La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y principal impulsora de Unidad Ciudadana, en un encuentro con movimientos sociales en el estadio José Amalfitani [Foto: Casa Rosada Presidencia de la Nación vía WikimediaCommons].

El pasado mes de junio, la expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció, ante una audiencia que superaba los 30.000 simpatizantes, que la necesidad de hacer frente a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri introducía el imperativo de aglutinar a la ciudadanía y a los movimientos opositores al régimen gubernamental dentro de una misma plataforma desde la cual se articulase la movilización que, hasta el momento, cada uno de los sectores inconformes con el macrismo había llevado a la práctica en solitario.

De cara a las próximas elecciones de octubre, en las que el sistema político argentino se juega la constitución de la mitad de la cámara de diputados y un tercio del Senado, así como diversos cargos provinciales y municipales en quince provincias, la plataforma lanzada por Fernández de Kirchner, Unidad Ciudadana, consiguió consolidar, en el momento, tanto a diversos movimientos sindicales como a un conjunto de cinco partidos (Compromiso Federal, Frente Grande, Kolina, Nuevo Encuentro y Partido de la Victoria) tradicionalmente opositores a los sectores conservadores de derecha en el país.

En términos electorales, el que el frente encabezado por Fernández de Kirchner haya aglutinado a cinco de las principales fuerzas partidistas de la nación dentro de una misma agenda programática —en general congruente y operable desde los diversos espectros ideológicos que les son propios a cada uno de los cinco institutos políticos— no representa una simple jugada de afinidades en los credos políticos que profesan. Por el contrario, la decisión en torno a la conformación del bloque es indicativa de la conciencia que se tiene en Unidad Ciudadana sobre las fortalezas de cada instituto político, por un lado, y por el otro, de los réditos que cada uno sumará al frente para consolidarlo como la principal fuerza electoral en el camino hacia los próximos comicios presidenciales.

Por ello, no debe pasarse por alto que, de los movimientos políticos que conforman Unidad Ciudadana, el grueso de su constitución se concentra, de un lado, en tener presencia de base dentro de algunas de las provincias que representan el principal peso progresista del país (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Misiones y Neuquén); y del otro, en aglutinar a la mayor cantidad de partidos, nacionales y provinciales, de izquierda; los mismos que, en coalición electoral, dieron a Fernández de Kirchner sus dos victorias presidenciales y le permitieron mantener la presencia de su plataforma de gobierno en espacios clave para su instrumentación en la forma de políticas públicas.

No obstante, parece que el único dato que hace ruido es que el Partido Justicialista no se encuentra dentro de la coalición. Y es que si bien es cierto que el grueso de los políticos y simpatizantes ciudadanos que conformaban la estructura de ese instituto se adhirieron, de facto, a Unidad Ciudadana, también lo es que, para no haber sido convocado a formar parte del frente amplio kirchnerista, las trabas que las élites y las dirigencias del justicialismo debieron colocar a la expresidenta y a sus propios simpatizantes debieron de ser lo suficientemente insalvables como para forzar la ruptura. No sobra señalar, en este sentido, que tan sólo la escisión de la corriente Evita —interna al justicialismo y una de las principales movilizadoras de fuerzas de base de Cristina Fernández en sus dos mandatos presidenciales— del kirchnerismo implica ya la puesta en cuestión de la fortaleza que son capaces de adquirir ciertos movimientos socio-electorales cuando éstos actúan en favor de las políticas neoliberales macristas con bandera de izquierda moderada, o progresista.

Como elección de medio término, los comicios de octubre serán la primera vez que el macrismo intente refrendar en las urnas su gestión al frente del gobierno nacional: su derrota en las boletas no únicamente representaría una fuerte resistencia institucional en lo que resta de su gestión, al momento de hacer valer su programa de gobierno, sino que, además, implicaría un fuerte debilitamiento de su capacidad logística, financiera y de movilización de bases electorales para las contiendas electorales de 2019.

Y es que si las posiciones que se conquisten en diputaciones, senadurías y puestos provinciales y municipales son fundamentales para mantener en funcionamiento continuo a los aparatos electorales tanto del oficialismo como de la oposición, la verdadera derrota para el gobierno de Macri, en particular, y para el amplio conjunto de actores que militan en la derecha conservadora, neoliberal, en general, se materializará en el grado y la profundidad con la que los sectores populares se articulen unos a otros, a partir de la experiencia comicial apalancada por Unidad Ciudadana para oponerse a las reformas estructurales que el gobierno de Mauricio Macri aún no termina de cristalizar.

Protesta ciudadana en Mar del Plata en contra de la política conocida como el ‘tarifazo’ [Foto: EMans vía WikimediaCommons].

En efecto, la lucha política en los comicios será importante para ambos extremos de la ecuación que se disputan su lugar dentro del aparato de gobierno argentino. Sin embargo, la batalla de la ciudadanía por recuperar, mantener o mejorar las condiciones de vida en las que se desenvuelve su cotidianidad será aún más decisiva para marcar la agenda que se deberá de seguir en lo sucesivo. Después de todo, la gestión de Macri al frente del gobierno federal no ha sido una de las más respaldadas por los sectores populares del país en cualquier materia.

Y lo cierto es que el descontento social —del cual se vale Unidad Ciudadana para capitalizar su estrategia electoral— no es para menos. De continuarse con la tendencia hasta ahora observada en política económica, uno de los principales flagelos a las condiciones de vida de los argentinos seguirá siendo la pérdida de su poder adquisitivo, acentuada, por un lado, gracias a un régimen sostenido de incrementos en el coste de diversos servicios ofrecidos por el Estado —gas, electricidad, etc.—; y, por el otro, de una política de congelamiento de los salarios que, sólo en la mejor de las negociaciones logró alcanzar la promesa de pasar de los 8.860 a los 10.000 pesos mensuales para julio de este año —5.200 pesos por debajo del mínimo requerido para obtener la canasta básica.

Pero no sólo eso. Una inflación de alrededor de 28 puntos porcentuales es un acelerador de la desigualdad y del empobrecimiento que hace sentir sus efectos de manera general, en cualquier consumidor de la economía argentina —aunque no signifique lo mismo para un trabajador que gana el mínimo que para un empresario que especula en bolsa con los precios de los comodities—. No obstante, no es la mayor de las agresiones que el macrismo ha cometido en contra de los ciudadanos argentinos. Y es que, la realidad de Argentina da muestra de diversas crisis —paralelas a la reducción del poder adquisitivo, a veces efecto suyo, a veces su detonador— que se concentran en sectores muy particulares.

El caso de las centrales sindicales, en general, y de los sindicatos gubernamentales, en particular, es un claro ejemplo de políticas específicas que se han concentrado en desmantelar algunas de las más preciadas conquistas laborales de los trabajadores. Desde profesionistas del sector de la salud hasta trabajadores del ramo de justicia, pasando por el educativo, el de transportes, de alimentos etcétera; los sindicatos se han mantenido como una de las principales resistencias a los despidos masivos, a la judicialización de la protesta social, a la reducción de salarios y prestaciones laborales, o a la eliminación de las mismas, como en el caso de las más de 170.000 pensiones no contributivas canceladas, en tan sólo dos años.

El entonces jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, y la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, reunidos para la inauguración de un tramo de la autopista Illia [Foto: Mauricio Macri vía Flickr].

El 47% de los infantes de 0 a 17 años de edad en situación de pobreza extrema que contabiliza UNICEF; las asociaciones ambientalistas y los grupos de comunidades indígenas en contra de los proyectos extractivos, en materia minera, o los conglomerados de campesinos que se ven despojados de sus tierras por empresas transnacionales dedicadas al desarrollo de cultivos transgénicos; por ejemplo, son otros de los sectores que se han visto más afectados por políticas públicas que, desde el dogmatismo del decálogo formulado en el Consenso de Washington, se justifican afirmando que son en favor de la libertad, la igual, la democracia y el progreso económico.

De cara a esos estratos, el endeudamiento público del Estado, por una suma de 2.750 millones de dólares, a través de un bono gubernamental a 100 años que, con el pago de intereses al valor actual se terminaría de pagar en catorce años —lo que sólo significa que los otros 86 años se seguirían pagando alrededor de 200 millones de dólares de manera gratuita, altruista— parecen encadenamientos efímeros al dogma neoliberal para las siguientes generaciones.

No sorprende, por lo anterior, que la agenda programática de Unidad Ciudadana se encuentre, en principio, en sintonía con la agenda de gobierno que Fernández de Kirchner propulsó desde su primer mandato al frente de la federación: con la recuperación del salario y los empleos perdidos, el control de la inflación, la regulación del sistema tributario, la consolidación de la producción nacional, el congelamiento de los precios en los servicios del Estado, la recuperación de los sistemas de previsión social y la retracción del endeudamiento público como principales banderas electorales dentro de un proyecto de quince puntos. Y es que, el arrastre popular que Cristina Fernández tiene no se explica si no es por lo directas, rápidas y abruptas que han sido las reformas que el gobierno de Macri ha implementado para desmantelar todo lo que dos presidencias de Cristina construyeron.

Reducir todo el descontento a argumentos que los exponen como meros resabios del kirchnerismo o expresiones anacrónicas, opuestas al progreso económico de Argentina, no resuelve ni explica nada. Basta con observar el cambio que hizo Cristina en la presentación de su plataforma electoral, con un estilo muy parecido al que Obama desplegaba en sus reuniones con ciudadanos, y que dan la impresión de ‘bajar’ a la política al terreno de lo común, de lo comunitario en lo que se desenvuelve la cotidianidad del ‘vulgo’, para advertir que no es tanto el kirchnerismo como la amplitud de las conquistas sociales argentinas lo que se encuentra en juego.

Finalmente, no queda más que señalar que el movimiento que encabeza Cristina Fernández no se lee en singular. Es necesario observar que en Venezuela la corriente que se identifica con el ciclo de la izquierda progresista latinoamericana se encuentra en el proceso de constituir una Asamblea Constituyente; en Ecuador, la Alianza PAÍS, aunque más moderada y cargada hacia la centro-derecha que en los tiempos de Rafael Correa, continúa con la agenda de gobierno de éste; y, sobre todo, en Brasil, Luiz Inácio da Silva se perfila para posicionarse al frente del Partido de los Trabajadores, con la mirada puesta en un tercer periodo presidencial.

Si se leen en singular, estos eventos no dicen mucho, salvo aquello que tienen de particular en la coyuntura de sus espacios-tiempos nacionales específicos. Pero vistos en conjunto, y, además, como parte de aquello que en la primera década del siglo XXI se caracterizó por implementar un proyecto progresista común, se entiende la fortaleza que adquieren en determinados intersticios.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

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