21/10/2018 BARCELONA

Srebrenica como punto de inflexión de la justicia internacional: verdad, justicia y reparación

Memorial y cementerio de las víctimas del genocidio de Srebrenica [Foto vía Wikimedia Commons].
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) cerró sus puertas a finales de diciembre de 2017, tras 24 años de actividad. El tribunal ha emitido 90 sentencias, entre ellas, destacan las de los genocidas Ratko Mladic y Radovan Karadzic. En United Explanations analizamos las más de dos décadas de actividad de este tribunal y la implicación de este tipo de juzgados en la resolución de conflictos.

En 1993 se creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) por la Resolución 827 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Según dicha resolución, el objetivo fundamental del tribunal es “enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia entre el 1 de enero de 1991 y una fecha que el Consejo de Seguridad determinará una vez restaurada la paz”. Las guerras de los Balcanes acabaron en 2001, por lo que el ámbito temporal del TPIY abarcaba diez años.

En este artículo abordaremos la reciente sentencia de este tribunal a Ratko Mladic, exgeneral del Ejército serbiobosnio, pero también repasaremos la evolución de la justicia ante las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Después de dictaduras y conflictos armados, tienen lugar los procesos de paz que deben contar con mecanismos para juzgar los crímenes cometidos.

Postconflicto y procesos de paz

Durante mucho tiempo, los especialistas en la resolución de conflictos han debatido sobre el binomio paz y justicia. Grupos especializados en procesos de paz han tendido a priorizar el alto al fuego y una paz negociada lo antes posible. En cambio, entidades protectoras de los derechos humanos han puesto el foco en la necesidad de reparar a las víctimas y buscar justicia. Mientras que una postura defiende que las medidas de responsabilidad pueden poner en peligro la paz, la otra sostiene, precisamente, que la justicia es indispensable para cimentar la futura democracia, puesto que, sin justicia, no puede haber reconciliación. Así pues, y aunque muchos hablen de la dicotomía entre paz y justicia, lo cierto es que la falta de justicia dificulta y debilita la paz.

Tras las vulneraciones de derechos y la violencia producidas por regímenes opresores, últimamente se ha evolucionado de una justicia retributiva o punitiva a una restauradora y reparadora. La primera se centra en los responsables de las atrocidades. En cambio, la justicia restauradora pone su atención en las víctimas y en la rehabilitación de sus derechos. En este sentido, Felipe Gómez Isa, Doctor en Derecho Internacional, habla de una “tríada indisociable”: justicia, verdad y reparación.

El mural de los nombres, memorial a las víctimas del genocidio en Potočari, cerca de Srebrenica [Foto vía Wikimedia Commons].

El derecho a la justicia se ha desarrollado bastante en los últimos años y se han delimitado las obligaciones de los Estados en este sentido. No sucede lo mismo en el caso de la verdad y la reparación, ya que se han trabajado más en el campo político que en el jurídico. Aún así, existen algunas resoluciones de las Naciones Unidas que hacen referencia a estos derechos.

Podemos citar, por ejemplo, la resolución titulada “Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” (Resolución 2005-30, de 25 de julio de 2005). En dicha resolución, se habla de la reparación de los daños sufridos y se especifica que las víctimas tienen derecho a:

solicitar y obtener información sobre las causas de su victimización y sobre las causas y condiciones de las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como a conocer la verdad acerca de esas violaciones”.

Centrándonos en la justicia retributiva, los mecanismos para juzgar a los responsables de las vulneraciones de derechos humanos han evolucionado desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, durante algunos años, especialmente en la década de los setenta y ochenta, hubo amnistías generalizadas para evitar la rendición de cuentas. Es el caso de algunos procesos de transición en Latinoamérica o de la transición española. Por ejemplo, en España se sigue usando la Ley de Amnistía de 1977 para impedir que se juzguen los crímenes del franquismo.

Cabe mencionar la importancia de la Corte Penal Internacional, que fue constituida por el Estatuto de Roma. Sin duda, este órgano supone un avance relevante en la justicia internacional, ya que es permanente y tiene competencia para juzgar los delitos de genocidio, crímenes de guerra, de agresión y crímenes contra la humanidad.

Aparte de la Corte Penal Internacional, también disponemos de los Tribunales Penales Ad Hoc y de los Tribunales mixtos. De hecho, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia es del primer tipo. También en el caso de Ruanda se apostó por establecer un tribunal ad hoc. Éstos se caracterizan por juzgar las violaciones más graves de derechos humanos, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Además, y a diferencia de la Corte Penal Internacional y de los tribunales mixtos, son instituciones únicas y especializadas y ejercen una jurisdicción limitada a nivel personal, territorial y temporal. Estos tribunales se encuentran fuera de los países donde se cometieron los crímenes juzgados.

Imagen de una fosa común, panorama típico en los países que han sufrido genocidios y crímenes contra la humanidad [Foto vía Wikimedia Commons].

En lo que respecta a los tribunales mixtos, intentan combinar elementos propios de un tribunal internacional y de uno nacional. Por esto se han presentado como una alternativa a los tribunales ad hoc allí donde el sistema penal interno no atiende las peticiones de rendición de cuentas. Se sitúan en los países donde se produjeron los hechos, por lo que son más próximos a las víctimas y a la población local en general. Al mismo tiempo, introducen beneficios propios de los tribunales internacionales como una mayor imparcialidad o protección del personal frente a los posibles ataques políticos internos. Este tipo de tribunales ya se ha usado en distintos lugares, como Sierra Leona o Bosnia-Herzegovina.

Además de los diferentes tribunales internacionales enumerados, no debemos olvidar que existe otra posibilidad para impedir la impunidad de los crímenes contra la humanidad. Nos referimos a la llamada justicia transnacional, que consiste en buscar justicia en tribunales nacionales de países distintos a aquéllos en los que se cometieron los delitos. A pesar de que, en términos generales, los dos principios jurisdiccionales básicos en derecho internacional son el de territorialidad y el de personalidad, existen actos concretos de tal gravedad que se consideran una amenaza a toda la comunidad internacional. Ante estos hechos, hay una jurisdicción universal. Tenemos algunos ejemplos como el intento de jueces españoles de procesar a Augusto Pinochet por los crímenes cometidos durante la dictadura en Chile. Otro caso más reciente es el de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que ha topado con una serie de trabas por parte del Estado español.

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

Este tribunal ubicado en La Haya tiene competencias para juzgar a las personas que hubieran cometido graves violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949, así como genocidio y crímenes contra la humanidad durante los conflictos en los Balcanes entre 1991 y 2001. Además, el órgano internacional también buscaba la reparación de las víctimas, evitar crímenes futuros y contribuir a la restauración de la paz y a la reconciliación en los territorios de la antigua Yugoslavia.

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha imputado a 161 personas. De este total, se han emitido 90 sentencias, ya que algunas han sido retiradas, otras se han transferido a tribunales nacionales o algunos acusados han fallecido. Éste fue el caso de Slobodan Milošević, quien fue encontrado muerto en el centro de detención del tribunal en Scheveningen, La Haya.

Radovan Karadzic [Foto vía Wikimedia Commons].

Milošević, que fue presidente de Serbia, es conocido como el “carnicero de los Balcanes” por su participación y responsabilidad en las guerras de los noventa en este territorio. El TPIY acusaba al político de crímenes contra la humanidad. Concretamente, se le imputaban ejecuciones de centenares de kosovares o la deportación de miles de personas. Aunque el tribunal no pudo dictar sentencia por el fallecimiento del acusado, el juicio de Milošević supuso un hito importante para la justicia internacional, ya que se trataba del primer jefe de Estado acusado por un tribunal internacional.

Otro caso conocido del tribunal fue el de Radovan Karadzic, expolítico serbobosnio que fue presidente de la República Srpska entre 1992 y 1996. Karadzic fue detenido en Belgrado en 2008, donde vivía con una identidad falsa, y trasladado a La Haya para ser juzgado por el TPIY, que lo condenó a 40 años de prisión en marzo de 2016. Se le consideró culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad por el asedio de Sarajevo, que fue llevado a cabo durante 4 años por las fuerzas de la República Srpska y el Ejército Popular Yugoslavo, y por el genocidio de Srebrenica. Durante los años del sitio de Sarajevo, la ciudad perdió aproximadamente el 36% de la población a causa de las muertes y la migración forzada.

La sentencia de Ratko Mladic

Junto a Radovan Karadzic, Mladic es la imagen de la limpieza étnica perpetrada contra croatas y bosnios musulmanes. Uno de los episodios más sangrientos de la Guerra de los Balcanes fue el genocidio de Srebrenica (Bosnia), donde unos 8.000 bosnios musulmanes fueron asesinados en julio de 1995. De hecho, es la matanza más grave cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Dicho genocidio fue ejecutado por unidades del Ejército de la República Srpska a la orden del general Ratko Mladic. Pese a que el genocidio de Srebrenica está reconocido por la comunidad internacional y las Naciones Unidas, Serbia y la República Srpska (la entidad serbobosnia de Bosnia) lo siguen negando.

Ratko Mladic [Foto vía Wikimedia Commons].

La ciudad de Srebrenica fue víctima de un asedio de dos años por parte del ejército serbobosnio. Finalmente, las tropas invadieron Srebrenica el 11 de julio de 1995, por lo que miles de refugiados huyeron al campamento de las fuerzas de las ONU y otros se desperdigaron por los territorios vecinos. Los militares serbios separaron a los hombres y niños de las mujeres y, en los días siguientes, miles de hombres musulmanes de distintas edades fueron asesinados y enterrados en fosas comunes. Unas 6.600 víctimas han podido ser exhumadas, identificadas y enterradas.

Cabe recordar también que la Corte de Apelación de La Haya confirmó la responsabilidad de los Países Bajos en la muerte de 350 varones que se habían refugiado en el interior del recinto militar de los cacos azules y que fueron entregados a las fuerzas serbobosnias. El Tribunal de Apelaciones de La Haya rechazó la acción judicial de un colectivo de víctimas de Srebrenica que pedía que el Estado holandés fuera considerado responsable de todas las muertes, también de las de aquéllos que se encontraban fuera del recinto de las Naciones Unidas.

Autoridades nacionales bosnias también han juzgado acusaciones relacionadas con la matanza de Srebrenica. En lo referente a tribunales estatales serbios, cabe destacar que en febrero de 2017 un tribunal serbio sentaba en el banquillo de los acusados a ocho hombres por participar presuntamente en estos asesinatos. Se trata del primer juicio celebrado en Serbia por crímenes de guerra y asesinatos de civiles musulmanes en Srebrenica en 1995. Sin embargo, el juicio no era por genocidio, ya que Belgrado ha rechazado esta definición de forma persistente.

Mladic consiguió huir de la justicia hasta 2011, cuando fue arrestado en Serbia. Aunque no se sabe cómo logró escapar de la justicia durante tantos años, se especula que se refugió en diversas casas particulares en el mismo país. En noviembre de 2017, Mladic fue condenado a cadena perpetua por el TPIY. Se le consideró culpable de 10 de los 11 cargos que se le imputaban, que incluyen genocidio y crímenes contra la humanidad. Mladic ha sido considerado responsable de la muerte de los 8.000 niños y hombres asesinados en Srebrenica.

En el fallo, que fue leído por el magistrado Alphons Orie, se indica que las muertes por las que se condenaba al acusado fueron crímenes contra la humanidad y se dice, además, que muchos de ellos fueron “brutales”. La lectura del fallo fue suspendida por una supuesta “crisis de hipertensión” de Mladic, por lo que su abogado defensor pidió un aplazamiento de la audiencia. No obstante, Orie siguió adelante y Mladic reaccionó insultando a gritos a los jueces. El magistrado pidió al personal de seguridad que llevara a Mladic a una sala aparte en la que poder escuchar la sentencia.

La masacre de Srebrenica y ahora la condena de Mladic siguen siendo motivo de polémica en Serbia y en la República Srpska. Ciertamente, el Parlamento serbio condenó, en una declaración aprobada en marzo de 2010, la matanza de Srebrenica. También pidió perdón a los familiares de las víctimas al no haber hecho todo lo posible por impedir las muertes. Esta declaración fue vista como un acercamiento a la Unión Europea, pero fue aprobada después de un intenso debate de horas y con sólo 127 votos a favor de un total de 250. Hubo 21 votos en contra, una abstención y 95 diputados ausentes. Además, dicha declaración no llegaba a definir como genocidio la matanza de Srebrenica.

Las fuerzas nacionalistas criticaron los hechos al considerar que debían condenarse en una misma declaración todos los crímenes cometidos durante las guerras de los Balcanes, incluidos los sufridos por la población serbia. La declaración también causó rechazo en sectores serbobosnios. Después de la sentencia de Mladic, se han escuchado declaraciones de líderes políticos de la República Srpska en su favor. Particularmente, Milorad Dodik, el Primer Ministro de la República Srpska, afirmó que los cargos en su contra eran fruto de las especulaciones y de una campaña orquestada y llegó a referirse al culpable de genocidio como a un “héroe”.

Tras años de espera, los familiares y supervivientes del genocidio de Srebrenica han logrado que se juzgue a sus principales responsables. La justicia es necesaria para la reconciliación y la paz, pero no consigue acabar con el dolor de las víctimas. Hatidza Mehmedovic, por ejemplo, perdió a sus hijos y a su marido en la masacre y hoy en día sigue viviendo en Srebrenica. Para ella, su vida después del genocidio “no es más que un castigo y un infierno”. Algunos familiares de víctimas de la masacre se reunieron en el memorial de Srebrenica para seguir en directo el veredicto del tribunal, pero otros prefirieron vivir el momento desde la intimidad de su casa. Otros colectivos de víctimas decidieron desplazarse a La Haya para escuchar la sentencia con las fotos de sus seres queridos asesinados.

Muchas víctimas reconocieron celebrar con amargura la sentencia condenatoria de Mladic. Munira Subasic, la presidenta de la asociación Madres de Srebrenica, se consideraba solo “parcialmente satisfecha”. Kada Hotic, otra integrante de la entidad, valoraba positivamente que Mladic hubiera recibido la mayor pena posible, a diferencia de Karadzik, pero tanto ella como Subasic lamentaban que el tribunal no había confirmado el genocidio en otras localidades, pese a existir pruebas. Bida Smajlovic, que perdió a muchos parientes durante la matanza, afirmaba que nada puede compensar el dolor de las familias, pero que es importante que se haga justicia.

Tras 24 años, el TPIY ha cerrado sus puertas después de la sentencia de Mladic. Dicho tribunal no ha estado exento de críticas. De hecho, las medidas de seguridad del TPIY fueron cuestionadas durante las últimas semanas después del suicidio por ingesta de cianuro de Slobodan Praljak, exlíder militar bosniocroata, el pasado 29 de noviembre. Praljak había sido condenado a 20 años de prisión por los crímenes cometidos contra la población musulmana durante la guerra de Bosnia. Después de que el tribunal de apelación confirmara la pena e informara de que su recurso había sido desestimado, Praljak declaró que no era un criminal de guerra y que rechazaba la sentencia. Acto seguido, bebió el veneno sin que ningún guardia pudiera impedirlo. También se ha criticado, entre otros aspectos, la lentitud del tribunal.

Aunque falta perspectiva histórica para valorar la labor del tribunal, ya se han manifestado algunos de sus logros. Según su presidente, Carmel Agius, el TPIY ha demostrado el poder de la justicia internacional en unos territorios que habían perdido la ley y el orden. Para la juez Elisabeth Odio Benito, el tribunal ha hecho un gran trabajo para proteger a las víctimas y ha conseguido normalizar una serie de derechos. Según Odio Benito, el TPIY ha sacado la ley de los libros y la ha puesto en la calle.

Aunque la función de la justicia internacional es fundamental, también son necesarios otros mecanismos de reconciliación. En este sentido, Nerma Jelacic, musulmana bosnia que fue la jefa de comunicación del TPIY, ha señalado que los archivos del TPIY contienen la verdad de lo que sucedió, pero que es preciso el apoyo internacional para que en la propia región se puedan consultar y la gente sepa lo que pasó. Para ella, hay que hablar de la verdad para seguir adelante. La jueza Odio Benito lo resumía hablando de “voluntad política”. Así pues, la justicia del TPIY favorece la reconciliación, pero también hay que exigir medidas políticas en aras de una paz sólida y fuerte.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Anna Medrano

(Barcelona, España) Licenciada en Comunicación Audiovisual y en Historia. Máster en Derechos Humanos, democracia y globalización. Ha trabajado en el sector sociocultural y ha colaborado en diferentes proyectos académicos. Especialmente interesada en la situación de los derechos humanos y en el estudio del presente desde una perspectiva histórica.


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