17/12/2018 BARCELONA

La expulsión de los rohingya, un factor de unión nacional

Refugiados rohingya huyendo durante la primera gran crisis de 2015 [Foto vía thenational.ae].
"Convirtiendo a los rohingya en “los otros” y en “terroristas”, el ejército ha captado el apoyo incondicional del pueblo", dice Stella Hnaw, analista política birmana. En este artículo, te contamos #desdeMyanmar la situación que se vive en el país asiático, unido contra la etnia rohingya en lo que ya es la crisis de refugiados más rápida del mundo, con episodios de limpieza étnica y crímenes contra la humanidad.

Naciones Unidas inició su lluvia de denuncias públicas tildando la actual crisis de los rohingya en Birmania (o Myanmar) como un “ejemplo de manual de limpieza étnica”. Semanas más tarde, con los testimonios de las refugiadas acogidas en Bangladesh delatando la violencia sexual a la que muchas han sido sometidas, los acontecimientos han pasado a rango de posibles crímenes contra la humanidad.

A día de hoy han sido expulsados más de medio millón de rohingyas —en su gran mayoría mujeres y niños— del norte de Rakhine, una región al noroeste de Birmania que linda con Bangladesh. Allí vivía gran parte de este pueblo musulmán considerado uno de los más perseguidos del mundo. En cuestión de un mes, más de la mitad de los rohingya, que desde tiempos lejanos habitaba el país surasiático y que sumaban poco más de un millón, ha perdido su hogar.

Esta crisis no es ni mucho menos la primera. Sobre todo desde 2012 se han sucedido episodios de violencia en Rakhine entre sus habitantes, mayoritariamente budistas y alentados por un creciente movimiento ultranacionalista, y la minoría rohingya.

Cada uno de estos picos de violencia ha generado movimientos de población hacia Bangladesh, Malasia, Indonesia e incluso Tailandia. También han resultado en desplazamientos en el mismo Estado de Rakhine, cuyo índice de pobreza es del 78% y en donde más de 120.000 rohingyas viven desde hace años en campos de internamiento a merced de la ayuda humanitaria.

En octubre de 2016, con la aparición del grupo armado Arakan Salvation Army (ARSA) y su ataque a nueve puestos de policía, el conflicto en Rakhine tomó un nuevo rumbo con la respuesta implacable del ejército birmano a un susodicho ataque terrorista islámico. Casi un año más tarde, el pasado 25 de agosto, ARSA asaltó docenas de puestos de policía y una base militar desatando la “operación de limpieza” más sangrienta por parte de los uniformados birmanos. Desde entonces, el país ocupa un protagonismo sin precedentes en la prensa internacional.

“Sin duda este es el episodio de violencia más intenso que hemos vivido, el más grave,” dice Wai Wai Nu, una activista rohingya y ex prisionera política que lidera desde Yangon —la capital económica— una organización no gubernamental de promoción de la paz. “Más de la mitad de mi pueblo se ha marchado. Y otros se han quedado atrapados en Maungdaw, a orillas del río, por no poder pagarse el trayecto en barco a Bangladesh.”

Efectivamente, la intensidad, la brutalidad de las represalias del ejército y la rapidez con la que se ha producido la expulsión masiva de centenares de personas han convertido la actual crisis de los rohingya en la emergencia de refugiados más rápida del mundo, así como en una catástrofe de derechos humanos y humanitaria que todavía dará mucho que hablar.

Se estima también que unas 27.000 personas de la etnia de Rakhine han sido afectadas y, según Human Rights Watch, que monitorea por satélite la quema indiscriminada de aldeas en el norte de Rakhine, al menos un tercio de los poblados rohingyas ha quedado hecho ceniza.

“El plan de los militares es siempre el mismo. Quitarle las tierras a los rohingya, meter a los que se quedan en campos y así proseguir con la campaña de segregación.” reclama Wai Wai. “Para los que se han quedado atrás la situación es desesperante. No tienen comida, cobijo ni ningún tipo de ayuda.”

A pesar de múltiples llamamientos por parte de la comunidad internacional, el gobierno ha bloqueado por completo la entrada al norte de Rakhine a las organizaciones humanitarias desde el inicio de su operación. Sólo la Cruz Roja ha comenzado hace unos días alguna distribución de ayuda. Tampoco la prensa ha podido acceder para cubrir los eventos de forma independiente.

Integrante del grupo budista extremista Ma Ba Tha de Myanmar, con un cartel que reza “El mundo no es sólo para los musulmanes” [Foto vía newmandala.org].

Unidos ante un enemigo común

Aunque este episodio haya conmovido e indignado a la comunidad internacional, en Birmania se vive de forma muy distinta. De hecho uno de los efectos colaterales de la crisis está siendo una insólita complicidad entre el partido de Aung San Suu Kyi —la icónica jefa de facto del Gobierno—, el ejército, y una gran parte de los birmanos que apoya sin reparo la expulsión de esta minoría.

Observadores del proceso político birmano coinciden en que el arraigado desprecio hacia los musulmanes rohingya, considerados inmigrantes bengalíes, se ha convertido en un factor de unión nacional sobre todo entre la mayoría budista y de etnia bamar.

Con alguna rara excepción, toda la prensa nacional se ha volcado para apoyar el discurso del gobierno insistiendo en el creciente peligro del terrorismo islámico y las penurias de los desplazados budistas de Rakhine. En todo lo posible, los periodistas birmanos obvian mencionar o mostrar imágenes del éxodo masivo de civiles rohingya o relatar los escalofriantes testimonios de aquellos que han conseguido cruzar a Bangladesh. En las redes sociales se vive una batalla campal con un discurso completamente polarizado. A los pocos días del inicio de la crisis surgieron miles de cuentas falsas de Twitter para acallar cualquier crítica, sobre todo de periodistas y activistas de derechos humanos internacionales acusados de favorecer la causa rohingya.

Convirtiendo a los rohingya en “los otros” y en “terroristas”, el ejército ha captado el apoyo incondicional del pueblo, explica con preocupación Stella Hnaw, escritora independiente y analista política de Kachin, otro de los estados birmanos en conflicto. “Para una gran parte de nuestra sociedad el sufrimiento de la comunidad rohingya ha pasado a un segundo plano, dando prioridad a un debate sobre su estatuto legal. En vez de abogar por un cese de las atrocidades que se están cometiendo, las discusiones se centran en su derecho o no a considerar Birmania su hogar.”

Según la ley de ciudadanía de 1982, los rohingya —que tampoco están incluidos entre las 135 etnias nacionales— no tienen derecho a la ciudadanía birmana, lo cual limita entre otras cosas su libertad de movimiento y el acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Aunque los derechos humanos de esta minoría étnica nunca habían figurado entre las prioridades de los activistas birmanos, esta crisis lo ha dejado aún más claro con el casi absoluto silencio por parte de las organizaciones de la sociedad civil.

Para colmo, los grupos budistas extremistas como Ma Ba Tha, enemigos de los derechos universales por considerar que merman los derechos de los budistas, posiblemente saldrán reforzados de esta crisis. “Sin lugar a duda grupos como Ma Ba Tha se benefician. Y el ejército, que muchos piensan que está detrás, encontrará cómo continuar utilizándoles a su favor,” dice Stella.

Ya en 2015, antes de las elecciones en las que arrasó el partido de Aung San Suu Kyi, los líderes de Ma Ba Tha salieron victoriosos con la adopción de las polémicas leyes de protección de la raza y la religión profundamente discriminatorias hacia los rohingya y pensadas para promover una nación de una sola religión y etnia. Aunque sin éxito, en aquel momento, la sociedad civil birmana sí se movilizó y alertó del peligro de dichas leyes. En un comunicado conjunto dijeron que “las actividades políticas basadas en la fe […] no responden a los objetivos de una co-existencia pacífica de todas las creencias y la prevención de violencia y conflicto extremo […]”

“Es triste,” dice Stella. “En muchos otros momentos nos hemos enfrentado a los militares con tanta audacia por su conducta hacia las comunidades que consideran ‘diferentes’, pero en este caso no reconocemos el mismo patrón de impunidad porque le afecta a un grupo con un color de piel y creencias diferentes a las nuestras.”

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Macarena Aguilar

Macarena Aguilar (Madrid, España) vive en Yangon, Birmania. Trabaja como consultora en comunicación para el desarrollo para agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales y forma parte del equipo directivo de Small World Stories. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene un máster en Cooperación Internacional. Macarena ha vivido y trabajado en diferentes países de Asia, América Latina y África. Síguela @MacarenaSWS


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