13/12/2019 BARCELONA

¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para qué sirve?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una de las principales instituciones dedicada a la protección de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Tiene distintas funciones, pero la primordial es su capacidad contenciosa o jurisdiccional, ya que puede emitir sentencias obligatorias para los Estados.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una de las principales instituciones dedicada a la protección de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Tiene distintas funciones, pero la primordial es su capacidad contenciosa o jurisdiccional, ya que puede emitir sentencias obligatorias para los Estados.

Antes de centrarnos en el análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte), es preciso aproximarnos al sistema regional americano de protección de los derechos humanos. En este sentido, cabe mencionar, en primer lugar, a la Organización de los Estados Americanos (OEA), creada en 1948 y con sede en Washington. Entre sus objetivos fundacionales, destacan la búsqueda de la paz y la seguridad, la consolidación de la democracia, la promoción de los derechos fundamentales o el impulso del desarrollo social y económico. También en 1948 y en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pese a no tener carácter vinculante, adquiere gran importancia como punto de partida del sistema de protección.

Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ubicada en San José, Costa Rica. Vía corteidh.or.cr
Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ubicada en San José, Costa Rica. Vía corteidh.or.cr

La Organización de Estados Americanos se ha dotado, con los años, de otros instrumentos de protección de los derechos humanos. Estos pueden ser genéricos, como la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante la Convención), conocida como Pacto de San José y que fue elaborada en 1969. A fecha actual, los Estados que han ratificado la Convención son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay. La Convención cuenta con dos protocolos adicionales: el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador” (1988) y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990). Otros instrumentos son de tipo específico, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985), la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (1994), la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994) o la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (1999).

Las instituciones más notorias de la OEA encaminadas a proteger los derechos humanos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión) y la ya citada Corte.

La Comisión y la Corte

La primera nació en 1959 y está formada por siete expertos independientes. Uno de sus aspectos más notables es que todos los Estados de la OEA están sujetos a las competencias de la Comisión. Para los Estados que no son parte de ningún instrumento de derechos humanos, la Comisión utiliza la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre como norma aplicable. Además, la Comisión se encarga de recibir quejas individuales o estatales sobre violaciones de derechos humanos y de fomentar estos derechos a través de distintos mecanismos, como la adopción de nuevas normas, la creación de informes o la asistencia técnica a los Estados. Las comunicaciones individuales sobre vulneraciones de derechos humanos pueden presentarse tanto por las víctimas directas, como por sus representantes, o por las ONG, y deben cumplir una serie de requisitos de admisibilidad. Sin embargo, las decisiones de la Comisión no son vinculantes, sino que se convierten en recomendaciones. En caso de que el Estado no repare los daños de la víctima, la Comisión puede llevar el caso a la Corte, cuyas decisiones sí tienen carácter vinculante.

La Corte pudo establecerse cuando la Convención entró en vigor. El 22 de mayo de 1979 los Estados parte de la Convención eligieron a los primeros jueces, que se reunieron por primera vez el 29 y 30 de junio de ese mismo año. La Corte se compone por siete jueces naturales de los Estados miembros de la OEA, que tienen un mandato de seis años y pueden ser reelegidos por el mismo periodo de tiempo. La propia Corte se ha autodefinido como una institución judicial autónoma y como el órgano con mayor poder para asegurar la aplicación de la Convención. Los instrumentos que rigen el organismo son: su Estatuto, su Reglamento y la Convención. Además, la Corte asume tres funciones principales: consultiva, cautelar y contenciosa o jurisdiccional.

En cuanto a la función consultiva, la legitimación activa es muy amplia. A pesar de ser una institución convencional, cualquier Estado miembro de la OEA, incluso si no ha ratificado la Convención, puede pedirle asesoramiento. Por otra parte, y según la Convención, la Corte puede transmitir opiniones sobre la interpretación de este instrumento jurídico y de otros tratados de derechos humanos. La Corte también elabora informes y observaciones sobre el grado de compatibilidad existente entre los instrumentos de protección de los derechos humanos y las leyes internas de los Estados miembros de la OEA. Esta función puede desarrollarse a partir de las solicitudes de los Estados o por iniciativa propia.

Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Derecho a la Propiedad Indígena. Vía Flickr CIDH
Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Derecho a la Propiedad Indígena. Vía Flickr CIDH

Respecto a la competencia cautelar, la Convención establece la posibilidad de que la Corte adopte las medidas provisionales que considere adecuadas en los casos que esté estudiando. En los asuntos que no estén bajo su conocimiento, puede actuar a petición de la Comisión. Hay dos condiciones básicas para que la Corte pueda llevar a cabo esta función: el Estado en el que se dictan las medidas provisionales ha de ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y tiene que haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte.

El juez Diego García-Sayán celebraba, en noviembre de 2013, el creciente reconocimiento de las sentencias de la Corte en el continente americano. Según García-Sayán, las jurisprudencias nacionales están incorporando como propias las resoluciones de la Corte, aunque los países no hayan sido parte del caso. A pesar de ello, algunos autores han manifestado que la Corte se enfrenta a algunos retos, como la incorporación de todos los Estados a la Convención Americana, la aceptación de la función contenciosa por parte de todos ellos o una coordinación mayor y más eficaz entre la Comisión y la Corte.

Delegación de la CIDH visita Comunidad San Juan, Honduras. 2 de diciembre de 2014.   la foto: Daniel Cima/CIDH
Delegación de la CIDH visita Comunidad San Juan, Honduras. Foto: Daniel Cima.

La competencia jurisdiccional es, seguramente, la más importante, porque permite dictar sentencias de obligado cumplimiento para los Estados. Así pues, la Corte puede dictaminar si un Estado es responsable de haber vulnerado los derechos plasmados en la Convención o en otros tratados aplicables. Los casos de la Corte pueden ser remitidos por la Comisión o presentados por los Estados. A diferencia del sistema europeo de protección de los derechos humanos, los individuos no pueden acudir directamente a la Corte. Además, su jurisdicción se circunscribe a los Estados que la han aceptado previamente. A día de hoy, estos son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay.

La Corte también supervisa el cumplimiento de las sentencias. En esta dirección, demanda información a los Estados sobre las medidas materializadas para cumplir con las resoluciones y recoge las observaciones de la Comisión, de las víctimas y de sus representantes. A partir de aquí, la Corte podrá valorar si el Estado está cumpliendo con lo acordado, lo orientará hacia esta finalidad e informará a la Asamblea General sobre la situación de los casos.

Foto de portada: Delegación de la CIDH visita Comunidad San Juan, Honduras. 2 de diciembre de 2014. Crédito: Daniel Cima.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro

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Anna Medrano

(Barcelona, España) Licenciada en Comunicación Audiovisual y en Historia. Máster en Derechos Humanos, democracia y globalización. Ha trabajado en el sector sociocultural y ha colaborado en diferentes proyectos académicos. Especialmente interesada en la situación de los derechos humanos y en el estudio del presente desde una perspectiva histórica.


One comment

  • Olga

    03/09/2019 at

    Ke puedo hacer si yo vine huyendo de Mexico por amenazas y cómo puedo traer a mis hijos acá a estados unido si ellos andan huyendo de un estado a otro por miedo gracias

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