17/12/2018 BARCELONA

OEA: Una mirada a la política peruana y sus consecuencias para el éxito de la próxima cumbre

[Foto vía WikimediaCommons].
En este artículo analizamos el tema a desarrollarse en la VIII Cumbre de las Américas, el papel que ha tenido Perú como país anfitrión y las posibles consecuencias que podría acarrear la crisis política peruana a la legitimidad de este evento internacional.

“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” es el tema que se discutirá durante la VIII Cumbre de las Américas a realizarse en Lima, Perú. Las expectativas ante este evento fueron altas en tanto se pondrían en debate mecanismos para hacer frente a la crisis más generalizada de los últimos tiempos: la corrupción.

El Perú había hecho manifiesto su compromiso en el desarrollo y despliegue de fuerzas, en colaboración con países del Hemisferio, para que este evento se convierta en la ventana de oportunidad para desarrollar mecanismos e instrumentos eficaces y hacer frente a lo que se denominó “un desafío fundamental” (C-048/17). El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (en adelante, OEA), Luis Almagro, también hace hincapié en el papel que tendría la Cumbre en la toma de decisiones para consolidar la región en términos democráticos y de derechos humanos (C-048/17). De esta manera, se planteó un evento que, a partir del diálogo y cooperación entre estados, podría reconocer la realidad de las instituciones latinoamericanas y permitiera garantizar las libertades fundamentales en un contexto como el que se vive actualmente en países en los que la democracia se ha puesto a prueba.

Sin embargo, para mediados del año pasado era casi inimaginable que en el Perú, país anfitrión de este evento, se desarrollara una crisis política de gran envergadura con el desenlace de una renuncia presidencial, hecho que de forma directa nos lleva cuestionar el éxito de la Cumbre. Po esto, el presente artículo se centrará en analizar el tema cetral de la VIII Cumbre de las Américas, el papel que ha desarrollado el Perú como país anfitrión y las posibles consecuencias que podría acarrear la crisis política peruana a la legitimidad de este evento internacional.

En primer lugar, se debe hacer hincapié en el tema que se debatirá el próximo abril sobre “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” y la importancia del mismo para la OEA. La Organización es considerada el principal foro gubernamental del Hemisferio, con inicios que datan de la Primera Conferencia Internacional Americana celebrada entre 1889 y 1890. Se compone de 35 miembros, entre los cuales 21 son miembros desde los inicios (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) y otros 14  se fueron integrando con el transcurso del tiempo (Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, Suriname, Domínica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, San Kitts y Nevis, Canadá, Belice y Guyana) (OEA 2017).

El organismo se plantea la preservación de un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, la integridad territorial e independencia, de manera tal que se centrará en los pilares de la democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Todo ello a través del dialogo y la cooperación entre los estados miembros, razón por la que el desarrollo de las Cumbres, en tanto espacio de difusión de ideas y construcción de mecanismos para la consolidación democrática de la región, es de gran relevancia para el organismo.

Así cuando hacemos alusión al tema de la siguiente Cumbre se debe resaltar que la “gobernabilidad democrática” no solo es un pilar esencial dentro de la Organización sino que el alcance de ésta se convierte en un desafío organizacional. Como reconoce el ex Secretario General, José Miguel Insulza, el reto que deben afrontar los países miembros es garantizar elecciones y gestiones democráticas; asimismo, se debe reconocer que existen desafíos para alcanzar un gobierno democrático entre los que se cuentan factores estructurales como las desigualdades y la pobreza, la falta de inserción en la economía global, el crimen organizado (drogas y trata de personas), el narcotráfico y la corrupción.

Es esta última, en su calidad de “mal endémico” que ha supuesto un retroceso en el desarrollo económico a la vez que un determinante para la pérdida de legitimidad de muchos gobiernos democráticos y sus instituciones.

El cuarto desafío es la gobernabilidad democrática, que será definida como la capacidad de la política para garantizar la permanencia de la democracia, con respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, satisfaciendo las necesidades de las mayorías nacionales. Se definirá como el ejercicio de poder legítimo sin que pueda servir de pretexto para un ejercicio no democrático, garantizará gobiernos efectivos con poder y condiciones para regir al país (Insulza 2015).

Esta definición ahonda aún más en la importancia del fortalecimiento de las instituciones políticas y del propio sistema de representación al reconocer la importancia de un sistema de partidos institucionalizado que posea representatividad popular y capacidad para gobernar. De igual forma, el ex Secretario General reconoce que será esta necesidad de instituciones públicas legitimadas lo que supondrá uno de los problemas más difíciles de afrontar en tanto las instituciones de la región se han caracterizado por un trabajo ineficaz o por tomar parte de hechos políticos.

Tras reconocer los principales retos para lograr la democracia se establece como directriz, desde un enfoque de interdependencia compleja, un intercambio dinámico de prácticas democráticas entre actores estatales, partidos políticos, parlamentarios, congresos, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y todas aquellas instituciones comprometidas con la consolidación democrática.

Ahora bien, no se puede negar la importancia de desarrollar este tema en el contexto que se vive actualmente. Durante el Foro Económico Internacional de las Américas del 21 de junio del 2007, José Miguel Insulza reconoció que el principal desafío que debían superar América Latina y el Caribe era el déficit de gobernabilidad, el cual impedía que estos países se pudiesen integrar plenamente a la dinámica política y económica mundial:

“Muchos de los países de América Latina y el Caribe, sin embargo, no están en condiciones de exhibir instituciones formalmente capaces de sacar adelante sus propias políticas, debido a la ineficiencia de esas instituciones, a que están demasiado politizadas o simplemente porque no son respetadas.” (C- 150/ 07)

Ciertamente, la relación entre la estabilidad política y el desarrollo económico no puede negarse en tanto un ambiente seguro y carente de corrupción asegura que los proyectos a largo plazo puedan ser desarrollados de manera efectiva y eficaz.

La OEA congrega a un número considerable de países de la región y ha logrado establecer organismos especializados para temas que acuden a sus miembros (seguridad, educación, manejo de drogas). No obstante, parece ser que la coyuntura política que se vive actualmente puede llegar a suponer el fracaso de su VIII Cumbre en un contexto en el que es casi imprescindible.

El Perú, como país anfitrión de la Cumbre, desarrolló una imagen de “fiel aliado para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos”. En una nota publicada en El Peruano, diario oficial del Perú, se mostraba a un país que se dirigía al bicentenario con grandes avances en materia de institucionalidad democrática y respeto de los derechos humanos, características que lo legitimaban para ser escogido sede de la próxima Cumbre de las Américas.

En palabras del actual Secretario General de la OEA, ésta era la oportunidad que necesitaba el Perú para demostrar el grado de estabilidad y fortaleza que poseía a la hora de encarar un evento de tal envergadura (El Peruano 2018). Se hizo hincapié en que, si bien Pedro Pablo Kuczynski hacia frente a un proceso de vacancia, había demostrado firmeza y liderazgo a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, los últimos acontecimientos vividos hacen que tales declaraciones carezcan de sentido y que incluso se reconozca que la política exterior peruana podría llegar a comprometer el éxito de este encuentro internacional.

La nota fue publicada el pasado 10 de febrero, fecha desde la cual se ha sucedido una serie de acontecimientos que llevaron no solo a que se propusiese un segundo pedido de vacancia contra el mandatario peruano, sino que éste no llegase a concluir, debido a que Pedro Pablo Kuczynski presentó su carta de renuncia días antes al debate en el pleno, el pasado 21 de marzo. Una vez más, el caso Odebrecht repercutió en la política interior del país cuando se acusó al entonces Presidente de haber recibido  782.207,28 dólares a través de una subsidiaria de Odebrecht cuando ejercía como Ministro de Economía en la gestión de Alejandro Toledo, presidente del 2001 al 2006.

A raíz de ello, en el Perú todavía se respirar inestabilidad política, lo que repercute directamente en el desarrollo de la Cumbre en tanto que presidentes como Santos y Macri han hecho pública una posible inasistencia al evento como consecuencia de la vacancia. Tal contexto puede también comprometer la asistencia del mandatario estadounidense Donald Trump, considerada de gran importancia para el evento.

Por otra parte, el problema generado como consecuencia de la posición tomada por el Perú al pretender evitar la participación de Maduro en la Cumbre contradijo los fines del evento y puede que evite que el debate en relación a la “gobernabilidad democrática” se centre en afrontar la realidad que viven actualmente los venezolanos.  Después de todo, no se puede negar la naturaleza de la Cumbre como  “un espacio de libre debate para el acuerdo y la toma de decisiones”. Cabe mencionar, por último, que la posición del Perú ante el tema a debatirse en la Cumbre pierde legitimidad ante los hechos ya relatados más aún cuando este país debe empezar a construir legitimidad desde cero en un contexto de gran inestabilidad.

Esta es la prueba de que la política interior de un país puede repercutir en sus relaciones exteriores, más aún, en el contexto de una reunión internacional, las decisiones que toma un estado puede poner en vilo la organización de eventos de tal envergadura.

 Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Claudia Villena

Lima, Perú Soy estudiante de Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales. Me interesan temas de empoderamiento femenino, inclusión social y el desarrollo sostenible. Email: [email protected]


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