Elecciones en Birmania: ¿Motivos para el optimismo?

Birmania celebró el pasado domingo 1 de abril unas elecciones consideradas ‘históricas’. La participación por primera vez en 22 años de la principal líder de la oposición, la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, así como la presencia de observadores internacionales durante los comicios, ha desatado el optimismo entre la comunidad internacional, quien valora positivamente los gestos aperturistas del régimen militar y ha planteado incluso la posibilidad de reducir las sanciones económicas al país. Sin embargo, qué efectos reales tiene este “nuevo rumbo”? Podemos hablar de aperturismo real, o por el contrario nos enfrentamos a un lavado de cara de la anterior Junta Militar?

Del golpe de Estado a las ‘reformas democráticas’

La Junta Militar accedió al poder en Myanmar –denominado Birmania por los militares desde 1989– en el año 1962, mediante un golpe de Estado que abolió el sistema federal y dio comienzo a un régimen dictatorial que ha imperado en el país hasta el día de hoy. El país vivió uno de los momentos de mayor tensión –y represión– en 1988, cuando a la férrea opresión del régimen sobre la población se sumaron los efectos de la crisis económica. Esto llevó a miles de personas a protestar en las calles del país, unas protestas que fueron duramente reprimidas por los militares, con un saldo de más de 3.000 víctimas mortales.

En este contexto, en 1990, la Junta Militar convocó elecciones generales, de las cuales resultó vencedora la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido liderado por Aung San Suu Kyi, con un 80% de los votos. Sin embargo, el régimen dictatorial denegó el acceso al poder al partido vencedor y arrestó a su líder. En 1991 recibió el premio Nobel de la Paz, por su lucha contra la dictadura militar y en favor de la democracia y los derechos humanos.

En 2003, ante las presiones internas y externas –en forma de sanciones económicas y de presión diplomática–, y en un contexto de ostracismo internacional, el régimen birmano anuncia el inicio de un proceso de reforma constitucional con el objetivo de dar una imagen aperturista. Entre las medidas propuestas destaca la reanudación de una Convención Nacional para el redactado de una nueva Constitución, que iría seguida de un referéndum para refrendarla, de la convocatoria de elecciones y finalmente de la constitución de un nuevo Parlamento. Sin embargo, la oposición política interna, organizaciones internacionales de derechos humanos, y organismos internacionales critican ampliamente dicho proceso y siguen denunciando las reiteradas violaciones de los derechos humanos y la represión política sistemática.

Este proceso culminó en 2008, con el referéndum para la ratificación de la nueva Constitución –con un 92,4% de votos a favor y una participación del 99%, según fuentes oficiales–, y con la convocatoria de elecciones generales en 2010 –que dieron la mayoría de votos a los dos partidos próximos al régimen, el USDP y el Partido de Unión Nacional, entre los cuales se encontraban miembros de la Junta Militar que previamente habían renunciado a su cargo en el Ejército para poder ejercer su nuevo cargo político. Por su parte, la LND no participó en las elecciones como medida de protesta por la prolongación del arresto domiciliario de su líder, y por considerarlos fraudulentos. Tras las elecciones, la Junta Militar fue oficialmente disuelta y Aung San Suu Kyi fue puesta en libertad –tras haber pasado 15 de los últimos 21 años bajo arresto domiciliario– junto con otros presos políticos.

Elecciones ‘exitosas’

Seis millones de personas con derecho a voto debían escoger entre los candidatos procedentes de 17 partidos políticos, que se reparten los 37 escaños del Parlamento –de un total de 664–, seis del Senado y dos en las asambleas regionales, un total de 45 escaños que habían quedado vacantes –a causa de la renuncia de diputados elegidos en las elecciones de 2010, que pasaron a ocupar cargos ministeriales. Los resultados, confirmados por los medios de comunicación estatales, dan una acaparadora victoria al principal partido de la oposición, la Liga Nacional por la Democracia, liderado por Aung San Suu Kyi, quien ha obtenido 43 de los 45 escaños en juego. Los otros dos escaños han ido a parar al Partido Democrático de las Nacionalidades Shan, que ha obtenido un diputado, mientras que el partido próximo a la Junta Militar, el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, actualmente al frente del Gobierno, ha obtenido un único escaño.

Múltiples voces han celebrado la transparencia demostrada por el Gobierno birmano durante los comicios –el régimen ha permitido por primera vez la presencia de observadores internacionales–, que han sido ‘aprobados’ unánimemente por la comunidad internacional. Más allá del propio presidente del país, Thein Sein, quien las ha considerado un “éxito”, la misma Aung San Suu Kyi lo ha calificado como el “inicio de una nueva era”. En este clima de optimismo, diversas voces reclaman una revisión de las sanciones económicas que sufre el país por parte de actores internacionales como la UE o EEUU, quien ha dicho recientemente que se plantea un cambio en este sentido.

¿Motivos para el optimismo?

La celebración de elecciones, la participación en ellas, 22 años después, de un símbolo democrático tan importante para el país, y a nivel internacional, como es Aung San Suu Kyi, la presencia de observadores internacionales y el reconocimiento de los resultados por parte del Gobierno, son sin duda avances positivos dentro de la evolución política del país.

Sin embargo, no hay que olvidar que pese a los 43 escaños conseguidos por la LND, el 80% del poder del Parlamento sigue actualmente en manos de los miembros de la recientemente disuelta Junta Militar: a la mayoría de votos conseguida por los dos partidos afines al régimen en las elecciones de 2010, se suma un 25% de los escaños que están por ley reservados al Ejército, tal y como establece la Constitución de 2008. Una Constitución que para conseguir modificar, se precisan más del 75% de los votos del Parlamento, lo que de facto da derecho de veto a los militares.

 Así, pese a la contundente victoria de la oposición política del país, estos resultados no se traducen en poder de decisión real, que sigue y seguirá recayendo en el establishment militar, convertido ahora en ‘clase política’ pero que no parece dispuesto a ceder el poder que lleva ostentando en el país desde hace medio siglo. Hasta que el Gobierno no elimine la cuota reservada para los miembros del Ejército en el Parlamento, no podremos hablar de una transición democrática verdadera, sino de un lavado de imagen de una reconvertida Junta Militar.

“Esta es una explicación sin ánimo de lucro”