17/08/2018 BARCELONA

La gente en los gobiernos no entiende lo que es Internet

El ciberespacio es un entorno totalmente nuevo que conlleva ciertas dificultades inherentes. La creciente conectividad y el uso masivo del ciberespacio hacen dar cuenta de la complejidad del fenómeno de la ciberseguridad. Internet es el canal y la forma de expresión más moderna y desarrollada que existe, pero ¿cómo se debe abordar la relación entre ciberseguridad y derechos humanos (DD.HH.) si muchas veces los gobernantes y quienes tienen a su cargo legislar y crear leyes para proteger a sus ciudadanos no entienden lo que es Internet?

Un claro ejemplo de lo poco que las autoridades y gobernantes entienden Internet se pudo ver durante la interpelación, en abril de 2018, a Mark Zukenberg en el Congreso de los Estados Unidos por el escándalo de Cambridge Analytica durante la campaña electoral de Donald Trump, donde algunos de los congresistas dejaron entrever su desconocimiento del tema, con algunas de sus preguntas. Por ejemplo:

“Senador Orrin Hatch: ¿Cómo sostiene su modelo de negocio si los usuarios no pagan por su servicio?

Zuckerberg: Senador, tenemos publicidad.”

Aparentemente, a nivel político internacional se muestra despreocupación pero no se puede obviar la necesidad de proteger a los ciudadanos dentro de la red. El Índice Global de Ciberseguridad (GCI) 2017, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), mide el compromiso de los 193 estados miembros de la UIT con la seguridad cibernética. Además el índice también muestra la mejora y el fortalecimiento de todos sus indicadores, definidos por los pilares del Programa Mundial de Seguridad Cibernética de la UIT, que son el marco legal, técnico, organizacional y la cooperación internacional.

Contrario a lo que muestra el GCI, recientemente el relator especial sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, resalta en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos cómo las medidas de ciberseguridad pueden ir en detrimento de este derecho.

La privacidad o intimidad permite a las personas disfrutar de sus libertades, desarrollar su personalidad y participar en la vida política, económica, social y cultural de su entorno. Por lo tanto, las decisiones que la menoscaban repercuten directamente en los ciudadanos.

A pesar de que los enfoques varían, el documento indica que ninguna de las piezas de legislación respeta las normas internacionales sobre el derecho a la privacidad y, por consiguiente, éstas permiten que se infrinjan principios como la confidencialidad o la integridad, entre otros. En este sentido, el relator ha destacado la situación de los ciudadanos que han visto violada su intimidad y no han podido exigir medidas correctivas porque la ley no las contempla. “Hay casos donde no existen mecanismos nacionales para vigilar las comunicaciones o el uso de Internet, e incluso donde los hay, resultan ineficaces y no garantizan suficiente transparencia ni responsabilidad”, señaló.

Si Internet es una forma de expresión del ser humano, sería coherente que se tomara como criterio fundamental que las personas cuenten con los mismos derechos dentro y fuera de Internet, entonces los Estados estarían obligados a proteger a los ciudadanos y velar por sus derechos fundamentales dentro y fuera de éste.

Por tanto, las autoridades y gobernantes deben abordar la legislación sobre la ciberseguridad con un enfoque de DD.HH., lo cual no es simplemente afirmando y reconociendo los DD.HH. sino garantizándolos y respetándolos en la legislación respecto al ámbito digital. Pero nadie puede favorecer legislar correctamente algo que desconoce.

La protección de datos personales es un derecho humano universal y fundamental reconocido a nivel global en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos. Con la libertad individual, la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, honor y dignidad personal, está consagrado por el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y además es un garantía constitucional en la mayoría de ordenamientos jurídicos iberoamericanos en el marco del “habeas data”.

Pero en países como Guatemala, donde se encuentra actualmente en debate la iniciativa de ley 5239 contra actos terroristas, se busca introducir y sancionar la figura del ciberterrorismo. Pero debido a una definición amplia y de límites difusos, periodistas y activistas temen que sea utilizada para perseguir y silenciar las voces disidentes que se han alzado a través de las plataformas en línea.

Comunicado de prensa de la Cámara Guatemalteca de Periodismo [Foto vía Cámara Guatemalteca de Periodismo].

Otro caso que atenta contra los DD.HH., específicamente al derecho a la información, es la llamada Ley Lleras en Colombia, que se viene discutiendo desde 2011, y que trata sobre los derechos de autor, la cual busca actualizar el marco del derecho de autor en Colombia para cumplir con las obligaciones adquiridas en el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.

Una ley muy parecida a la ley del ‘copyright’ en la Unión Europea, la cual pretende obligar a las plataformas que publican contenido de usuarios, entre las cuales se encuentran las Redes Sociales más usadas a nivel mundial como Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, etc., a usar filtros cuando los usuarios les cargan contenidos. Los filtros deberán revisar todo lo que se vaya a subir para identificar si está protegido por derecho de autor y, de ser el caso, no permitir que se publique.

El Relator para libertad de expresión de la ONU, David Kaye, señaló que este mecanismo es muy peligroso para la libertad de expresión, pues tiene un efecto de censura previa. Otros famosos de Internet, como Vint Cerf o Tim Berners Lee, por su parte, advirtieron que estos filtros son una forma de vigilancia y control automatizada.

Sin duda alguna, la ciberseguridad es un tema muy importante que no debe tomarse a la ligera, y que afronta problemas muy difíciles desde la poca preparación y poco entendimiento de quienes tienen la legitimidad para crear y hacer leyes que protejan a sus ciudadanos. Definitivamente, la alta fragmentación entre los actores estatales complica la formulación de consensos y la efectividad de las acciones a desarrollar para responder adecuadamente a los retos que la ciberseguridad demanda.

Hay una necesidad urgente de cambiar el enfoque actual de las estrategias y medidas de ciberseguridad que garanticen la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el entorno digital. Las leyes sobre ciberseguridad deben tener como pilar el ser humano y deben ser desarrolladas garantizando y protegiendo los derechos humanos reconocidos.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

¿Quieres recibir más explicaciones como esta por email?

Suscríbete a nuestra Newsletter:


Jonathan Ardon

Guatemala, Guatemala C.A. Estudiante del último año de Relaciones Internacionales, en la Escuela de Ciencia Política, Universidad de San Carlos de Guatemala, apasionado de las Relaciones Internacionales y la Diplomacia, especialmente en el área de la negociación y el mantenimiento de la paz. Además posee un diplomado en Política, Estado y Sociedad por el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos INCEP, y diplomado en Derecho Electoral por el Tribunal Supremo electoral TSE.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Sobre nosostros

Con más de 2.000 explicaciones publicadas por más de 300 redactores de 45 países, United Explanations es la mayor plataforma online colaborativa de divulgación internacional en lengua española. Explicamos los asuntos internacionales con un enfoque de derechos humanos.


CONTACTO




Newsletter


¡Colabora con UNX!

Si tienes pasión por los asuntos internacionales y tienes formación o experiencia en la materia. ¡Únete a nuestro equipo haciendo click aquí!