16/06/2019 BARCELONA

Ecologistas e indígenas contra la administración federal: La reducción de Monumentos Nacionales en los EUA

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha aplicado una gran reducción de dos parques naturales en el Estado de Utah. La reducción, que afecta notablemente a territorios ancestrales de tribus indígenas americanas, abre la veda minera y de expolio de elementos de valor arqueológico o natural. Ecologistas y tribus indígenas se han aliado reclamando revertir la medida, que los más pesimistas ven como un precedente que podría ser aplicado a otros espacios naturales ahora protegidos en los EUA.


Bear Ears y Grand Staircase-Escalante, reducidos a más de la mitad de su extensión

El pasado mes de diciembre, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, aplicaba una gran reducción de dos parques naturales en el Estado de Utah. Se trata del recorte más grande jamás hecho en este aspecto, donde un total de más de 9.200 km2 perdieron su estatus de protección. Los dos parques, “Bear Ears” y la “Grand Staircase-Escalante”, se verían reducidos en un 84% y un 50% respectivamente, afectando notablemente a territorios ancestrales de tribus indígenas americanas, además de abrir la veda minera y de expolio de elementos de valor arqueológico o natural. Ecologistas y tribus indígenas se han aliado reclamando la reversión de la medida, que los más pesimistas ven como un precedente que podría ser aplicado a otros espacios naturales ahora protegidos en los EUA.

Historia y antecedentes de los lugares

Comparación de la extensión del Monumento Bear Ears antes y después de la medida [Foto vía The New York Times].

Fueron dos presidentes demócratas quienes habían establecido previamente la protección sobre los territorios de “Bear Ears” y “Grand Staircase-Escalante”. La ley de Antigüedades de los EUA[1], aprobada en 1906 por Theodore Roosvelt, permite al presidente poner bajo protección federal áreas públicas con un valor natural o histórico notable, recibiendo el título de “Monumento Nacional”. Actualmente hay hasta 129 monumentos, con famosos ejemplos como la casa de George Washington, el Gran Cañón del Colorado o la Estatua de la la Libertad.

Tan solo un año antes de la medida de Trump, su predecesor, Barack Obama, proclamó 547.074 hectáreas del Bear Ears monumento nacional. Por su parte, fue Clinton quien había protegido la vecina Grand Staircase-Escalante en la década de los 90.

En su proclamación, Obama hacía referencia de forma muy insistente en el importante papel que “Bear Ears” había jugado en la historia de los pueblos indígenas —la zona está ligada a hasta 5 tribus: Navajo, Hopi, dos ramas Ute y el Pueblo Zuni—, así como a la gran cantidad de microecosistemas que habitaban en la zona[2], recalcando así también su gran valor natural.

Sin embargo, parece ser que su polémico sucesor, Donald Trump, no tiene la misma visión acerca de la necesidad de proteger el territorio. Según Trump, los anteriores presidentes habrían abusado de la ley de Antigüedades para que el gobierno federal se “apropiara” de una tierra que en realidad es de los ciudadanos.

Base de la decisión y debates legales, políticos y ambientales

La decisión, que ha levantado un debate público notable en los Estados Unidos y ha provocado que las tribus afectadas demanden al presidente[3], ha sido tomada después que el secretario de interior Ryan Zinke propusiera en un informe de abril de 2017 la reducción de hasta 10 monumentos nacionales, de un total de 27 revisados[4].

Monumentos nacionales en territorio continental a reducir [Foto vía The Washington Post].

Dicho informe fue filtrado al Washington Post[5] y tampoco está libre de polémica, en tanto que ha recibido duras críticas. Una de las más atrevidas ha sido la del politólogo Nicholas Bryner, profesor de ley y políticas públicas ambientales de la Universidad de California Los Angeles (UCLA). En un artículo[6], Bryner tachaba de opaco y arbitrario al proceso de elaboración del informe, señalando, entre otras irregularidades, que el propio Zinke sólo había visitado presencialmente 8 de los 27 monumentos[7] en revisión para este tipo de medidas.

La administración norteamericana ha afirmado que la reducción de los dos parques no se debe a razones de explotación energética. No obstante, medios de comunicación como The Guardian han apuntado que sí existe producción de gas y petroleo en territorios contiguos, y ciertas empresas ven un gran potencial explotador en los nuevos territorios desprotegidos.[8]

Por su parte, el gobierno federal argumenta que hasta ahora la administración se había extralimitado en su tarea de proteger las tierras y apunta que la abertura de los territorios permitirá que los crucen carreteras y pastos, además de promover aspectos como la caza y la pesca sostenibles. La decisión cuenta, además, con el apoyo de políticos locales de Utah, que llevan tiempo apostando por una reducción de los monumentos nacionales para poder intervenir desde la administración estatal en los territorios[9]. Uno de ellos es Rob Bishop, que ha batallado contra muchas de las restricciones ambientales de la administración Obama —especialmente las relacionadas con las emisiones de gas metano y la minería[10]—, además de ser uno de los impulsores en el Congreso de la “National Monument Creation and Protection Act“o, como la llaman coloquialmente los círculos de legisladores, “ley de no parques nuevos”. Una iniciativa que no tan solo dificulta la creación de nuevos monumentos nacionales —atacando directamente la ley de Antigüedades— sino que permite reducirlos más fácilmente[11].

Trump pretende vender la decisión como una forma de “devolver” a la ciudadanía una serie de recursos naturales y territoriales que el gobierno federal les había “quitado”. Por otra parte, considera que hasta ahora éstos habían estado gestionados por las “élites burócratas” de Washington. Curiosamente, los activistas responden con un argumento totalmente opuesto: Las tierras nunca han sido de la población de los pueblos y ciudades de Utah, además de advertir que las intenciones finales del gobierno federal y de los políticos del Estado es intentar revivir la industria de la minería en la zona, especialmente en el caso de Grand Stair-Escalante[12].

Estos colectivos ecologistas advierten de la gran pérdida de recursos naturales que supondría a largo plazo la decisión. Prácticamente todo el monumento nacional contiene una rica vegetación y su fauna, ahora libres de la amenaza de la caza o la explotación. Detrás de sus argumentos hay el miedo a que estas decisiones se hagan extensas a otros monumentos nacionales, hecho que significaría un gran retroceso en muchas de las reservas naturales de los Estados Unidos.

Dark Canyon, uno de los lugares ricos en naturaleza y vestigios indígenas de Bear Ears.

Finalmente, hay un colectivo muy concreto que se encuentra en el ojo del huracán. Se trata de los indígenas de la zona, que han visto con alarma como las decisiones a nivel federal se posicionaban en su contra en menos de un año. En este aspecto, es importante reflexionar sobre la argumentación de Trump, que aboga por el “retorno” de las tierras a los ciudadanos y deja completamente al margen del debate a la población de las tribus. Ellos argumentan que en el territorio hay aún más de 100.000 artefactos que pertenecen a la historia de su civilización[13], además de poner en relieve un estilo de tratar la tierra mucho más respetuoso que el de la sociedad occidental.

La afectación de grandes extensiones con un enorme valor natural y población indígena por parte de políticas públicas no es un caso exclusivo de los Estados Unidos. El pasado noviembre expiraba la ley de emergencia territorial indígena de Argentina, poniendo en peligro las tierras de más de 1.500 colectivos de la zona[14]. Este hecho no acarrea sólo una situación muy complicada a nivel humano, sino también a nivel ambiental. Estudios demuestran un hecho bastante intuitivo:

En aquellas zonas de América Latina dónde las tierras y los indígenas están protegidos, la deforestación es considerablemente menor que en aquellas que son propiedad privada o del Estado sin proteger[15]

Conclusiones y reflexiones

El debate va más allá de la jurisprudencia o de los derechos históricos de los indígenas de la zona. Se trata otra vez del dilema entre progreso o protección del medio ambiente, así como de modelo general de sociedad y entorno. Donald Trump consiguió llegar a la Casa Blanca, entre otros motivos, por el apoyo de una clase trabajadora relacionada con la industria y la minería que había visto como durante la era Obama las políticas públicas en materia de medio ambiente tenían como efecto colateral la pérdida de puestos de trabajo en su sector. Con la llegada de Trump al poder, ya se han tomado decisiones que van en la dirección de crear empleo con un gran protagonismo industrial y minero, así como de explotación del propio territorio.

Es posible que la medida de reducir monumentos nacionales cree empleo inmediato en otros sectores, pero hay comunidades indígenas y locales ligadas al monumento, con una actividad sostenible que permite generar retorno económico y respetar el entorno. Por ahora, no podemos saber qué consecuencias tendrán las medidas tomadas por la administración, ni si a lo mejor podrían llegar a ser revertidas. Sin embargo, sí que podemos pensar hasta qué punto estamos dispuestos a pagar el coste de perder a largo plazo —o, incluso, para siempre— recursos naturales que ayudan al equilibrio ambiental tan sólo para generar un retorno económico que, muy probablemente, sería finito.

[1]https://www.nps.gov/history/local-law/anti1906.htm

[2]https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/12/28/proclamation-establishment-bears-ears-national-monument

[3]http://www.aljazeera.com/news/2017/12/native-tribes-sue-trump-bears-ears-monument-171206125555058.html

[4]https://www.nytimes.com/interactive/2017/09/18/climate/bears-ears-changes-monuments.html

[5]https://www.washingtonpost.com/national/health-science/shrink-at-least-4-national-monuments-and-modify-a-half-dozen-others-zinke-tells-trump/2017/09/17/a0df45cc-9b48-11e7-82e4-f1076f6d6152_story.html?utm_term=.28b2c0ac0a40

[6]http://legal-planet.org/2017/08/28/the-trump-administrations-arbitrary-review-of-national-monuments/

[7]https://www.doi.gov/pressreleases/secretary-zinke-sends-monument-report-white-house

[8]https://www.theguardian.com/us-news/2017/dec/04/trump- bears-ears- grand-staircase- escalante-
monuments-shrink

[9]http://archive.sltrib.com/article.php?id=5035755&itype=CMSID

[10]https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/06/public-land-giveawayfive-congressional-leaders

[11]https://www.theguardian.com/science/2017/dec/06/trump-cuts-national-monuments-assault-humanity-fight-utah-bears-ears-grand-staircase-escalante

[12]http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-trimble-grand-staircase-20171201-story.html

[13]http://www.aljazeera.com/news/2017/12/native-tribes-sue-trump-bears-ears-monument-171206125555058.html

[14]https://intercontinentalcry.org/argentina-1500-indigenous-danger-losing-land/

[15]http://www.wri.org/blog/2016/10/protecting-indigenous-land-rights-makes-good-economic-sense

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Guillem Pujadas

Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Pompeu Fabra, ha cursado estudios de postgrado en Urbanismo y Espacio Público en la Univesitat Oberta de Catalunya. Sin embargo, su campo laboral gira entorno la comunicación 2.0 en empresas privadas y el asesoramiento político a nivel local. Forma parte de una cooperativa de consumo, donde intenta contribuir a la transición energética, la economía de proximidad y comercio justo y los modelos de gestión basados en los comunes.


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