21/09/2018 BARCELONA

La crisis de las familias separadas: EE.UU. y la política de tolerancia cero en sus fronteras

Estados Unidos ha separado a casi 2000 menores de sus familias en la frontera con México en solo seis semanas y esto ha ocasionado una serie de reacciones y una situación de crisis social y política que parece no tener fin.

El actual presidente de EE.UU. Donald Trump tiene una política antimigratoria muy marcada, ya desde su campaña para la presidencia. Llegó al gobierno con la promesa de deportar a los más de 10 millones de indocumentados en Estados Unidos, la mayoría proveniente de México y Centroamérica. Sin embargo, la situación no es tan simple como construir un muro en las fronteras o sacar del país a todos los inmigrantes. No cuando muchos de ellos viven allí desde hace años o ya están casados y con hijos que son ciudadanos estadounidenses.

Los anteriores gobiernos privilegiaban la expulsión de inmigrantes que habían cometido delitos serios. No obstante, el gobierno de Trump ha eliminado esas prioridades y busca deportar a cualquier persona indocumentada que esté en tierras estadounidenses, sin importar que no tenga antecedentes penales o no representen un peligro para la sociedad. Es así como, poco a poco, las medidas antimigratorias se han vuelto más rígidas. Al ver cómo el número de  personas que entraban ilegalmente al país no hacía más que aumentar, Trump ordenó al fiscal general, Jeff Sessions, que anunciase su nueva política de “tolerancia cero”.

Tolerancia cero

Según ella, toda persona que llegue a Estados Unidos de manera ilegal resultará detenida y se enfrentará a cargos criminales. Cuando se trate de familias, a los niños se les enviarán al Departamento de Salud y Servicios Sociales, quienes deberán buscarle una familia de acogida. Hasta que eso suceda, el niño vivirá en un albergue para menores, llegando a pasar separado de sus padres semanas o incluso meses.

Al impulsar que el Departamento de Justicia trate a los indocumentados que intentan ingresar a territorio estadounidense como autores de un delito por el que deben ser juzgados, pierden la custodia de sus hijos. Como resultado, casi 2.000 menores fueron separados de sus familiares entre abril y mayo de este año y la cifra sigue aumentando, pues el Departamento de Salud reconoció que ha perdido el rastro de más de 1.475 niños. Esto ha sucedido debido a que, una vez que son entregados a los nuevos tutores, el gobierno se desentiende de la custodia de los menores y no hay un programa que le dé un seguimiento a su situación posterior.

Estas deficiencias en el mecanismo utilizado por las autoridades para el seguimiento de estos menores complican aún más su situación legal en Estados Unidos: al no asistir a las audiencias donde se decidirá su estatus migratorio, violan sus términos de admisión, lo que tiene como resultado una orden de deportación por ausencia. Sin embargo, al perderle el rastro a los niños, estos no se enteran de estas audiencias, pues las citas son enviadas muchas veces a lugares donde ellos ya no residen.

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta el aspecto psicológico de este proceso. Estos niños, en su mayoría, han experimentado traumas en sus países, algunos muy graves, y al llegar a Estados Unidos en condiciones tan deplorables se enfrentan a retos más difíciles, como la integración en sus nuevos hogares, la dificultad para entender el idioma o la preocupación al hallarse solos en un país desconocido. Lo peor de todo es que no reciben ningún tipo de tratamiento psicológico para afrontar su nueva situación

Ante los ojos del mundo

Gracias a esta política, los ojos de todo el mundo se han volteado hacia Estados Unidos, y no es para menos. La experiencia traumática de separar a niños de sus padres ha hecho que muchas organizaciones internacionales y grupos políticos que incluso apoyaban el mandato de Trump le den la espalda. Las protestas no se han hecho esperar y legisladores demócratas, organizaciones internacionales como la ONU e incluso miembros del Partido Republicano han dado a conocer que están en contra de esta medida, la cual consideran no solo innecesaria, sino también contraria a los Derechos Humanos.

Protesta frente a la embajada estadounidense en México por la política de separación de familias inmigrantes. [Imagen vía Wikimedia Commons]

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, también ha cuestionado una práctica que implica un abuso contra la infancia y que, en su opinión, puede provocar daños irreparables y de por vida para los menores afectados. Varias ONG y asociaciones, como UNICEF y Save the Children, han calificado esta política como “extremadamente cruel” y han mostrado su rechazo hacia ella.

Niños de menos de seis años han tenido que enfrentarse solos a procesos judiciales en cortes en todo Estados Unidos, muchos de ellos apenas aprendiendo a hablar y no sabiendo qué decir ante las preguntas que les hacían.

Además, por tratarse de casos civiles, los niños no tienen derecho a un abogado de oficio, por lo que personas que trabajan para ONG se hacen cargo de algunos casos. La abogada Maite García defendió a dos niñas de 3 y 6 años que fueron separadas de su madre en la frontera sur del país el pasado marzo tras cruzar sin documentos y desde ahí anduvieron por su cuenta. Y, aunque es triste, no es el único caso. Son solo algunos de los miles que suceden en las cortes de inmigración estadounidenses.

Aunque en un principio Trump se negó a dar un paso atrás respecto a esta política, ha sido tanta la presión internacional que ha terminado cediendo. Así, el Gobierno comenzó a actuar para reunificar a las familias inmigrantes que han sido separadas desde el mes de abril, una situación que afecta a más de dos mil menores. Aunque Trump no ha dado detalles de cómo será esa reunificación, es un primer paso para contener una crisis creada por él mismo.

Pruebas de ADN

Reunir a tantos miles de niños separados de sus padres inmigrantes indocumentados que se encuentran en la frontera es una tarea muy compleja y, para ello, el gobierno ordenó apoyar el proceso con pruebas de ADN para agilizarlo. Sin embargo, esta medida ha ocasionado rechazo por parte de la mayoría. Por ejemplo, Peter Ney, estudiante de doctorado de Informática en la Universidad de Washington, afirma que esta práctica tiene “tres clases de riesgos: vigilancia genética (para el individuo y su familia), discriminación genética y violación de datos”.

En primer lugar, se necesita la autorización de un tutor para que un menor de edad se someta a una prueba de ADN. Al encontrarse solos, estos niños no cuentan con sus padres para que autoricen tal práctica, por lo que se estaría incurriendo en una violación a sus derechos. En segundo lugar, con la información obtenida de estas pruebas de ADN es posible crear perfiles genéticos que puedan identificar a un sujeto y también a su familia extendida. Para añadir, Ney afirma que otro de los riesgos es que esta información pueda ser utilizada en un futuro para la discriminación, por ejemplo en temas como los seguros de vida o el empleo.

A pesar de que se ha dado marcha atrás a la política de “tolerancia cero” y se está haciendo un esfuerzo por reunir a los niños con sus respectivos padres, muchos de ellos aún no están juntos. Los niños fueron distribuidos en decenas de albergues mientras que los padres fueron enviados a cárceles y centros de detención, pero al hacerlo no se recopiló la información necesaria para poder reunirlos en un futuro.

Lo cierto es que la crisis está lejos de terminar y, a medida que pasa el tiempo y las familias siguen sin reunirse, parece agravarse cada vez más. Al poner en vigencia esta política, el presidente buscaba supuestamente acabar con el problema de la inmigración presente en Estados Unidos desde hace mucho y mandar un mensaje a los futuros migrantes de que podían perder a sus hijos si se arriesgaban a cruzar la frontera de manera ilegal. Sin embargo, solo ha logrado que Estados Unidos se enfrasque en una crisis social en la cual los más perjudicados son esos niños y niñas que ahora sufren por no poder reunirse con sus progenitores.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Yazmin Mezarina

Lima, Perú. Estudiante de Comunicaciones con mención en Comunicación Audiovisual en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro de la Asociación Civil Internacia y Directora de Prensa de la VII edición del PUCPMUN. Me interesan los temas de derechos humanos y política internacional.


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