23/08/2019 BARCELONA

“Lo personal es lo público”: el aborto en Argentina

Mujeres protestando a favor de la legalización del aborto delante del Congreso de Argentina el pasado 19 de febrero de 2018 [Foto: Rolando Andrade Stracuzzi vía http://segundoenfoque.com].
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, es el lema con el que una campaña intenta, por séptima vez, legalizar el aborto en Argentina. Pero éste es un debate que trasciende las fronteras del país y se dirige a un mundo donde 150.000 mujeres mueren cada año por abortar, un mundo en el que el 75% de los gobernantes son hombres que legislan bajo una estructura patriarcal. Este debate va más allá del aborto y pretende descolonizar el cuerpo de las mujeres y desnaturalizar su rol en las sociedades actuales.


El pasado 19 de febrero de 2018, miles de pañuelos verdes se reunieron en las puertas del Congreso argentino para exigir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en un país donde se realizan 500.000 abortos anuales. El 6 de marzo se presenta por séptima vez el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso, con la esperanza de conseguir un debate especial el 8M, coincidiendo con el Paro Internacional de Mujeres.

Más allá de la visibilización mediática que otorga relevancia coyuntural sobre el tema en la opinión pública, esta lucha hace años que crece y crece en todo el mundo. La polémica respecto al tema pone en evidencia la importancia y la necesidad de un debate que desmitifique y descolonice roles, cuerpos y mentes: debatir sobre este tema es debatir sobre el patriarcado y su correlato colonial en el cuerpo de la mujer.


Una de las primeras premisas a tener en cuenta para una reflexión seria es la sub-representación femenina en los espacios de toma de decisiones. Así lo reflejan las cifras de representación parlamentaria femenina a nivel mundial —que no superan el 25%— comparado con la población mundial de mujeres —que supera el 50%—. Y si a esto le sumamos la brecha salarial, la apropiación del cuerpo de la mujer como objeto de consumo y su desnaturalización —entre tantísimas otras realidades dentro de una cadena de opresión en el que las mujeres (y sobre todo las mujeres del mal llamado Tercer Mundo) ocupan el último eslabón y los hombres (sobre todo los del norte global) el primero—, queda claro que el margen de maniobra del otro 75% de la representación parlamentaria es comparativamente mayor, y que los hombres cuentan con mayor peso en la toma de decisiones. En un mundo en el que los cuerpos definen los derechos, el género es un mérito. Por esto necesitamos un análisis con perspectiva de género.

La segunda premisa es que las mujeres abortan, aun poniendo en riesgo su vida. Esto es un hecho: en el mundo se practican alrededor de 20 millones de abortos por año, de los cuales 150.000 terminan en muertes. En este sentido, la legalización del aborto no hace que se practiquen más abortos (como lo demuestra la experiencia europea), así como ilegalizarlo no impide que se realicen. Lo que sí permite la legalización del aborto es reducir drásticamente la principal causa de muerte materna (el caso uruguayo lo evidencia). Por esto necesitamos un análisis inductivo, más que deductivo.

La tercera premisa es que las mujeres que pertenecen a los estratos sociales más bajos corren comparativamente mayor riesgo de muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de la desigualdad sanitaria que provoca más muertes en el mundo. Por esto, el análisis debe ser socioeconómico.

“Ni una sola mujer muerta por aborto clandestino”, uno de los lemas de la manifestación a favor de la legalización del aborto del 19 de febrero de 2018 en Argentina [Foto vía http://prensa-latina.cu].

Desde un punto de vista jurídico, los argumentos a favor de la penalización del aborto deberían justificar la validez de que una ley no sólo prohíba un derecho sino que imponga una condición de vida, al obligar a las mujeres a elegir entre un aborto clandestino (con riesgo de muerte) o una maternidad coaccionada. También deberían responder bajo qué justificación se incumple con tratados internacionales o convenciones de derechos humanos a los que el mismo Estado se obliga a respetar (o debe respetar al tratarse de derechos humanos), como el Consenso de Montevideo de 2013, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, o la Convención por los Derechos del Niño. Desde un punto de vista moral, los argumentos a favor de la penalización de este derecho deberían justificar por qué la mujer que queda embarazada deja de ser considerada persona y se transforma en “cosa” o “medio” (rompiendo con el imperativo categórico de Kant) y por qué se considera que la mujer que decide abortar a priori esté realizando un mal. La excepcionalidad de estas reservas jurídicas y morales no es casual y también debe debatirse.

Una propuesta seria surge de espacios donde se tengan en cuenta estas premisas y se luche contra ellas. Es por eso que en Argentina el proyecto se presenta una y otra vez y el Congreso rechaza una y otra vez el debate. Es la séptima vez en más de doce años que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (CNDALSyG) presenta el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo con una propuesta clara: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Lo que se reclaman son políticas públicas (educativas, de acceso a la información y de acceso al sistema público de salud) efectivas e integrales, para que toda mujer pueda ejercer su derecho a interrumpir su embarazo si así lo desea. En definitiva, se reclama la presencia real del principal garante de los derechos humanos en cada país: el Estado.

En Argentina, el Código Penal establece una pena de hasta cuatro años para las mujeres que interrumpan su embarazo, pero reconoce que los casos de mujeres víctimas de abusos y los casos de embarazos con riesgo de muerte tienen acceso al aborto legal (no punible). Así se practican alrededor de 500.000 abortos anuales —de los cuales aproximadamente 100 terminan con un desenlace fatal—, lo cual desmiente que las penas de cárcel prevengan que las mujeres aborten o que salvan vidas. Asimismo, los casos de Belén (quien estuvo dos años en prisión por un aborto espontáneo no investigado), el caso LMR (una joven con retraso mental abusada a quien se le negó el acceso al aborto no punible), o el caso de Juana (una niña de 12 años víctima de violación en grupo que tuvo que sostener un embarazo inviable hasta la semana 31) demuestran que en la práctica el aborto es penalizado en todos casos. La necesidad de una adecuación legislativa respecto del aborto es evidente, como lo señaló el mismo TSJ en 2012.

Es decir, hay justificaciones jurídicas y morales, hay una demanda social creciente, hay también una demanda por parte de organismos internacionales y órganos jurídicos supremos y hay, además, una realidad fáctica que evidencian la plena validez del reclamo y la obligación de abrir el debate en los espacios políticos de toma de decisiones, ya que se trata de una democracia representativa. En una democracia seria, el debate no debería ser pro-aborto o antiaborto —lo que en definitiva corre el eje del debate y lo aleja de la realidad—, así como no se debate si la democracia está bien o mal.

El derecho al aborto va más allá del hecho de interrumpir un embarazo. El reclamo supone la descolonización del cuerpo y la desnaturalización del rol de la mujer y su destino. Se trata de un cuestionamiento, una problematización, una puesta en duda de un orden social patriarcal que se toma como dado, estático, cuando en realidad no deja de ser una construcción social que por ende puede de-construirse para destruirse. Habrá que preguntarse a qué mitad del mundo conviene. El debate existe, ayer, hoy y mañana. Sea en el Congreso o no.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Gloria Ogando

Siempre quise cambiar el mundo, pero sé que se hace desde abajo, y desde dentro. Por eso escribo desde mi cuerpo, desde mi razón caliente, co-razono. Escribo porque es pedagógico. Escribo como práctica de libertad. Escribo para visibilizar y escuchar alternativas silenciadas, partiendo de la premisa de la diversidad infinita del mundo y del sesgo occidental monopólico en el relato hegemónico. Me paro en el sur global, epistemológica y metodológicamente: no hay justicia social sin justicia cognitiva. Anti-patriarcal, anti-colonial, anti-capitalista: con estos mimbres, ¡a tejer!


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