Alrededor de mil niños menores de 18 años que viven en el campamento de Mazrak padecen desnutrición severa [Foto: IRIN Photos vía Flickr]

Jamal camina entre las ruinas de su casa, en el distrito de Sawan (Sana’a), que horas antes ha sido bombardeada por la coalición que lidera Arabia Saudí. Los muros que aún resisten están marcados por la sangre de su mujer, de 18 años y embarazada de dos meses, de su hija pequeña y sus cuñados. Todos murieron en el ataque, aplastados por el derrumbamiento del techo mientras dormían. Entre los escombros, Jamal y sus vecinos encuentran los restos de la cola de un misil Paveway III, de fabricación norteamericana.

La guerra que asola a los yemeníes es el resultado de una larga historia de conflictos inconclusos, que enfrenta a distintas facciones tribales y ahonda las divisiones de un país liderado por dos presidentes no elegidos democráticamente –Alí Abdullah Saleh y Abd Rabbuh Mansur al-Hadi–, auspiciados respectivamente por Irán y Arabia Saudí, y con el apoyo tácito de Occidente en el marco de la lucha contra la amenaza yihadista en la región.

Yemen se ha convertido así en un rompecabezas internacional, en el que la parte más castigada es, como en todas las guerras, la población civil. La Organización de las Naciones Unidas estima que 10.000 personas han muerto desde que Arabia Saudí inició la operación “Tormenta Decisiva” el 26 de marzo de 2015, de las cuales 4.000 eran civiles y más de 700 eran niños; 37.000 personas han quedado heridas y cerca de 3 millones se han visto obligados a desplazarse de sus hogares.

Breve cronología del conflicto

Un grupo de manifestantes pacíficos en una protesta durante la Primavera Árabe en Yemen, año 2011 [Foto: Sallam vía Flickr].

Con el impulso de la Primavera Árabe, en enero de 2011 los yemeníes salieron a las calles en protesta por las penosas condiciones de vida del país –entonces con el 54% de sus 25 millones de habitantes sumidos en la pobreza–, contra la corrupción estructural, y exigiendo la dimisión del omnímodo presidente Saleh, que había intentado modificar la Constitución para mantenerse en el poder de manera vitalicia.

A aquellas protestas se sumó la minoría hutí, que pertenece a una rama del chiísmo conocida como Zaidismo, y que representan un tercio de la población yemení. La oposición aprovechó la ocasión para ampliar su influencia, cosa que también hicieron Arabia Saudí e Irán, reforzando sus intereses en el país.

Tras meses de mortales represiones contra los manifestantes, con el “Viernes de la Dignidad” como lamentable icono de aquellas revueltas, Yemen se había convertido en un país ingobernable. Finalmente, el presidente se vio obligado a aceptar la mediación del Consejo de Cooperación de los Estados del Golfo, y dimitió en febrero de 2012, dando lugar a un proceso de transición de poder a su vicepresidente Al-Hadi.

El nuevo presidente intentó legitimar su posición convocando elecciones presidenciales, mientras las nuevas fuerzas gubernamentales seguían cometiendo violaciones de los derechos humanos, entre ellos homicidios ilegítimos y desapariciones forzosas. Las fuerzas hutíes, junto con los grupos políticos del sur del país boicotearon las elecciones, y en 2014 convocaron movilizaciones generales contra los recortes a las subvenciones de los combustibles. En septiembre de ese año, viéndose fuertes, los hutíes conquistaron la capital del país, Sana’a, y en 2015 anunciaron la disolución del Parlamento y el establecimiento de un Comité Revolucionario con el objetivo de iniciar un nuevo gobierno de transición.

Fue esta última conquista la que alarmó a Arabia Saudí, al confirmarse el evidente avance de la amenaza chií en el país vecino. Por entonces, el presidente Al-Hadi, superado por los acontecimientos, puso pies en polvorosa y el 25 de marzo apareció exiliado en Riad, desde donde solicitó la intervención de la Liga Árabe para expulsar a quienes consideraba sus enemigos y aliados de Irán.

Al día siguiente, Arabia Saudí, junto con Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Bahréin, Sudán, Egipto, Jordania y Marruecos –y el apoyo logístico de Estados Unidos y Reino Unido–, iniciaron la gran ofensiva contra el avance hutí. El resultado de la operación se convirtió en un castigo colectivo mayoritariamente hacia la población civil, y la oportunidad para que Al Qaeda y el autoproclamado Estado Islámico expandieran su actividad por el país.

El resultado de la guerra: la desesperación civil

Meses después de los bombardeos, cientos de edificios siguen destruidos mientras los vecinos buscan aún objetos que puedan tener algún valor [Foto: Almigdad Mojalli vía Wikicommons].

Para evitar la llegada de suministros a las milicias hutíes, la coalición ha impuesto un bloqueo naval y aéreo al país que impide la llegada de alimentos, agua, medicinas y combustibles para los yemeníes. Amnistía Internacional calcula que, actualmente, el 83% de la población depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

La malnutrición es la mayor condena de la población yemení. “El estado de salud de los niños en el país más pobre de Oriente Próximo nunca había sido tan catastrófico”, cuenta Meritxell Relaño, representante interina de Unicef en Yemen a El Mundo. Según los últimos datos de Unicef, más de 2 millones de niños sufren desnutrición en el país, de los cuales 462.000 padecen desnutrición aguda.

Por si no fuera suficiente, las organizaciones humanitarias y de defensa de los Derechos Humanos cada vez encuentran más obstáculos para intentar paliar el sufrimiento de los ciudadanos. Cuando las milicias hutíes tomaron la capital, Amnistía Internacional denunció que al menos 27 ONG fueron asaltadas y cerradas, y los trabajadores fueron objeto de constantes amenazas de muerte contra sus familias.

En medio de la masacre, los hospitales y las escuelas se han convertido también en objetivos militares. “En 2015, Amnistía Internacional fue testigo de cómo combatientes de ambos bandos lanzaban ataques desde el interior de hospitales o desde sus inmediaciones, y en una visita realizada en julio de 2015 pudimos examinar los daños ocasionados en el hospital de Al Thawra por los bombardeos hutíes”, nos cuenta Ángel Gonzalo, portavoz de la organización en España. “En virtud del derecho internacional humanitario, las instalaciones médicas gozan de especial protección frente a ataques, y no deben utilizarse con fines militares ni ser atacadas por las partes en el conflicto”, destaca Gonzalo.

Como consecuencia de esta lamentable realidad, muchos de estos profesionales terminan evacuando la zona ante la inminente amenaza que sufren por realizar su trabajo. Así fue como Médicos Sin Fronteras tuvo que abandonar su actividad tras el bombardeo a uno de sus hospitales en Abs el pasado 15 de agosto, en el que murieron 19 personas y 24 resultaron heridas. Era el cuarto ataque realizado contra una instalación sanitaria apoyada por la organización.

Todos son responsables, pero nadie rinde cuentas

Bombardeo sobre la ciudad de Sana’a, capital de Yemen [Foto: Ibrahem Qasim vía Flickr].

La crisis humanitaria que azota a Yemen continúa dilatándose, en parte, por la contribución de Occidente en el conflicto. Estados Unidos no forma parte oficial de la coalición liderada por Arabia Saudí, pero sí participa en el bloqueo aéreo con información de inteligencia y medios de repostaje en vuelo para sus cazabombarderos, además de suministrar armamento que, probadamente, se está utilizando en esta guerra, según denuncia Amnistía.

Durante el pasado mes de mayo, la organización también documentó indicios de uso de bombas de racimo de fabricación británica y brasileña, aunque, teóricamente, habían dejado de ser construidas. El uso de este tipo de armas está prohibido por la Convención sobre Municiones de Racimo, en la que Reino Unido es Estado parte.

El peligro que supone este tipo de armamento se perpetúa también en el futuro. El Centro Ejecutivo de la Lucha contra las Minas en el Yemen denunció la amenaza que suponen estos artefactos sin detonar para la población civil cuando empezó a retirar estos materiales de Sa’dah y Hajjah el pasado mes de abril. Aunque no se conoce con exactitud la extensión total de la contaminación por municiones de racimo en el país, el equipo retiró al menos 418 submuniciones de bombas de racimo, 810 espoletas y restos de artillería, 51 proyectiles de mortero y más de 70 misiles.

Lo paradójico de esta situación es que los países occidentales que suministran este tipo de armamento forman parte del Tratado de Comercio de Armas (TCA). Como explica Ángel Gonzalo, “los estados parte, incluido Reino Unido, siguen animando a otros a unirse al TCA. Sin embargo, si no están dispuestos a someter a escrutinio su propia conducta o a penalizar las infracciones, socavarán el espíritu fundador del tratado y amenazarán con convertirlo en poco más que un ejercicio de relaciones públicas”.

Todavía resulta más preocupante la falta de urgencia real para hacer efectivos estos acuerdos. El portavoz cuenta como “un embajador de alto nivel” dijo a Amnistía Internacional durante la Conferencia en agosto que, puesto que el TCA sólo tiene dos años, debían “ejercitar la paciencia y darle tiempo”.

Difíciles perspectivas de mejora

Un grupo de niños vuelve al colegio en Sa’dah después de haber estado cerrado durante meses a causa de la guerra [Foto: Julien Harneis vía Flickr].

A pesar de la evidente violación de los Derechos Humanos y la barbarie que sufren los yemeníes, las posibilidades de que la contienda llegue a su fin y los responsables rindan cuentas parecen escasas. En octubre de 2015, Arabia Saudí hizo uso de su influencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra para paralizar una investigación independiente sobre el conflicto en Yemen. Lo que sí se consiguió sacar adelante fue una comisión de investigación respaldada por el propio país y llevada a cabo por el gobierno yemení desde Riad. Sin embargo, después de más de nueve meses, no se han efectuado resultados creíbles.

El nuevo año no parece traer perspectivas de mejora. Por el contrario, ante el silencio sobre este conflicto, los yemeníes seguirán siendo víctimas de un continuo fuego cruzado, y haciendo frente a enfermedades como el cólera, el hambre o el sarampión. Y los grupos terroristas continuarán expandiendo su actividad con absoluta impunidad.

“La falta de rendición de cuentas ha contribuido a empeorar la crisis y, si los autores de los abusos siguen pensando que no tendrán que comparecer ante la justicia por sus delitos, la población civil seguirá pagando las consecuencias”, denuncia Ángel Gonzalo. También afirma:“La única posibilidad de justicia sería una investigación internacional establecida mediante una resolución aprobada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de la ONU, o establecida por el secretario general, o la alta comisionada para los Derechos Humanos actuando por propia iniciativa, pero esto todavía no ha sucedido”.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.



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