Protesta del colectivo 'Physicians for Human Rights' por el bombardeo de hospitales en Siria [Foto: Michael Hnatov / Physicians for Human Rights vía Flickr].

Una de las estrategias de guerra más crueles utilizada en los conflictos bélicos modernos es la destrucción del sistema de salud enemigo. En 1988, la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO) dejó a 2 millones de personas sin cobertura médica básica al saquear los centros de atención primaria del Estado. Pocos años después, durante el genocidio de Ruanda, hospitales de todo el país fueron arrasados por los Interahamwe —las cuadrillas que ejecutaron el genocidio—, atacando, secuestrando, torturando y asesinando a personal médico y pacientes, e inhabilitando la infraestructura sanitaria.

Como apuntan distintos informes y expertos en la materia, la destrucción de la red sanitaria desencadena una serie de nefastos sucesos que pueden sumir a un país entero en una verdadera catástrofe humanitaria. En este sentido, Erin Kenney, técnico en la OMS para el Programa de Emergencias Sanitarias, afirma que este tipo de ataques amenazan avances en salud pública que necesitaron décadas de trabajo para realizarse, incluyendo la cobertura universal o los servicios de emergencias. De la misma forma, la asistencia médica durante un conflicto se ve gravemente comprometida en un contexto donde la red sanitaria es un objetivo de guerra, como indica Bruno Jochum, Director de Médicos Sin Fronteras (MSF) Suiza.

Además, cuando se ataca el sistema de salud, no se atacan solamente hospitales y centros de salud, sino también al personal sanitario de cualquier tipo, a los distintos vehículos de transporte médico, a cualquier paciente, y a las entidades políticas y académicas relacionadas con la salud. En cualquier conflicto armado, la violación de estos elementos se considera un crimen de guerra. Así, Physicians for Human Rights utiliza el concepto de neutralidad médica como el principio de no interferencia con la red de salud en un contexto de conflicto armado.

Ataques sanitarios en nuestros días

No es la primera vez que los hospitales son blancos de guerra en Siria. Hospital destruido en Quneitra, Altos del Golán [Foto: Johannes Zielcke vía Flickr].

Estos ataques contra la red sanitaria, desgraciadamente, siguen siendo una constante en los conflictos armados de nuestros días. En 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe en el que analizaba los datos secundarios disponibles de los ataques que se sufrieron en 2014 y 2015 en zonas en conflicto. En total, se registraron 594 ataques en 19 países del mundo. De entre ellos, Siria se encuentra a la cabeza del ranking, con 228 ataques registrados entre 2014 y 2015, lo que supone el 38% de los ataques registrados en estos dos años a nivel mundial. A la espera de conocer los datos que la OMS publique para 2016, el último informe de la Syrian American Medical Society (SAMS) afirma que en el pasado año se registraron 241 ataques contra la red sanitaria en Siria. Aunque puede haber algunas diferencias metodológicas entre los dos informes, las cifras apuntan a que en 2016 se produjeron en Siria más ataques contra la red sanitaria que en 2014 y 2015 juntos.

Dado el aumento de los ataques de este tipo a nivel global, y sobretodo en el conflicto sirio, cabe preguntarse por el grado de intencionalidad de estos hechos. El informe de la OMS establece que un 62% de los ataques registrados fueron intencionados tanto en 2014 como en 2015. En el caso de Siria, el informe producido por la SAMS es categórico y afirma que durante todo el conflicto, y más especialmente en 2016, el sistema sanitario ha sido un objetivo de guerra claro, siendo un blanco militar para las distintas partes enfrentadas. Sin embargo, parece que el bando que más se ensaña con el sistema sanitario en Siria es el del propio Bashar al-Assad; de los 172 ataques documentados por SAMS en la segunda mitad de 2016, 168 fueron llevados a cabo por el presidente sirio y sus aliados.

Frente al panorama aterrador que dibujan estos datos, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó en mayo de 2016 la resolución 2286. En este documento, el Consejo de Seguridad condena los ataques y amenazas que los elementos del sistema sanitario en contextos de emergencia sufren a diario, en distintos puntos del globo. Además, la resolución también reconoce los efectos a largo plazo que genera la destrucción del sistema sanitario para un país, y recuerda que su protección no es opcional, sino que es una obligación legal reconocida por el derecho internacional humanitario. Los Convenios de Ginebra (1949) y sus Protocolos Adicionales de 1977 y 2005 prohíben los ataques a la infraestructura sanitaria, con la excepción de que ésta se esté utilizando como arma de guerra o centro de operaciones bélicas. Sumado a ello, en este supuesto, sólo se podrá violar su protección después de informar del ataque y de que este anuncio pase inadvertido.

Como apunta la resolución 2286 de 2016, “los ataques dirigidos intencionalmente contra los hospitales y lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares, así como los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios y contra personal habilitado”, son considerados crímenes de guerra por el derecho internacional, tal y como recoge el Estatuto de Roma.

Destrucción total del sistema sanitario de Alepo

Marcha en Londres para demandar la protección de la población civil en Siria [Foto: Alisdare Hickson vía Flickr].

Sin embargo, esta resolución no pudo impedir que pocos meses después se produjera uno de los episodios más crudos del conflicto en Siria, que implica a las fuerzas armadas sirias y de Rusia —entre otros aliados de Al-Assad—, en la destrucción total del sistema sanitario de Alepo. Después de dos meses de ataques sistemáticos, el organismo responsable de sanidad en Alepo anunció la suspensión de todos los servicios médicos en la ciudad. En este lapso de tiempo anterior al fatídico anuncio del 18 de noviembre de 2016, la SAMS documentó hasta 23 ataques contra hospitales y personal médico. Pocos días más tarde, Elizabeth Hoff, la representante para la OMS en Siria, informó al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la terrible situación que se estaba viviendo en Alepo después de suspenderse los servicios médicos en la ciudad.

Este y otros episodios de la guerra en Siria son ejemplos claros del uso militar y estratégico de ataques planificados contra la red sanitaria en zonas en conflicto. Alepo, la ciudad con mayor población del país al comienzo de la guerra, se convirtió al poco de estallar el conflicto armado en un bastión rebelde contra las fuerzas del orden de Al-Assad. Cabe pensar que la destrucción sistemática de su sistema de salud no es producto del azar. Para expertos como Tobias Vestner, encargado del área de Seguridad y Derecho del Geneva Centre for Security Policy (GCSP), la inutilización de la red sanitaria siembra el terror entre la población civil castigándola por su supuesta colaboración con los grupos rebeldes. Al mismo tiempo, la masacre sanitaria envía un mensaje ejemplarizante al resto de la población del país, desincentivando así posibles nuevos focos de rebelión.

Como apunta el informe de la SAMS, el rol de Rusia en este aspecto del conflicto bélico sirio es muy importante. Desde su intervención en octubre de 2015 se duplicó el ritmo de los ataques, pasando de registrarse un ataque cada cuatro días, a registrarse uno cada dos. Además, en las declaraciones previas a la adopción de la resolución 2286, Rusia criticó los ataques descritos, sin dejar de añadir que también es esencial respetar la soberanía de los estados. Esta declaración de intenciones de mayo de 2016 se materializó durante el mes de noviembre del mismo año, cuando el ritmo de los ataques se elevó hasta llegar a un ataque por día y la suspensión total de los servicios médicos en Alepo. Después de 411 ataques desde el comienzo del conflicto sirio, la resolución 2286 no ha podido frenar este fenómeno, y según informa la SAMS, la entrada de Rusia tampoco.

Mientras las ONGs y otros organismos intentan afinar sus métodos de monitoreo y cuantificación de los ataques para poder hacer más presión, la agresión a los sistemas sanitarios de países en conflicto sigue siendo una estrategia de desgaste. Para eliminar esta práctica tan desastrosa, la OMS concluye que además de estandarizar la información que se recoge en todos los focos de conflicto, se debe investigar cuál es el impacto en la salud de estos ataques de una forma más precisa y analítica. Toda esta información debe estar recopilada y accesible en una sola base de datos, para que el trabajo de denuncia y defensa pueda hacerse con rigor.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

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