23/11/2017 BARCELONA

Turquía: entre la República y el Sultanato
Caricatura del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como el nuevo Sultán del país [Foto vía russia-now.com].

Con un 51'4% de los votos, Turquía dijo 'sí' al proyecto neo-otomano del conocido como Sultán de Europa. Erdogan obtuvo luz verde en su ansiada reforma constitucional pero ¿lo hizo democráticamente? Y, ¿qué implica esta reforma? Te lo contamos desde el terreno.

Tras una década de insistencia, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, obtuvo el pasado 16 de abril su ansiada reforma constitucional. Con un 51’4% de los votos, Turquía dijo ‘sí’ al proyecto neo-otomano del conocido como Sultán de Europa.

Sin embargo, el nuevo sistema presidencialista de Erdogan no sólo ha traído cambios en lo político, sino también en el aspecto social. Turquía está hoy más dividida que nunca: a un lado se posicionan los fervientes seguidores del Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP) y, al otro, la oposición turca, que recuperó el espíritu de Gezi y salió a las calles indignada con el resultado.

Según afirmó una evaluación de 47 observadores internacionales del Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), el referéndum del pasado 16 de abril no cumplió con las normas democráticas consensuadas. Los observadores internacionales hicieron hincapié especialmente en la decisión de la Junta Electoral Suprema (YSK, por sus siglas en turco) de “dar como válidos alrededor de 2’5 millones de votos que no llevaban sello oficial”, lo que incumple los artículos 98 y 101 de la Ley Electoral turca.

Mapa que muestra los resultados provinciales del referéndum constitucional turco. En rojo, las provincias que votaron mayoritariamente en contra —las zonas mediterráneas, grandes ciudades y los territorios kurdos— y, en verde, las que lo hicieron a favor [Foto: Nub Cake vía WikimediaCommons].

Además, la OSCE denunció, por escrito y a través de las redes sociales, que sus observadores no pudieron acceder a algunos los colegios electorales en el sureste del país, donde fueron intimidados por las fuerzas de la guardia pretoriana de Erdogan: la policía. En tal caso, ¿podemos decir que se trata de una victoria justa?

Según la oposición turca, que aseguró horas después de conocer los resultados que impugnaría el 37% de los votos, la del pasado 16 de abril no es una victoria democrática. De hecho, el kemalista Partido Republicano de los Pueblos (CHP) recurrió al Consejo de Estado —Tribunal Supremo para cuestiones administrativas en el ordenamiento legal— para hacer constar su disconformidad y que de esta forma la Comisión Electoral tenga en cuenta las alegaciones de fraude, acción que Erdogan considera un esfuerzo en vano.

Es decir, el presidente ha empleado una herramienta democrática, como es el referéndum, de manera totalmente antidemocrática. ¿Cómo? En primer lugar, el AKP ha monopolizado el 90% de los medios de comunicación públicos y privados. Durante la campaña por el referéndum, el ‘sí’ (‘Evet’ en turco) ha dominado la vida pública y política, mientras que las apuestas por el ‘no’ (‘Hayir’ en turco) apenas han tenido visibilidad. De hecho, decenas de personas fueron detenidas en diversos actos en el país cuando hacían campaña en contra del referéndum.

Por otro lado, en las localidades rurales, como Agri, situada el noreste del país, los alcaldes del AKP han presionado a la población, amenazándoles supuestamente y tal y como han denunciado los locales, con retirar los subsidios agrícolas en el caso de que el ‘no’ venciera en la provincia.  Ha sido el CHP el único en llevar a cabo una campaña desde la oposición a favor del ‘no’ —apartada de los medios de comunicación— ya que la cúpula del tercer partido con más escaños en el Parlamento, el pro-kurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), permanece encarcelada.

La campaña por el ‘sí’ ha estado, además, dominada por el miedo: a los atentados terroristas del autodenominado Estado Islámico (EI), que en el último lustro ha campado a sus anchas sobre la frontera turca sin impedimentos; al recrudecimiento del conflicto kurdo, reavivado por el Gobierno del AKP en 2015; y a las purgas masivas que dejan más de 140.000 funcionarios apartados de sus cargos y destinados al ostracismo profesional y a casi 50.000 personas encarceladas.

La policía turca ejerciendo la represión dictada por el presidente Erdogan en diversas universidades del país [Foto: Barish Tugrul].

Erdogan tiene hoy más enemigos que nunca: los kemalistas, principal objetivo de sus purgas; los gülenistas, los kurdos, los socialdemócratas y seculares, y también los periodistas. Turquía es el país con más periodistas encarcelados. Tan sólo desde que se produjera el fallido golpe de Estado, el pasado 15 de julio, más de 150 profesionales de los medios han sido detenidos y permanecen entre rejas.

Así, Erdogan es el nuevo carcelario de la prensa libre. De hecho, fue él mismo el que hace unos días recordó que el corresponsal del diario alemán Die Welt, el periodista turco-alemán Deniz Yücel, —acusado de apoyar a organizaciones terroristas, como tantos otros periodistas críticos con el régimen— no será liberado mientras él sea presidente. Estas palabras hacen dudar acerca de la independencia  con la que el poder judicial va a actuar en esta nueva etapa neo-otomana.

Anatolia se enfrenta al importante reto de conservar sus raíces democráticas sobre las que fue fundada la República en 1923 o por el contrario sucumbir al proyecto islamizador del presidente Erdogan. La nueva reforma presidencialista —que modifica 18 artículos de la Constitución— otorga el poder Ejecutivo y Legislativo a Erdogan, que pasará a ser Jefe del Estado y del Gobierno. Por el contrario, desaparecerá la figura del Primer Ministro, cargo que ocupa actualmente el político del AKP, Binali Yildirim. Erdogan podrá nombrar a ministros y altos funcionarios del Estado a dedo, sin necesidad de aprobación parlamentaria; podrá escoger a cuatro de los 13 miembros del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, que antes era 22 miembros, etc. Además, el presidente sólo podrá ser llevado a juicio en caso de traición, concepto que no viene definido dentro de la legislación turca.

Es decir, Erdogan se convierte, a través de esta reforma, en el Sultán omnipotente que siempre soñó ser. A él le ha sido entregado el poder para hacer y deshacer en la nueva Anatolia, alejada cada vez más del sueño europeo, y que reorganiza sus nuevas alianzas geoestratégicas entorno a las potencias asiáticas y del renovado Oriente Próximo.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

Beatriz Yubero Parro


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