La salud sexual y reproductiva, un derecho fundamental continuamente cuestionado

A principios de mes, Amnistía Internacional (AI) anunciaba el lanzamiento de su nueva campaña global que lleva por título “Mi Cuerpo, Mis Derechos” y que se desarrollará a lo largo de los próximos dos años. Los medios de comunicación se han hecho eco de la iniciativa pero ¿en qué consiste en realidad? Con ella AI quiere exigir a los Gobiernos del mundo que respeten y protejan los derechos sexuales y reproductivos de la población, independientemente de su etnia, sexo, orientación sexual, edad, religión, nacionalidad, etc.

Mi Cuerpo, Mis Derechos” está dirigida a poner fin al control y la criminalización de la salud sexual y reproductiva por parte de los Estados u otros agentes —tales como la familia, la sociedad o profesionales de la medicina—. La campaña se centra en la denuncia de las violaciones de estos derechos en Irlanda, Burkina Faso, El Salvador, Magreb y Nepal, zonas en las que, como apunta AI, se estigmatizan derechos tan fundamentales como la libertad sexual y reproductiva.

¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos?

Manifestación en Madrid por el aborto libre, convocada por el Movimiento Feminista. Viernes 27 de septiembre de 2013. Gaelx/Flickr

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) los derechos sexuales y reproductivos abarcan tanto la capacidad de las parejas e individuos —sin discriminación alguna por razón de sexo, género, edad o estado civil— de decidir de modo libre y responsable  si quieren o no tener descendencia, cuándo tenerla, cómo y con quién, como el hecho de contar con los medios e información necesarios para tomar sus decisiones. Hace dos décadas, en 1994, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo, en el Programa de Acción (punto 7.3.) se declaró que “esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.  También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos”.  Para ello, el Programa de Acción de la CIPD insta a los Estados a incluir la salud sexual y reproductiva dentro de los sistemas de sanidad primaria para, así, alcanzar una situación en la que todas las personas disfruten plenamente de sus derechos sexuales y reproductivos.

Según la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres, para garantizar estos derechos los Estados tienen que ofrecer a toda la ciudadanía el libre acceso a la planificación familiar, los cuidados maternos antes, durante y después del parto y la prevención y tratamiento de la infertilidad, el aborto y las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. La CIPD también insta a los Gobiernos a educar e informar a la población sobre sexualidad y salud reproductiva, al igual que prevenir y penar la violencia contra mujeres y niñas y proteger a las supervivientes.

Tanto Naciones Unidas como otras organizaciones y ONGs, como es el caso de Amnistía Internacional, consideran los derechos sexuales y reproductivos  como derechos fundamentales de los seres humanos.

Derechos sexuales y reproductivos en el mundo

Manifestación en Madrid por el aborto libre, convocada por el Movimiento Feminista. Viernes 27 de septiembre de 2013. Gaelx/Flickr

Según fuentes e investigaciones de Amnistía Internacional, la situación de los derechos sexuales y reproductivos en algunos países ha sufrido graves retrocesos en los últimos años. Además, diferentes actores no estatales —a menudo financiados por instituciones religiosas o gubernamentales—  intentan limitar y restringir estos derechos tanto a nivel internacional como nacional y local.

Un recorrido por los países con las leyes más restrictivas

A principios de 2014, el presidente de Nigeria promulgaba una nueva ley prohibiendo el matrimonio homosexual. En muchos países se criminalizan las relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio, ya sean homosexuales o heterosexuales. Amnistía Internacional denuncia que “la conducta homosexual es delito en 36 países africanos”. Estados como Nigeria, Somalia, Sudán y Mauritania imponen la pena de muerte a las personas acusadas de homosexualidad.  En Aceh, Indonesia, es delito que dos personas adultas se vean a solas y en los países del Golfo Pérsico las leyes impiden que las mujeres denuncien la violación y la violencia sexual por temor a ser acusadas y procesadas por cometer actos inmorales.

En los últimos dos años se han realizado intentos de restringir el aborto en Estados Unidos, Macedonia, Lituania, Turquía y España. Es importante entender que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto no seguro es la principal causa de muerte materna en el mundo.

Las organizaciones internacionales estiman que un 40% de las mujeres del mundo viven en países con leyes restrictivas sobre el aborto o con dificultad para acceder al él. En Nicaragua, por ejemplo, el aborto está penado por la ley en cualquier caso, incluso por violación. En países como Burkina Faso o Sierra Leona los Gobiernos fracasan a la hora de proteger a las menores de verse forzadas a contraer matrimonio y, a menudo, niñas de apenas 10 años se casan sin que se les permita tomar ninguna decisión sobre su salud sexual y reproductiva.

La UNFPA advierte de que el uso de métodos anticonceptivos podría prevenir 187 millones de embarazos  no  deseados, 105 millones de abortos inducidos y 215.000 muertes maternas en el mundo.

Sin embargo, la falta de acceso a información y, en muchos casos, la negación de los propios métodos anticonceptivos provocan que, según el Centro Internacional de Investigación de la Mujer (un instituto de investigación independiente), millones de mujeres en el mundo se vean obligadas a seguir teniendo hijos o a adelantar el momento de tenerlos por falta de acceso —o negación del mismo— a métodos anticonceptivos.

Las cifras

– El 40% de las mujeres en edad de procrear viven en países donde el aborto está prohibido, restringido o es inaccessible (OMS,2003).

– 47.000 mujeres embarazadas mueren al año por complicaciones derivadas de abortos no seguros (OMS,2003).

– 215 millones de mujeres no usan anticonceptivos a pesar de desear dejar de tener hijos o retrasar el momento de tenerlos (Centro Internacional de Investigación de la Mujer, 2013).

– 215.000 muertes maternas al año podrían evitarse mediante el uso adecuado de anticonceptivos (UNFPA, 2004).

– 24 países europeos exigen a las personas transgénero someterse a esterilización para que el cambio de género sea legal (Transgender Europe, 2013).

– 76 países del mundo tipifican como delito las relaciones homosexuales (Asociación Internacional de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales  e Intersexuales, 2013).

– Más de 14 millones de adolescentes dan a luz al año, a causa principalmente de relaciones sexuales forzadas y embarazos  no deseados (Centro Internacional de Investigación de la Mujer, 2013)

 – Arabia Saudí, Irán, el norte de Nigeria, Mauritania, el sur de Somalia, Sudán y Yemen ejecutan a aquellas personas acusadas de homosexualidad.

Estas cifras figuran en el informe de Amnistía Internacional sobre la campaña.

¿Por qué y para qué la campaña “Mi Cuerpo, Mis Derechos” de  Amnistía Internacional?

Manifestación a favor del derecho al aborto en Ottawa. Jenn Farr/ Flickr

Durante los próximos dos años, Amnistía Internacional hará presión sobre aquellos Gobiernos que, con sus leyes discriminatorias, usan la legislación penal para controlar la sexualidad y la reproducción de las personas y, por consiguiente, cometen graves violaciones de los derechos humanos.

La campaña abarca siete países de cinco regiones del mundo diferentes: Nepal, Burkina Faso, Irlanda, Marruecos, Túnez,  Argelia y El Salvador.

En ellos, ya sea por parte del Estado o terceros, se restringe la libertad sexual y reproductiva de mujeres, niñas y grupos proclives a la discriminación por motivos de sexualidad o etnia. “Mi Cuerpo, Mis Derechos” insta a los Gobiernos a (1) poner fin al uso discriminatorio de la legislación en materia de sexualidad y reproducción y al control por terceros de las decisiones personales; (2) eliminar las barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva, al igual que a la información y educación sexual; (3) concienciar a la población y capacitar a las personas para que reclame y ejerza sus derechos sexuales y reproductivos de manera responsable y libre.

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Foto de portada: Cartel de la campaña / Amnistía Internacional.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro