01/06/2020 BARCELONA

Deforestación en Argentina: la expansión de la soja

Terreno cultivado con soja en Argentina [Foto: "Alfonso" vía WikimediaCommons].
Entre 1990 y 2015, Argentina perdió casi 8 millones de hectáreas de bosques, una superficie similar a la de Escocia. La corrupción, el incumplimiento de la financiación de la Ley de Bosques de 2009, y la venta del territorio al mercado de la soja están llevando al país a una deforestación que tiene graves consecuencias ambientales.

La “Ley de Bosques Nativos en Argentina” fue promulgada y reglamentada el 23 de febrero del año 2009 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de que varias organizaciones sociales, aborígenes y de Derechos Humanos alertaran sobre la feroz expansión de la frontera agropecuaria, que llevó al país a perder el 71% de estos ecosistemas natales. Actualmente, en Argentina, se pierden 300.000 hectáreas anuales, lo que significa el 1% de la masa boscosa total cada año.

La ley que nunca se cumplió

El presupuesto argentino para 2017 sólo asigna el 3’8% de los fondos que le corresponden a la Ley de Bosques. Es decir, de los 7.000 millones de pesos argentinos que debería recibir dicha ley, sólo contará con 270 millones. El financiamiento de esta medida debe ser de no menos del 0’3% del presupuesto nacional y del 2% de las retenciones agrícolas, cosa que nunca se ha cumplido.

Camiones cargando toneladas de árboles talados en la zona de los bosques del Chaco, Argentina [Foto: Christian Ostrosky vía Flickr].
Camiones cargando toneladas de árboles talados en la zona de los bosques del Chaco, Argentina [Foto: Christian Ostrosky vía Flickr].

Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, Argentina cuenta con 53.583.579 hectáreas de bosques nativos, divididas en las tres categorías que reconoce la legislación: rojo, amarillo y verde. Si a esta cantidad de superficie se la divide por el presupuesto asignado, da como resultado que cada hectárea contará con la irrisoria suma de 5 pesos argentinos para todo el año.

El problema de la falta de financiación no as algo nuevo, es un conflicto que se arrastra desde la sanción de la ley ya que, entre 2010 y 2015, se presupuestaron sólo 1.239 millones de pesos argentinos de los 14.750 millones que originalmente correspondían. A la protección de los bosques nativos se le asignó el 8’5% de los fondos estipulados por la ley, lo que sería menos de una décima parte del total.

Esto también es un contrapunto de la quita de retenciones que el actual gobierno de Mauricio Macri facilitó al sector agrícola. Si se analiza esta medida, puede entenderse que beneficia a los pequeños y medianos productores, pero también a las grandes compañías que no necesitan, económicamente, la quita de impuestos. Este nuevo mapa tributario afecta de manera directa a la protección de tierras nativas.

Este es un grave problema que no debe abordarse a la ligera, pues hay que tener en cuenta que los bosques son una reserva de dióxido de carbono y evitan acrecentar el efecto invernadero. Además, reducen la cantidad de gases que genera la contaminación industrial y su preservación es la principal herramienta para prevenir inundaciones.

La República Unida de la Soja

La región que comprende el norte de Argentina junto con el sur de Paraguay y Brasil es conocida como la “República Unida de la Soja”, ya que la expansión de aéreas cultivadas con este vegetal resultó en la ubicación de los tres países dentro de los que más han deforestado sus bosques en los últimos 25 años, según la FAO. Por ejemplo, Argentina perdió, entre 1990 y 2015, casi 8 millones de hectáreas, lo que es una superficie similar a la de Escocia o a la de la provincia de Formosa (Argentina).

El crecimiento del negocio de la soja derribó el 93% de la superficie original con la que contaba la Selva Paranaense o la Selva Misionera. El territorio selvático de Paraguay y Brasil ha quedado prácticamente desnutrido y a merced de las grandes multinacionales dedicadas a la plantación de este “yuyo”, como alguna vez lo llamó Cristina Fernández de Kirchner. De 2 millones de hectáreas sólo quedaron 40.000 de selvas prístinas y 800.000 de bosques secundarios.

Teniendo en cuenta que las tierras fértiles donde se planta la polémica oleaginosa quedan improductivas, es un modo de producción que le termina saliendo muy caro al medio ambiente y representa la continuidad del modelo extractivo en el que se ven inmersos los países de Latinoamérica. A su vez, estos países están creando relaciones neocoloniales al entregar estas tierras al gran capital financiero que se dedica a especular en los mercados internacionales con los precios de las mercancías.

Terreno cultivado con soja en Argentina [Foto: "Alfonso" vía WikimediaCommons].
Terreno cultivado con soja en Argentina [Foto: “Alfonso” vía WikimediaCommons].

En este marco, no debería asombrarnos que la provincia de Entre Ríos sufriera inundaciones muy graves a principios de 2016, ya que se han deforestado 85.000 hectáreas de bosques nativos, según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, es necesario agregar que las inundaciones también se producen por falta de una infraestructura adecuada. Sin embargo, ningún ente gubernamental observó, o aparentó no obervar, la destrucción permanente de humedales y regiones boscosas.

Con estas consecuencias, se podría imaginar que la regulación de la deforestación se haría efectiva, pero nada más lejos de la realidad. La inacción ante esta problemática puede explicarse simplemente con la observación de que hay gente ostentando poder político vinculada al negocio de la tala. Un ejemplo es el diputado nacional Alfredo Olmedo, que tiene ganancias de entre 3 y 4 millones de dólares anuales con su empresa familiar Ecodesarrollo S.A y, además, es un viejo conocido en el micromundo del mercado de la soja.

Alfredo Olmedo recibió de Salta Forestal, la empresa que se encarga del cuidado de las tierras fiscales en la provincia de Salta, 230.000 hectáreas. De éstas, 30.000 ya han sido deforestadas y ahora se dedican a producir 2 toneladas de soja por hectárea. Además, el legislador está exento de pagar impuestos hasta el 2021, ya que el exgobernador de la provincia, Juan Carlos Romero, (que fue un gran aliado del poder empresarial) fue compañero de fórmula de Olmedo, durante el año pasado, para buscar la renovación de su cargo en la gobernación, hecho que nunca llegó a ocurrir.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Nacho Eguiguren

Estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza, Argentina.


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