El poder del lobby químico en el mercado alimentario argentino: La Ley de Semillas

La Ley de Semillas representa una amenaza para la soberanía alimentaria de Argentina y un desastre económico y ambiental en favor de los intereses de multinacionales del sector químico y agroalimentario [Foto vía enredando.org.ar].

La ONG ambientalista Greenpeace dio a conocer un informe que desnuda los lazos existentes entre distintos funcionarios públicos y diversas organizaciones denominadas “científicas”, financiadas por multinacionales dedicadas al agronegocio, con el fin de avanzar en la aprobación de la Ley de Semillas, que significaría un duro golpe a la soberanía alimentaria en Argentina, ya que monopolizarían el mercado alimenticio.

El documento llamado “Ley de Semillas: Del campo al plato, el lobby de las empresas químicas” expone la necesidad de terminar con un modelo de producción contaminante y destructivo para el medio ambiente que se da en base al gran poder corporativo. Esto es una forma de neocolonización a través de la extracción de los recursos naturales, firmas de acuerdos comerciales que favorecen a empresarios del sector, y fusiones de multinacionales que consolidan su poderío.

Algunas de las consecuencias de los agrotóxicos son la contaminación del agua, la destrucción de los bosques nativos, infertilidad de los suelos, inundaciones y pérdida de la soberanía alimentaria que restringe a la mayoría de la población de acceder a productos saludables libres del uso de químicos.

El principal recurso de estas empresas es el abultado flujo de dinero que manejan, que les permite ganar influencia y corromper las instituciones.

¿Qué es la Ley de Semillas?

Lo que busca la ya mencionada legislación es la limitación del uso de semillas orgánicas por parte de los agricultores, con el objetivo de que sólo se pueda sembrar con granos patentados y modificados genéticamente. Es decir, los agricultores no podrán guardar la mejor parte de su cultivo para volverlo a plantar en la próxima cosecha porque van a tener que comprar las semillas patentadas de las multinacionales.

El negocio reside en que esos granos genéticamente modificados sólo soportan los herbecidas producidos por la empresa creadora de ese grano. Por ejemplo, la semilla que produce Monsanto sólo resiste el herbicida que vende la misma compañía, lo que obliga al productor agrícola a comprar toda la gama de productos de la multinacional sin tener la posibilidad de usar granos de su propia cosecha orgánica.

Cartel contra la multinacional Monsanto en una marcha contra la Ley de Semillan en Argentina [Foto vía observadorpatentesur.blogspot.com.es].

El informe de Greenpeace menciona que cuatro empresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y BASF) acaparan casi el 60% del mercado mundial de granos. La Ley de Semillas avanza sobre el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) y provoca que los productores paguen lo que el empresario quiera, olvidándose de miles de años de evolución biológica silvestre en las zonas campesinas.

Además, esto también acaba con el intercambio de semillas entre agricultores, ya que todos deberán ir a comprar para poder cultivar. Los habitantes de las zonas rurales no podrán enviarse parte de su producción porque pasaría a ser algo ilegal. Estas medidas atentarían sobre la agroecología y contra el cuidado del medio ambiente en un claro avance del mundo empresario en detrimento de los campesinos.

Por otra parte, el proyecto que pretende ser sancionado en el Congreso busca establecer el cobro de regalías por el uso de granos patentados que beneficiaría a compañías extranjeras. Es necesario remarcar que las multinacionales ocupan el 80% del territorio cultivable y sólo producen el 47% del empleo rural. Un marco de competencia desleal.

Otra de las consecuencias marcadas de este hecho es el desplazamiento de las familias rurales que deben emigrar a los grandes conglomerados urbanos con el fin de encontrar otra suerte. El éxodo campesino empieza a incrementarse a medida que se agrandan los cultivos de transgénicos.

Un trabajo realizado por el Instituto Nacional de Semillas (Inase) alerta que sólo el 3% de los productores cultiva casi la mitad de la superficie, es decir, hay una concentración muy rígida en pocas manos. Los productores pequeños sólo representan el 3% del territorio cosechado, un número insignificante teniendo en cuenta la geografía nacional.

Colombia es un claro ejemplo de este tipo de casos, ya que una vez que se sancionó una ley similar en el país, cerca de un 80% de las semillas patentadas eran de empresas extranjeras y una ínfima parte correspondía a la producción nacional. A su vez, hubo una desaparición progresiva de productos orgánicos, que son mucho más saludables por el hecho de no poseer químicos en su proceso de elaboración.

Según la organización Resistencia Ambiental, lo más peligroso de esta medida es la utilización del herbicida producido por Monsanto, el glifosato, porque libera millones de litros de agrotóxicos al ambiente y consolida un modo de producción a gran escala que puede producir cáncer, malformaciones congénitas, asma, alergias y tumores en los poblados aledaños. Sin embargo, en un año se utilizan 317 millones de litros de químicos.

Por otra parte, un estudio de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) remarca que cerca del 76% de las frutas y verduras poseen agroquímicos y el 27’7% de las mismas tienen entre 3 y 5 tóxicos en su elaboración.

El Ministerio de Agroindustria, capturado por las multinacionales

El actual Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, fue vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y desde allí firmo acuerdos con la Cámara de Seguridad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) por cuatro años consecutivos para el uso de agrotóxicos en el marco de las buenas prácticas agrícolas. La CASAFE es una asociación empresarial que representa a las empresas químicas involucradas en el negocio agroalimentario.

Imagen artística utilizada para protestar contra la instauración del lobby agroquímico en el sector alimentario de Argentina [Foto vía taringa.net].

Además, Buryaile es miembro de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (Red BPA), que promociona el uso de agrotóxicos de “bajo impacto”. Las multinacionales como Monsanto-Bayer, Dow, DuPont, Syngenta y BASF están representadas a través de, por ejemplo, CASAFE u otros organismos no gubernamentales que los financian y utilizan para hacer acción de lobby. La Red BPA está dirigida por Gustavo Indígoras, ex funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

A su vez, el Jefe de Gabinete de la cartera que conduce Buryaile, Guillermo Bernaudo, es integrante del Movimiento CREA, que recibe el 50% de sus ingresos de las multinacionales nombradas anteriormente. El fin de estos organismos es la de promocionar el uso de agroquímicos legitimándose como “cientificistas” o “apartidarias”, pero en realidad funcionan como núcleos técnicos de las empresas.

Y esto no es todo, la encargada de las políticas sustentables del Ministerio de Agroindustria es Beatriz Giraudo, ex presidenta de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) que recibe gran parte de su financiamiento de Monsanto-Bayer. El referente de la regional del municipio de 25 de Mayo de Aapresid es Ignacio Garciarena, Director Nacional de Agricultura.

De esta manera, se aprecia gráficamente el masivo desembarco de personas relacionadas con el agronegocio a un ministerio nacional. Como se mencionó con anterioridad, el poder de estas entidades está en su capacidad financiera, que les permite amarrar a diferentes organizaciones bajo su órbita.

El Ministerio de Agroindustria Bonaerense, otra trinchera de Monsanto

Casi como un retrato espejado de su par nacional, el Ministro de Agricultura Bonaerense, Hernán Sarquís, posee un aceitado vínculo con empresas del sector de los transgénicos. Fue Gerente General de semillas de Monsanto para Argentina, Uruguay y Paraguay, y es uno de los ideólogos del plan agrícola del gobierno nacional.

Sarquís, al igual que Buryaile, es integrante de la Red BPA y aseguró el negocio de las multinacionales en grandes regiones del territorio de la Provincia de Buenos Aires. No deberá sorprender el avance de las inundaciones en varios lugares del interior provincial y la expansión de la frontera de la soja en zonas agrícolas que provoca, entre otras cosas, desertificación.

Greenpeace señala que el actual presidente, Mauricio Macri, es miembro de la Red BPA y recibe influencia de las agroquímicas interesadas en expandir sus negocios. También figuran Gabriela Michetti, Juan Manuel Urtubey y Hermes Binner, entre otros de los 160 políticos involucrados. El poder legislativo también es un lugar de fuerte presencia del lobby empresarial.

En este contexto favorable, Monsanto acelera la producción en su planta en el municipio de Rojas después de su fallido intento de instalarse en Malvinas Argentinas, Córdoba, a raíz de un abrumador rechazo popular. Esta última obra fue anunciada con bombos y platillos por la ex-presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

Leave a Reply