13/12/2019 BARCELONA

¿A dónde van los desaparecidos? La agonía mexicana ante la brutalidad de la desaparición forzada

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visita Ayotzinapa [Foto: Realidad Expuesta vía Flickr].
Tristemente célebre por ser llamado ‘una gran fosa clandestina’, México se ha convertido en uno de los países latinoamericanos donde la desaparición forzada se ha cobrado alrededor de 40.000 víctimas bajo gobiernos de baja densidad democrática. El último dato oficial del gobierno mexicano sobre la cifra de las víctimas asciende a 40.184. Asimismo, el secretario de Gobernación anunció en Octubre de 2018 que la cifra de personas desaparecidas desde el año 2006 era de más de 37.400 personas (cifra oficial que figura en el informe mundial 2019 de Human Rights Watch).


Signado por la violencia política, el gobierno de Peña Nieto involucró al Ejército en tareas de seguridad interior para combatir el narcotráfico. El decreto fue sancionado en diciembre de 2017 y luego derogado en noviembre de 2018 por la Corte Suprema de Justicia. El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (conocido popularmente como  AMLO) reconoció la gravedad de las desapariciones forzadas y sancionó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada que ha permitido crear un mecanismo apropiado para la búsqueda de las víctimas. De cavar fosas y recuperar los cadáveres de los suyos por su cuenta saben mucho los familiares de las víctimas pero, ¿A caso logrará el gobierno de AMLO acompañar su compromiso de un proceso judicial para los perpetradores?

¿Porque el mundo observa a México y lo que sucede con sus desaparecidos? Han sido numerosos los países latinoamericanos que se han transformado en célebres referencias para hablar de la desaparición forzada. Argentina, por ejemplo, ha sido donde la última dictadura militar desapareció 30.000 mil personas. El caso argentino trascendió luego por sus mecanismos de justicia transicional como lo fue el Juicio a las Juntas inmediatamente luego del retorno a la democracia y por su trabajo en materia de antropología forense en el mundo.

Familiares de desaparecidos reclaman justicia en Monterrey [Foto: Realidad Expuesta vía Flickr].

México, a diferencia de Argentina en 1976, se entiende como un país bajo un gobierno democrático con elecciones y no dictatorial. En el campo de la ciencia política, las democracias pueden distinguirse por su bajo o alto nivel de intensidad y será una deuda pendiente repensar si las democracias siguen siendo tales ante el exterminio masivo de sus ciudadanos. El caso mexicano nos recuerda que, a contramano de la creencia popular, la desaparición forzada no es un crimen propio de las dictaduras: los gobiernos electos democráticamente han sabido valerse de este crimen para amedrentar y aterrorizar a los ciudadanos, activistas y opositores, entre otros.  Para reflexionar ante la crisis humanitaria que atraviesa México, vale la pena repasar los orígenes de este crimen.

 

¿Qué es una desaparición forzada?

Una distinción necesaria es la diferencia entre un desaparecido y una persona extraviada. El delito de la desaparición forzada se caracteriza por la responsabilidad estatal o de un agente estatal en su cometido, y la desaparición forzosa es en contra de la voluntad de la víctima. La Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas firmada diciembre de 2006 ha definido la desaparición forzada de la siguiente manera:

«Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, distrayéndose así a la protección de la ley.»

La práctica encuentra sus orígenes en el Decreto Noche y Niebla (Nacht und Nebel-Erlass), un decreto firmado el 7 de Diciembre de 1941 por las autoridades del Tercer Reich. El decreto debía solucionar una cuestión urgente para el Reich: ¿Qué hacer con los ciudadanos de los territorios ocupados? Ellos, no siendo ciudadanos de la Tercer Reich, tenían derechos reconocidos por la Convención de Ginebra. El Decreto Noche y Niebla  permitió a los nazis proceder con su secuestro,  traslado a campos de concentración sin ninguna instancia judicial previa y su posterior asesinato en total clandestinidad. Los prisioneros eran marcados por la estampa NN en su ropa para distinguirlos de otros prisioneros en los campos de concentración.

Durante el siglo XX, las dictaduras de América Latina adoptaron esta práctica al mismo tiempo que la practicaban de forma sistemática y transnacional. Las dictaduras de diferentes países intercambiaban inteligencia y ciudadanos, al mismo tiempo que desaparecer al adversario se hizo una práctica sistemática y cotidiana. Gran parte del presupuesto de estos países se destinaban a su aparato de inteligencia para espiar y capturar víctimas a la vez que se equiparon ejércitos paraestatales y se multiplicaban los centros de detención clandestinos. ¿Cuáles fueron aquellos países? Argentina entre 1976 y 1983, Uruguay entre 1973 1984, Chile entre 1973 y 1990, Bolivia entre 1971 y 1978,  Paraguay entre 1954 y 1989, República Dominicana entre 1930 y 1961, Perú entre 1968 y 1975, Ecuador entre 1972 1976, Colombia entre 1953 y 1957, Nicaragua entre 1936 y 1956, Brasil entre 1964 y 1985 y, finalmente, Venezuela entre 1953 y 1958.

La desaparición forzada como tal, sistemática e institucionalizada, es una constante en ambos tipos de regímenes políticos. Un régimen democrático tiene más garantías constitucionales pero no necesariamente las pone al servicio de las familias de las víctimas. Esta situación se ha transformado en la realidad cotidiana de los familiares de los desaparecidos mexicanos. A diferencia de las estrategias de resistencia y movilización de los años 70 bajo dictaduras, los familiares y la sociedad mexicana han sabido inaugurar nuevos mecanismo sin claudicar a su lucha.

México: Nuevas formas contra el olvido y la impunidad

El avance tecnológico ha transformado las estrategias de resistencia contra la impunidad y el olvido de los desaparecidos. Los familiares de las víctimas, que juegan un rol central en la búsqueda de sus seres queridos, se han agrupado dando origines a diversos movimientos sociales en México que también trabajan de manera transnacional con otros de América Latina.  El Equipo de Antropología Forense Argentino ha comenzado a trabajar en la identificación de restos en fosas comunes y también ha contribuido en el paradigmático caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Asimismo, los familiares se han organizado en caravanas que recorren el país para concientizar sobre lo ocurrido mientras que las mujeres se agrupan para cavar fosas clandestinas en busca de pistas o los restos de sus hijos.

Familiares de las víctimas se reunen con organismos internacionales [Foto vía Flickr].

Uno de los proyectos más interesantes en materia de lucha contra el olvido y de ejercicio constante de la memoria es el proyecto de Data Cívica. La organización se ha valido de la tecnología para constituir una base de datos que reemplaza los números del legajo de un desaparecido por su nombre. La tarea mesiánica fue la de descifrar 32.000 nombres que el Registro Nacional de Personas Extraviadas y la Secretaría de Gobernación no reconocía como víctimas de la desaparición forzada, así como tampoco aportaba datos, manteniéndolos en el anonimato. La base de datos presenta el nombre de la víctima, devolviéndole su identidad y derrotando el anonimato característico de la desaparición forzada.

El periodismo ha ocupado un rol central en la lucha contra la impunidad. La plataforma de investigación periodística A dónde van los desaparecidos es un proyecto periodístico junto con 5to Elemento (Laboratorio de investigación periodística) y Open Society Foundations. Haciendo uso de la tecnología, no solo han construido una plataforma periodística con investigaciones periodísticas de primer nivel sino que han establecido un mapa interactivo localizando las fosas clandestinas en México.  El sitio web también cuenta con la investigación periodística El pais de las 2 mil fosas, publicada el 12 de noviembre de 2018 que ha ganado el Premio Breach/Valdez en Periodismo y Derechos Humanos.

La sociedad civil se ha valido de recursos inexistentes para los organismos de derechos humanos de los años 70: La viralización de información en las redes para romper el cerco mediático y alcanzar una visibilidad del asunto que le valió la incorporación a la agenda de los organismos internacionales. También se vale de elecciones democráticas que han encumbrado a AMLO en el poder. Por primera vez, un gobierno electo democráticamente reconoce la gravedad de la situación y realiza sus primeros intentos de comprometerse con la sociedad civil. La búsqueda de las víctimas no es suficiente y necesita ser acompañada por un proceso de verdad y justicia. Queda preguntarse, finalmente, si AMLO logrará clausurar la fosa clandestina.

 

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

 

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Carla Vanesa Torres

Argentina y feminista. Politóloga. Magíster en Derechos Humanos por la Universidad de York, UK. Becaria Chevening 2017-18. Escribo sobre derechos humanos, desapariciones forzadas y justicia transicional.


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