20/03/2019 BARCELONA

Un año sin salud: 873.000 excluidos en España

Se cumple un año de la reforma sanitaria que dejó a casi 900.000 personas en España sin derecho a sanidad gratuita. En estos doce meses se han denunciado múltiples irregularidades y desatenciones indebidas. En este artículo te las contamos.

El pasado 1 de septiembre se cumplía un año de la entrada en vigor en España del Real Decreto Ley 16/2012 que regula la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular en el país. En el mes de abril, y mediante un documento acerca de los próximos recortes enviado a Bruselas por el gobierno de Rajoy, nos enterábamos de que 873.000 tarjetas sanitarias habían sido dadas de baja desde la aplicación del decreto. Es decir, en el año que ha pasado cerca de un 20% de la población inmigrante que reside en España se ha quedado sin atención sanitaria. Sólo se atiende a este colectivo en los servicios de urgencias o en casos de accidentes hasta el alta médica. No tienen derecho a médico de cabecera, no pueden acudir a un especialista, ni ver tratadas sus enfermedades crónicas  a no ser que paguen por ello. Se establecen excepciones para los los menores, las embarazadas, personas solicitantes de protección internacional y víctimas de trata de seres humanos.

¿En qué consistía el antiguo sistema?

El sistema sanitario español se había caracterizado hasta ese momento por reconocer el “derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los españoles y extranjeros que tengan establecida su residencia en territorio nacional”, al menos así lo reconocía el artículo 1 de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986). El modelo se basaba en la igualdad en el trato a todos los pacientes, independientemente de su situación administrativa y de los impuestos que hubieran pagado. Además, nadie pagaba por los medicamentos que se dan mientras se está hospitalizado.

¿Cómo se paga el Sistema Sanitario?

Desde 1999 la sanidad pública se financia en España a través de los impuestos generales, no a través de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social. La cantidad que se descuenta de las nóminas está destinada a pagar prestaciones por desempleo o las pensiones de jubilación. El Estado ejerce de  recaudador de impuestos (IRPF, sociedades, capital, IVA, especiales,etc.). De este dinero sale la aportación a las comunidades autónomas que son las que gestionan el sistema sanitario. Cualquiera que viva en España, de forma regular o irregular, está contribuyendo al pago de la sanidad puesto que paga impuestos a través de su consumo.

 ¿Y el nuevo?

A lo largo de este año hemos conocido muchos casos de personas sin papeles que denuncian situaciones irregulares o errores en la aplicación del decreto. Es el caso de Silvia Graciela Velázquez, con un trastorno pulmonar grave que le provoca una fuerte disminución de la capacidad respiratoria:

“En enero (de 2013) fui a urgencias al hospital porque no podía respirar. La médica me dijo que tenía que hacerme muchas analíticas y me pidió que fuera a ventanilla para pedir turno con mi médico de cabecera; fui a ventanilla y ahí me dijeron que no tenía derecho a médico de cabecera. Lo grave es que no tengo forma de que me hagan un seguimiento de mi enfermedad crónica”. Además, el hospital balear al que acudió le hizo firmar un compromiso de pago a su nombre para ser atendida en urgencias, a pesar de que el decreto sanitario reconoce el acceso gratuito de todos a este servicio.

En una situación similar se encuentra Luis Andrés Ulloa, al que le diagnosticaron en 2010 un cáncer de vejiga. Su enfermedad fue tratada de forma gratuita  y sus médicos le recomendaron acudir cada cuatro o seis meses a la revisión correspondiente. Cuando, el año pasado fue a someterse a los reconocimientos estipulados le informaron de que debería pagar de su bolsillo las analíticas. Cada una cuesta entre 80 y 200 euros, una cantidad a la que Luis Andrés afirma no poder hacer frente.

La exclusión

Derechos Humanos [ Alvaro Herráiz Flickr account]
Derechos Humanos [ Alvaro Herráiz Flickr account]

Estos son algunos de los casos que dio a conocer un informe de Amnistía Internacional. Y es que son numerosas las organizaciones que denuncian constantemente que la aplicación de la ley viola el derecho universal a la salud de toda persona. Según denuncian, esta violación se produce también por la falta de información del personal sanitario, que puede estar dejando a más personas de las que prevé el decreto excluidas de la atención sanitaria. A lo largo de este año hemos conocido casos de embarazadas o menores a los que se les han enviado facturas tras su atención y recibos que se han emitido en el caso de personas que asistieron a los servicios de urgencias.

La situación de las personas sin papeles depende también de la comunidad en la que residan. Algunas como Cataluña, Asturias, Andalucía y País Vasco anunciaron antes de la entrada en vigor de la ley que seguirían atendiendo a los inmigrantes en situación irregular. El Ministerio de Sanidad propuso además convenios sanitarios que permitirían a estas personas recuperar su derecho a la asistencia previo pago de unas cantidades económicas. Sin embargo, estos acuerdos no se han hecho efectivos hasta mucho tiempo después en muchas zonas de España y en otras están todavía en tramitación. Hay comunidades que tras un tiempo se han echado atrás en la aplicación de la ley y otras, como la Balear, han tenido que rectificar en algunos casos pero siguen aplicando el decreto incluso en ocasiones en las que no procede.

¿Hacia dónde va nuestra sanidad?

Llevamos un año de exclusión sanitaria. Un año en el que la aplicación de la normativa del Gobierno está poniendo en peligro la salud de cientos de miles de inmigrantes. Y no sólo la de ellos. Numerosos expertos han advertido del peligro que puede suponer para la salud pública la proliferación de enfermedades contagiosas sin tratar. Según denuncia Amnistía Internacional factores como la incertidumbre, la falta de información y la posibilidad de que se les facture por el servicio están ejerciendo un fuerte efecto disuasorio en las personas sin papeles incluso a la hora de utilizar servicios a los que sí que tienen derecho. Al mismo tiempo, el hecho de que no tengan acceso a la atención primaria les obliga a esperar hasta que consideran que su situación es lo suficientemente grave como para dirigirse a las urgencias de cualquier hospital. Esto puede propiciar en muchos casos el incremento del uso de estos servicios, con el aumento del coste económico que esta situación conlleva para el sistema.

El Gobierno se ha mostrado reacio a llevar a cabo una evaluación del impacto real que ha tenido la reforma sanitaria. La ley se puso en marcha sin proporcionar la información necesaria a los profesionales del sector y sin el consenso de las comunidades autónomas. Como resultado hemos sido testigos de la disparidad en su aplicación en diferentes hospitales y centros de salud de la misma comunidad autónoma, la desatención en casos indebidos y la facturación ilegal de muchos servicios que debían ser gratuitos.

A lo largo de este año, el Real Decreto no ha hecho más que ahondar en la exclusión y  discriminación de las personas que residen en España en situación irregular. El hecho de que se hayan ofrecido convenios para que los inmigrantes puedan tener derecho a la atención sanitaria, previo pago, nos adentra en un modelo de aseguramiento privado. Y privatizar este derecho básico precisamente en uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad es peligroso e inaceptable. No sólo eso, en este año se ha desintegrado el principio de sanidad universal vigente en España durante tanto tiempo. En nuestra sociedad existe un gran número de colectivos vulnerables, por lo que si se establece este modelo no se puede garantizar que más adelante no queden otros grupos desatendidos.

Foto de portada: manifestante mostrando su rechazo contra de los recortes en sanidad, fuente: www.frankblanco.es

Esta es una explicación sin ánimo de lucro

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Marisa Herraez


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