Imagen utilizada durante una protesta contra los acuerdos TTIP y CETA en Bruselas [Foto: M0tty vía WikimediaCommons].

¿Qué son los tratados de libre comercio y qué resultados han dado?

Aunque en ocasiones parecen sólo una maraña de siglas que apenas tienen influencia sobre nuestras vidas cotidianas, los Tratados de Libre Comercio son complejos textos con repercusiones sobre el modelo productivo y de consumo de los países que los firman. Ésta es una de las razones por las que las autoridades tienden a ocultar sus aspectos más controvertidos.

De manera general, podemos afirmar que la finalidad principal de estos tratados es la de eliminar, o reducir a su mínima expresión, las trabas al comercio. Posteriormente han ido extendiendo sus funciones a aspectos como los servicios o las regulaciones que afectan a sectores como la producción agrícola, la protección del sector ganadero, la salubridad de los alimentos o su etiquetado, etc.

El resultado final tiende a ser una identificación o igualamiento en los sistemas productivos y comerciales de los estados firmantes, lo que suele conllevar ganadores y perdedores.

Pongamos como ejemplo el NAFTA, el tratado de libre comercio firmado por México, EE.UU. y Canadá. A la luz de este acuerdo vemos que los beneficios, por encima de si recaen sobre un lado u otro de las fronteras, favorecen a sectores sociales específicos, particularmente accionistas, propietarios y directivos de cualquier nivel de grandes multinacionales.

Por el contrario, las consecuencias sobre el mercado de trabajo vienen marcadas por la desregularización a la baja, la precarización del empleo y el empeoramiento de las condiciones laborales y salariales. Y esto sucede incluso en aquellos sectores que se benefician gracias al tratado. Como ejemplo tenemos la industria del automóvil, cuya principal fuerza laboral se ha trasladado a México, donde la legislación laboral es más laxa (léase peores salarios y condiciones), generándose una lucha por el mantenimiento del empleo al norte de la frontera. Mientras tanto, la calidad de éste no ha mejorado en el lado sur. A esto hay que añadir que los beneficios empresariales recaen sobre las empresas del norte, que siguen siendo las propietarias, con lo que los impuestos benefician a EE.UU., nunca a México. Esto limita sus posibilidades de crear un sistema productivo viable e independiente.

Con el sector agrícola sucede en sentido contrario, pues las condiciones de producción del norte son mejores, inundando el mercado del sur con productos más baratos, lo que ha destruido el sector en estas zonas impidiendo su propia suficiencia alimentaria.

La entrada en vigor del CETA tendría un grave impacto en el medio ambiente [Foto: UKBERRI.NET Uribe Kosta vía Flickr].

Otro ejemplo es el tratado de libre comercio entre EE.UU. y Chile que, sin que sus consecuencias sean dramáticas por la escasa relación comercial entre ambos, sí ha impedido que Chile refuerce los lazos con sus socios tradicionales del cono sur y Latinoamérica. Finalmente ha constituido un ejercicio de control sobre la economía regional.

Una conclusión factible sería que este tipo de tratados ofrece ventajas sólo a aquellos que se benefician del modelo capitalista financiero global, o sea los directivos, accionistas y propietarios de grandes empresas con capacidad para des-localizar su producción. Por el contrario, las clases trabajadoras tienden a verse perjudicadas, ya que incluso cuando aumenta el nivel de empleo, éste es de mala calidad y genera unas condiciones de vida miserables.

Algo similar sucede en las comunidades que viven del campo, sus ciclos naturales o su calidad medioambiental. Este tipo de tratados, al promover los monocultivos más rentables, acaban con la biodiversidad y rompen con el equilibro ambiental que, posteriormente, no se puede recuperar cuando ese mismo cultivo deja de ser rentable, condenando a esas comunidades a la ruina. Ésta es exactamente la misma suerte que corren las comunidades que viven de sectores como la pesca, pues la sobre-explotación de los caladeros y la contaminación ahoga su forma de vida.

Pero, ¿qué es el CETA y qué significa para los europeos?

A tenor de lo poco que se ha filtrado del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) y del secretismo en que se ha mantenido todo su articulado, ésta es una difícil cuestión. No obstante, analizaremos los datos que han podido filtrarse y que nos han parecido más relevantes.

Un aspecto concreto que preocupa a aquellos que han tenido acceso al texto es el denominado Investor Court System, o sistema de arbitraje entre las multinacionales y las autoridades públicas. Según este sistema, estas disputas serán resueltas por un tribunal ad hoc cuyas conclusiones serán vinculantes, a pesar de ser tomadas por representantes de las empresas y los estados. En ningún caso se valora como necesaria la presencia de jueces. En caso de disputa entre las partes, la resolución vendrá por parte de un representante de un tercer país. Esto abre la puerta a interpretaciones tan laxas como erróneas de las leyes, que podrían ser retorcidas para beneficiar cualquier clase de interés. A pesar de que cabe recurso contra tales resoluciones, su éxito es menos que probable.

Representantes de los Verdes en el Parlamento Europeo, uno de los grupos que se muestran más radicalmente contrarios a la introducción del fracking en Europa [Foto: greensefa vía Flickr].

Esto nos lleva al siguiente aspecto preocupante del tratado: la clausula de “expectativas legítimas de los inversores”. Según ésta, las multinacionales podrán denunciar a los estados o entes públicos si, por causa de la legislación u otra razón, sus beneficios no son los esperados. Esto abre una doble vía contra el Estado. Por una parte, si una empresa no ve satisfechas sus expectativas puede denunciar a éste, quedando resuelta la disputa en el seno del mencionado Investor Court System; y por otro lado, y para evitar tal proceso, los estados se verán tentados a favorecer políticas beneficiosas para las multinacionales que operen en su territorio. Esto supone un ataque a los intereses de la ciudadanía, que se verán relegados a un segundo plano. Como botón de muestra mencionaremos la disputa de Canadá con las multinacionales de la energía, en la que las segundas han denunciado al Estado canadiense por valor de 170 millones de US$ por no conceder licencias de fracking, permisos que se verá obligado a conceder a pesar de los informes ambientales en contra.

Otro problema para los estados proviene de las multinacionales de terceros países cuyas filiales operan en Canadá o Europa. Dichas filiales podrán denunciar a cualquiera de los estados en el marco del acuerdo, lo que podría degenerar en una suerte de políticas públicas orientadas a la satisfacción de los intereses de empresas norteamericanas.

Finalmente, nos encontramos con la degeneración social y medioambiental derivada de unos mecanismos que obligan a los estados a garantizar los beneficios de las empresas por encima de cualquier otra consideración. Así, la conservación del medio o el mantenimiento de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos pasarán a un segundo plano, siendo los estados incapaces de defenderlos. Sirva de ejemplo la denuncia de la empresa canadiense Gabriel Resources al Estado de Rumanía por no conceder una licencia de explotación minera para evitar el deterioro medioambiental y el desplazamiento de la población local. Esto es un ejemplo de cómo se pueden quedar los estados sin independencia para ejecutar su propia política.

Valonia, episodio I. El NO que se convirtió en SÍ

Valonia, una región federada de Bélgica que apenas representa el 1% de la población total de Europa, mantuvo en vilo este acuerdo durante semanas. Todo gracias a la configuración del Estado belga, cuyas decisiones deben ser refrendadas por sus parlamentos regionales de manera obligatoria, no pudiendo Bélgica aprobar una norma que no se apruebe a su vez en dichos parlamentos. En progresión, la no aprobación del texto en Valonia implicaba la no aprobación en Bélgica, hecho que significaba que no podía aprobarse a nivel europeo.

Y Valonia tenía sus razones. La primera hace referencia al mencionado Investor Court System, que es considerado peligroso por la indefensión en que deja a los entes públicos en una Europa donde los lobbies son más poderosos que la sociedad civil o que los organismos públicos. Y es que las decisiones derivadas de este sistema son vinculantes y sólo pueden ser recurridas en el caso de que se excedan de manera flagrante en sus funciones, lo que es bastante subjetivo, por otra parte.

Los otros dos puntos que atascaron el texto en Valonia fueron los relativos a la protección de su mercado agrícola, y el sistema de denominaciones de origen propuesto.

Esta región vive de un sector agropecuario que se ha mantenido a flote al calor de las subvenciones del Estado y de la UE, y que quedaría indefenso ante la liberalización del sector. Así, tras duras negociaciones con la Ministra de Comercio canadiense, ambas partes se comprometieron a mantener tal protección en Bélgica con tal de que el Tratado fuera firmado por el Parlamento y pudiera pasar a la siguiente fase. Por el contrario, el sistema de arbitraje no será modificado. De hecho, se ha prometido que se tendrán en cuenta las objeciones valonas aunque no se producirá ningún cambio en el texto.

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, se reúne con el presidente de Valonia, Paul Magnette, y la ministra de comercio internacional de Canadá, Chrystia Freeland [Foto: Martin Schulz vía Flickr].

En cualquier caso, las negociaciones para que el acuerdo se produjese fueron duras hasta el punto de que la Ministra de Comercio canadiense ofreció una rueda de prensa en la que, llorando, dio por muerto el texto. No obstante, las presiones por parte de la Comisión Europea empezaron a dar sus frutos, amenazando con la retirada de subvenciones y ayudas al Estado valón si no se aprobaba el CETA. Esto supone un chantaje sin precedentes por parte de una institución europea a otra. Incluso algunos europarlamentarios se tomaron la libertad, fuera de sus funciones, de presionar a parlamentarios valones para que se llevara a cabo la firma del texto.

Finalmente, representantes de la CE y de Canadá, pletóricos de alegría, anunciaron que el texto había pasado el filtro del Parlamento de Valonia.

¿Y ahora qué?

Una vez aprobado en Valonia, el texto tiene un largo camino por recorrer antes de ser definitivamente ratificado. El siguiente paso, tras haber sido firmado por el Parlamento de Bélgica, es la firma en el Parlamento Europeo, algo que no representa muchos problemas a tenor del apoyo mostrado por populares y liberales que, aunque ya suponen una mayoría suficiente, tendrán el apoyo de muchos integrantes del grupo socialista. Se oponen al texto el resto de socialistas, la izquierda europea y los Verdes.

Ante la previsible aprobación, el tratado pasará a implantarse durante un período de prueba antes de hacerse una nueva ronda de consultas por todos los Parlamentos nacionales. Y es aquí donde reside la trampa. Esto es así porque durante este período de prueba quedarán fuera de aplicación los artículos que más oposición han recibido, con la intención de no levantar suspicacias antes de su aprobación definitiva. Como no podía ser de otro modo, el sistema de arbitraje será uno de los artículos que no se aplicarán durante este tiempo. La siguiente trampa reside en la comunicación emanada de la Comisión Europea hacia los estados. La CE informa de que no será necesario comunicar la negativa de cualquier parlamento regional si ésta se produjera, pudiendo firmarse de este modo sin obstáculos.

Por el contrario, si tal información es reportada, el texto no podría entrar en vigor. Y es aquí donde podría atrancarse definitivamente el tratado, pudiendo iniciarse un segundo episodio en Valonia, esta vez con consecuencias más definitivas pues desde esta región ya se ha advertido que, si no se llevan a cabo los cambios esperados, votarán “no” en esta segunda ronda. De manera similar se han pronunciado algunos parlamentarios alemanes, así como su principal asociación de juristas. Esto sería la muerte definitiva del texto.

Una aproximación al CETA desde los movimientos sociales y la sociedad civil

Movilización ciudadana en Berlín en contra de los tratados de libre comercio TTIP y CETA [Foto: foodwatch vía WikimediaCommons].

Valonia ha cobrado una inusitada fama, llegando a ser comparada con una especie de “aldea gala” que resiste estoicamente las embestidas de un gran imperio. Y aunque esto está lejos de la realidad, se pone de manifiesto un escenario subyacente, marcado por el divorcio entre la ciudadanía europea y sus élites. A pesar de lo poco que se ha dado a conocer el texto (lo que ya es preocupante per se), decenas de miles de personas se han manifestado en contra de éste por considerar que va en contra de los intereses de los ciudadanos. Del mismo modo, se ha sustraído a la ciudadanía la capacidad de debatir y aprobar (o rechazar) el texto, lo que va en contra de los principios básicos de la democracia.

Como síntoma, esta preocupación no ha sido tomada en serio por unas élites que permanecen enfrascadas en su burbuja bruselense, incapaces de unir los puntos y percibir la relación entre este divorcio y la reaparición de movimientos de extrema derecha a lo largo y ancho del continente. La rabia generada por las políticas liberales ha alimentado el apoyo a partidos políticos de corte xenófobo y proteccionista.

Por otra parte, este tipo de textos ha dejado de enmarcarse en el librecambismo tradicional. Su misión ha dejado de ser la eliminación de las trabas al comercio, puesto que prácticamente son inexistentes. Estos acuerdos han dejado de ver al Estado como un socio para verlo como un nicho de mercado dispuesto a ser desmantelado. Su visión de éste es ahora la del representante de unos derechos que, de otra manera, podrían ser comercializados y generar beneficios. Y para ello han cooptado a las élites europeas, tradicionalmente permeables a los intereses económicos y financieros.

Con el Presidente Trump, ¿qué puede pasar ahora?

Siempre se ha afirmado que el CETA era una especie de puerta que nos conducía al TTIP, siglas que hacen referencia al tratado de libre comercio entre la UE y EE.UU. No obstante, la imprevista victoria de Trump en las elecciones americanas ha puesto en duda la continuidad en las negociaciones de dicho pacto, algo que tanto Barack Obama como Angela Merkel se han apresurado a confirmar.

Al parecer, y si tomamos en serio sus declaraciones, la nueva política americana orbitará alrededor de un aumento del proteccionismo, lo que supone un giro global de 180 grados. Esto deja a Canadá con una necesidad mayor de firmar el CETA, para compensar las pérdidas ocasionadas por el giro político estadounidense.

Una cosa está clara: las negociaciones para un eventual acuerdo comercial entre Europa y EE.UU. tendrían que empezar desde cero, quedando el horizonte de su firma muy lejano.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.



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