17/10/2019 BARCELONA

Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, ¿Qué hay detrás?

El acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía en materia de asilo el pasado 18 de marzo introduce notables cambios en la política que se ha venido desarrollando para hacer frente a la crisis migratoria. ¿En qué consiste el acuerdo y qué gana y qué cede cada parte? Hoy te lo explicamos.


El pasado 20 de Marzo, tras semanas de intensas negociaciones, entró en vigor el acuerdo entre el Consejo Europeo y Turquía que permite a la Unión Europea (UE) retornar a Turquía a todo ‘migrante irregular’ (categoría en la que se incluye a los refugiados) que llegue a las islas griegas. Mediante este pacto, la UE pretende sellar la ruta migratoria del mar Egeo, esperando que las expulsiones desincentiven nuevas llegadas. El pacto prevé reasentar un sirio en la UE por cada uno que sea expulsado a Turquía y viene acompañado de una compensación económica y un trato preferencial hacia el gobierno de Ankara.

La acogida de sirios en la UE a través de este mecanismo se hará con preferencia por las personas más vulnerables y dando prioridad de acogida a los que no hayan llegado antes a la UE por medios irregulares. Sin embargo, la acogida de sirios en la UE por este mecanismo tiene un techo de 72,000 personas, con lo cual el máximo de sirios que la UE puede expulsar hacia Turquía es también de 72,000. El documento señala específicamente que si el número de personas retornadas supera el límite mencionado, este mecanismo dejará de ser aplicado. Sin embargo, esta cifra no se ajusta a la realidad teniendo en cuenta que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 173.000 migrantes han llegado a Europa por mar en lo que llevamos de 2016.

El documento apunta que las expulsiones se realizarán conforme al derecho internacional y se descartan expulsiones colectivas. También se especifica que los casos de refugiados o solicitantes de asilo serán tratados individualmente por las autoridades griegas en cooperación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), siguiendo la legislación internacional sobre asilo y protección internacional.

Qué concede y qué gana cada parte

Turquía se beneficia económicamente, ya que el plan incluye la dotación de fondos de la UE (dos remesas de 3,000 millones de euros) para la asistencia a los refugiados. Por otro lado, este país obtiene avances en sus relaciones con la UE. El pacto comprende un compromiso concreto de apertura de un nuevo capítulo del proceso de adhesión a la UE antes del 1 de julio y también la aceleración del procedimiento de retirada de visas para todos los turcos que quieran viajar a la UE. Esta aligeración, que podría producirse antes de finales de junio, solo tendrá lugar si Turquía cumple con los requisitos demandados por la UE, la mayoría de los cuales están aún sin cumplir.

Con el acuerdo, sin embargo, la presión demográfica sigue recayendo en Turquía, que es ya el principal país receptor de sirios, con 2,7 millones en su territorio (3,8% de su población). A esta cifra se sumarán ahora todas las personas que sean expulsadas desde Grecia. Ankara, además, se compromete a tomar las medidas necesarias para evitar rutas ilegales de migración entre su territorio y la UE.

La UE consigue mediante el pacto que el flujo migratorio sea gestionado por un tercer país, en este caso Turquía, a cambio de financiación económica (6.000 millones de euros).

Este pacto refleja la falta de voluntad política de la UE para adoptar grandes compromisos para la acogida de refugiados en su territorio. Según el ACNUR, 935,000 refugiados han solicitado asilo en Europa (UE, Noruega, Suiza y los Balcanes) desde que empezó la guerra en Siria, cifra que representa solamente el 10% de los refugiados totales del conflicto.

Vista de un campamento de refugiados en la Capadocia turca. Vía Flickr

A pesar de que los migrantes serán expulsados del territorio griego, Grecia deberá seguir gestionando las demandas individuales de asilo efectuadas en su territorio y también organizar la logística de las expulsiones. La capacidad del sistema griego de asilo es limitada y los centros de registro se encuentran saturados, en particular los de las islas de Lesbos y Samos. Algunos de los centros de registro han sido utilizados en los últimos días como centros de d
etención de migrantes y la tensión y los disturbios aumentan. En el acuerdo no se mencionan medidas concretas de apoyo a Grecia en esta materia.

Legalidad del acuerdo y precisiones: un refugiado no es un migrante irregular

Uno de los puntos más controvertidos es su conformidad con la legalidad internacional, hecho que ha sido puesto en duda por la ONU y numerosas organizaciones internacionales.

En primer lugar, el documento habla de ‘migrantes irregulares’ e incluye incorrectamente en esta categoría a los refugiados. Los refugiados se distinguen de los migrantes irregulares por el hecho de que huyen de sus países ‘para salvar sus vidas o preservar su libertad’ y por esa razón tienen derecho a solicitar protección internacional (asilo). Un migrante irregular es, sin embargo, quien entra o permanece de forma ilegal en un país.

Los refugiados se distinguen de los migrantes irregulares por el hecho de que huyen de sus países ‘para salvar sus vidas o preservar su libertad’ y por esa razón tienen derecho a solicitar protección internacional (asilo).

En segundo lugar, el pacto no define las garantías ni los mecanismos específicos de las expulsiones, hecho que supone un riesgo de que las expulsiones a Turquía incluyan a refugiados. Esto es altamente probable ya que según estimaciones del ACNUR el 88% de las personas que han llegado a las costas del Egeo desde la primavera pasada son refugiados. Si hay refugiados entre los expulsados a Turquía, se les estaría denegando de facto el derecho a pedir asilo en Europa. Derecho, el de asilo, que está recogido por el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Además, una vez en Turquía existe la posibilidad de que estas personas sean deportadas o devueltas a sus países de origen. El estatus de ‘país seguro’ de Turquía, que se da por sentado en el acuerdo, ha sido cuestionado por expertos legales y organizaciones como Amnistía Internacional o el ACNUR. Para estas organizaciones, existen evidencias de que Turquía no está capacitada para garantizar el principio de no devolución de refugiados. En la práctica, esto significa que la UE está enviando a refugiados a un país que podría deportarlos a países donde su libertad o integridad física pueden estar en peligro, vulnerando así una de las garantías imprescindibles del derecho de asilo de la Convención de Ginebra (ratificada tanto por los países de la UE como por Turquía).

Finalmente, las expulsiones colectivas de extranjeros están categóricamente prohibidas por el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este sentido hay que aclarar que, aunque el acuerdo entre la UE y Turquía establece explícitamente que no habrá expulsiones colectivas, en la práctica no parece ser que esto se esté cumpliendo.

¿Qué podemos esperar de este acuerdo?

Imagen de los dos lados de la frontera turca. Vía Flickr.
Imagen de los dos lados de la frontera turca. Vía Flickr.

En primer lugar, el acuerdo demuestra la falta de voluntad política de Europa para acoger a los refugiados, que viene siendo habitual en la UE en los últimos meses. El pacto contempla el reasentamiento de un máximo de 72,000 sirios, siempre y cuando este mismo número de personas de origen sirio haya sido deportado de Grecia a Turquía antes. Es decir, la UE reasentará un sirio en su territorio, cuando previamente otro compatriota se haya jugado la vida en el mar para llegar a Europa. Dejando de lado los conflictos éticos que este enfoque plantea, la cifra resulta simbólica, ya que son cinco millones los sirios que han huido de su país debido a la guerra. De ellos, 4,8 millones han sido acogidos por los países vecinos. Después de Turquía (2,7 millones en su territorio) le siguen Líbano (1 millón), Jordania (636.000), e Irak (245.000).

Por otro lado, la vulneración de la Convención de Ginebra, así como otros instrumentos de protección internacional por el pacto, sienta un precedente en el que ciertas obligaciones internacionales de los estados pueden ser ignoradas cuando estas no responden a sus intereses, hecho que podría suponer el fin de las garantías de protección internacional. Esto es particularmente peligroso cuando es la UE quien actúa vulnerando las leyes, ya que se trata de países con una estructura jurídica sólida y con capacidad de cumplir con sus obligaciones legales.

¿Está Europa comprometiendo sus valores?

Finalmente, el acuerdo alcanzado no se centra en la raíz del problema, sino que pretende ‘cortar’ el flujo de personas que llega a Europa por la ruta del Egeo, sin tener en cuenta que es una guerra que transcurre desde hace más de 5 años la que motiva el éxodo de personas. Aunque el pacto logre su objetivo de desincentivar la entrada a Europa por el Egeo, es muy probable que nuevas vías de entrada, igual de peligrosas, se abran mientras la guerra en Siria continúe. Entonces, volveremos a la misma situación.

Mucho se ha repetido estos últimos días que la crisis migratoria en Europa es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. En ese caso fueron millones de europeos los que huyeron, escapando de la guerra y de la pobreza, encontrando acogida en otros países. Esperemos que Europa no olvide su propia historia y sea capaz de responder pronto a sus obligaciones legales (como morales).

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro


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Amàlia Torres

Barcelona (1986). Licenciada en Ciencias Políticas por la UPF y Máster en Relaciones Internacionales en IBEI. Me interesa todo lo relacionado con el desplazamiento forzado y la protección internacional. He trabajado con poblaciones desplazadas y refugiadas en España, Jordania y Haití, donde resido actualmente. Me apasiona la música y la lectura. Me gusta viajar, la playa y las largas conversaciones de bar con [email protected] [email protected] [email protected]


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