quedaron con 999’85 dólares y las comunidades recibieron sólo 15 centavos.

Conclusiones

La información presentada demuestra que el TLCAN fue la experiencia más acelerada de privatización de territorio y recursos naturales que ha vivido México. En tan sólo 22 años se ha entregado más de la mitad del territorio nacional a la megaminería de capital transnacional. En este sentido, la parte más crítica es la profunda desigualdad en la distribución de la renta minera, que de nada ha servido para eliminar la situación de pobreza en las comunidades donde se instalan los megaproyectos de extracción de metales preciosos.

Imagen de la publicación “Mi Tierra” [Foto: Jesús Martínez vía Mi Tierra].
Imagen de la publicación “Mi Tierra” [Foto: Jesús Martínez vía Mi Tierra].

Para detener el despojo de la riqueza natural y la explotación de la fuerza de trabajo que ocurre en la megaminería, resulta necesario que propongamos alternativas y acciones colectivas inmediatas en los niveles nacional y estatal, conectadas al plano internacional. Una de ellas sería respaldar la iniciativa ciudadana de “Ley General de Aguas”, que propone detener la privatización del agua y así evitar que las empresas mineras transnacionales tengan un consumo preferente sobre las aguas del territorio mexicano y, en todo caso, se respete el derecho humano al agua. Dicha iniciativa la está promoviendo la organización “Agua para [email protected], Agua para la Vida”, con el respaldo de un importante grupo de universidades e instituciones de educación superior mexicanas y organizaciones sociales ambientalistas.

Además de las consecuencias ambientales que genera la megaminería a cielo abierto, otro problema de gran relevancia es lo que ocurre con los impactos económicos y sociales que provoca esta actividad extractiva; especialmente si revisamos la distribución de la renta minera entre el trabajo y el capital con datos empíricos a nivel nacional, subnacional y por unidad minera, en un contexto internacional marcado por el fin del auge de los commodities.

El estudio de la sobreexplotación del trabajo en la megaminería también arroja oportunidades para comprender cómo se reconstruyen las relaciones sociales de las comunidades afectadas por la minería extractiva, a partir de la llegada de la fuerza de trabajo que inmigra temporalmente en búsqueda de oportunidades de empleo.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.


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Zacatecas es uno de los estados de la república mexicana con mayor tradición minera desde la época colonial, lo que se conocía como economía de enclave colonial debido a la enorme transferencia de riqueza hacia el exterior y por estar desarticulado respecto de la economía local. Actualmente, este Estado ocupa el primer lugar en la producción de plata, zinc y plomo de México, así como el segundo lugar en la producción de oro y cobre, habiéndose convertido en una región con economía de enclave poscolonial donde intervienen redes de capital que se apropian de la riqueza natural de manera acelerada y causando profundas afectaciones ambientales que perjudican la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones del territorio.

En México, la megaminería constituye una actividad económica cuya inversión extranjera directa (IED) captada durante el periodo 1982-2014 sumó USD$23,286.4 millones y USD$30,430.3 millones de inversión nacional directa entre el 2002 y el 2014. Esta derrama económica involucra a los tres hombres más ricos de México: Germán Larrea, presidente de Grupo México; Alberto Bailleres, dueño de Industrias Peñoles, y Carlos Slim, propietario de Minera Frisco. Todo ellos, respaldados por las gestiones de la Cámara Minera de México resultaron los principales beneficiados de las políticas de privatización y reformas estructurales implementadas por el gobierno mexicano en los últimos 34 años.

La siguiente explicación se divide en dos partes. En la primera se aborda quiénes participan en la industria minera para posteriormente analizar las consecuencias ambientales de la megaminería. De las dos partes mencionadas, la relevancia de la primera consiste en clarificar la configuración de capitales financieros, empresas extractivas y capital proveedor, así como las instituciones del gobierno encargadas de impulsar una política del despojo del territorio. Se hace énfasis en el sustento legal que permitió la privatización de los recursos naturales puestos al servicio de la megaminería transnacional y se presentan datos empíricos sobre la superficie del territorio mexicano concesionado.

¿Qué es la megaminería?

Mina Peñasquito, Zacatecas, México [Foto: Alfredo Valadez Rodríguez vía La Jornada].

La megaminería es la forma de explotación a cielo abierto con el objetivo extraer metales preciosos, que involucra elevadas inversiones para emprendimientos de gran escala acaparando así grandes extensiones de tierras. La megaminería utiliza tecnologías modernas como la teledetección satelital y el uso maquinaria pesada con gran capacidad de carga. Esto implica también el desplazamiento de las comunidades en donde se instalan, destruyendo así formas de vida y de reproducción social, así como desvalorizando la fuerza de trabajo. También es considerada la forma más violenta de extracción de minerales en términos de impacto ambiental debido al alto consumo de recursos hídricos, a la contaminación del agua y del suelo como consecuencia del uso de sustancias químicas altamente tóxicas como cianuro, dinamita y mercurio en el proceso de barrenación, extracción, molienda y beneficio de los minerales.

Sin embargo, la pregunta realmente importante es: ¿Qué ha ocurrido con la megaminería en México en el período neoliberal? Para analizar este asunto hay que poner énfasis en cómo se transformó la megaminería a partir de la puesta en marcha del TLCAN.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el impacto en la megaminería

Al reflexionar sobre lo que ha ocurrido con la megaminería en México durante los 34 años que abarcan el periodo neoliberal, en primera instancia resulta necesario enfatizar que nos enfrentamos a un problema de despojo territorial que cobró mayores dimensiones después de la puesta en marcha del TLCAN. Esto va más allá de la apropiación de tierras por empresas transnacionales para la extracción de recursos naturales minerales. Existen otras cuestiones que atañen a los derechos de los trabajadores mineros que, aunque tienen mejores salarios que los que se perciben en otras actividades productivas, su labor profesional implica también una menor esperanza de vida así como otras afectaciones en la calidad de vida en las comunidades mineras.

Durante los años de 1982 al 2016, la megaminería a cielo abierto en México propició la consolidación de la mencionada economía de enclave poscolonial. Simultáneamente comenzaron a generarse afectaciones tanto sociales como ambientales en esos territorios debido al desplazamiento de comunidades, la desvalorización de la fuerza de trabajo, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, o la contaminación del suelo y el agua a partir de la generación de altos volúmenes de residuos sólidos y sustancias tóxicas. Éstas contaminan las fuentes de agua, tanto en minas en operación, como después del cierre de los trabajos de explotación. Todo esto nos permite afirmar que la megaminería que practican las grandes empresas transnacionales no ha traído desarrollo para las comunidades y entidades de la república mexicana donde se lleva a cabo esta actividad extractiva.

Las instituciones que intervienen en respaldo de la industria minera son el gobierno mexicano, articulado con la Embajada Canadiense, el Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá y la Cámara Minera de México. Todas ellas se encuentran amparadas por las reformas al Artículo 27 constitucional que faculta al Estado mexicano para realizar expropiaciones de tierras consideradas de utilidad pública. Además, la Ley Minera, en su Artículo 6, señala que las actividades relacionadas con la megaminería en México son de utilidad pública y serán preferentes sobre cualquier otro uso de las tierras.

Bajo la figura de concesiones mineras por un periodo de 50 años con posibilidad de prórroga por otros 50 años, se ha entregado ya más de la mitad del territorio nacional a empresas transnacionales dedicadas a la megaminería. Esta situación ocurrió en mayor medida a partir de la entrada en vigor del TLCAN. En total durante el período 1993 al 2016 se han concesionado 105.1 millones de hectáreas para la megaminería en México, equivalentes al 53.5 por ciento del territorio nacional (véase gráfica 1).

Gráfica 1. Superficie concesionada a la megaminería en México en el período 1996-2016 (cifras expresadas en millones de hectáreas) [Gráfica: elaboración de Federico Guzmán].

El discurso oficial sólo ofrece grandes datos sobre el contexto que envuelve el sector de la megaminería, como que ésta utiliza tecnología satelital y tiene automatizados sus procesos de exploración y explotación, que México lleva seis años consecutivos, desde 2010, ubicado en el primer lugar mundial de producción de plata, o que en 2013 México se ubicó en el séptimo puesto como productor de oro a nivel mundial y en el octavo en 2014. No obstante, debemos ir al fondo del problema e indagar cómo se distribuye esa riqueza y qué impactos genera en el desarrollo nacional y en las comunidades donde se instalan los megaproyectos mineros.

¿Quién se beneficia de la megaminería?

Actualmente quienes se están beneficiando con la explotación de los minerales preciosos de México se conformaron en una compleja telaraña de capitales privados y servicios gubernamentales (véase figura 1). Para el año 2013, de acuerdo con información del Servicio Geológico Mexicano (2013) y México Mining Review (2013), había 197 megaproyectos mineros en producción, 45 proyectos en desarrollo, 880 en fase de exploración y 67 proyectos suspendidos, dando un total de 1,189 proyectos mineros. De todos ellos, el 68.1% está en manos de transnacionales canadienses, el 12.7% de capital estadounidense, el 11% lo poseen los corporativos mexicanos transnacionales y el 8.2% restante en manos de capitales europeos, asiáticos y australianos, principalmente.

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Figura 1. Configuración del capital rentista de la megaminería. [Figura: elaboración de Federico Guzmán basada en Ritter (2001:26-33), Movimiento M4 (2014), The Silver Institute (2015b) y World Gold Council (2015a).

Un dato más actualizado se obtuvo de los Censos Económicos 2014 del INEGI que reportan 3,032 unidades económicas en la minería en el territorio mexicano. Según el portal de internet Ecoosfera, existen 70 megaproyectos mineros y 25 operan a cielo abierto. Dichos megaproyectos son operados por empresas de origen mexicano como: Grupo México, Fresnillo Plc, Frisco y Peñoles, así como extranjeras: Agnico Eagle Mines, Alamos Gold, Arias Resource Capital Management, Aurico Gold, Candiani Mining Transnational Service, Coeur Mining, Defiance Silver Corp, First Majestic, First Majestic Silver Dia Bras Exploration, Goldcorp, Minera Rio Tinto, Minas de Bacis, Pan American Silver, Timmins Gold y Yamana Gold, solo por citar algunas de las más relevantes.

Este conjunto de empresas, para llevar a cabo la extracción de minerales se conectan con las principales bolsas de valores del mundo, principalmente las de Toronto, Vancouver, Nueva York, Londres y Hong Kong, además de instancias globales como el Consejo Mundial del Oro, el Instituto de la Plata, y una extensa gama de empresas proveedoras de origen mexicano y extranjero, integradas en torno a los Clúster Mineros que operan en las principales entidades federativas con presencia de megaminería, como el caso del Clúster Minero de Sonora y el Clúster Minero de Zacatecas

En conclusión, la enorme riqueza generada por los recursos mineros que posee México no supone ni por asomo una fuente de desarrollo para las comunidades que reciben el impacto de una intervención industrial tan agresiva.

Cuestiones como éste despojo territorial y la profundización de los impactos ambientales que ocasiona el saqueo de los minerales preciosos en México se tratarán en la segunda parte de este artículo, en la que pondremos especial atención al consumo de recursos hídricos y la contaminación por desechos sólidos como las principales afectaciones para las comunidades y territorios donde se practica la minería tóxica.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.



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