06/06/2020 BARCELONA

El papel de los bosques en pie: ¿Cómo detener la creciente deforestación en Brasil?

La deforestación en el país con la mayor masa forestal del mundo provoca el surgimiento de mafias, violencia e incluso muerte. Por ello el gobierno brasileño se encuentra frente al reto de conciliar intereses económicos, sociales y ambientales en un conflicto cuya repercusión tiene alcance planetario.

Brasil es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo. Detiene la mayor área de forestas tropicales del planeta que están divididas entre seis biomas: Amazonia, Mata Atlántica, Pampa, Cerrado, Caatinga, Pantanal, más allá de las zonas marina y costera. Son ecosistemas frágiles, históricamente amenazados por un modelo de desarrollo intensivo y extractivo. En mayor o menor grado,  principalmente en la Amazonia, los ecosistemas fueron ocupados por la actividad agrícola desarrollada de modo no sostenible. Este es un círculo vicioso.

En los bosques nacionales, que son de dominio público, la primera tala es la de la madera de mayor valor económico, hecho que en la mayoría de casos tiene lugar de forma ilegal al no cumplir con ningún plan de manejo forestal. Parte de esta madera se destina a la exportación, aunque en su gran mayoría se consume en el mercado interno. Lo que queda de esta ocupación ilegal se quema para dar paso a la ganadería y en algunos casos, al monocultivo de la soja.

En los últimos 30 años, casi 20% de los bosques tropicales existentes en Brasil han sido derribados y convertidos a otros usos resultando en una pérdida de la biodiversidad, debido al efecto dominó.

Los Parques de Papel

Aunque la adopción de áreas naturales protegidas sea una buena estrategia para la conservación de la naturaleza, muchas veces éstas están limitadas a la acción burocrática de su creación, sin añadir el respectivo valor económico, social y ambiental de la manutención de los bosques. Son verdaderos parques de papel.

Un estudio coordinado por el Centro para la Conservación Mundial del Programa de Vigilancia del Medio Ambiente de la ONU reveló que entre un total de nueve países, Brasil es el que menos invierte por hectárea en la conservación de sus bosques. Mientras que Brasil destina en promedio US$ 2,82/ha para la conservación, en Argentina el índice es cinco veces mayor (US$ 13,61/ha), en México nueve veces (US$ 35,29/ha) y en Sudáfrica, 15 veces (US$ 42,73). La disparidad es aún mayor si se compara con los países desarrollados: Estados Unidos, está entre los que más invierten en la protección de sus bosques, con US$ 99,43/ha (35 veces más que Brasil). Le sigue Nueva Zelanda (US$ 70,31/ha). La lista reúne a los países, que como Brasil, tienen grandes extensiones de áreas protegidas.

A pesar del escenario poco optimista para el caso de Brasil, el estudio ha demostrado que, si hubiera mayores inversiones financieras y garantías de manutención de las áreas protegidas su retorno económico llegaría a cerca de 4,2 mil millones de dólares al año. El valor vendría de la comercialización sostenible de los productos forestales, el turismo, el mercadeo de carbono y los ingresos fiscales, basados en el modelo de Impuesto sobre Circulación de Bienes y Servicios Ecológicos, hoy ya adoptado por algunas ciudades.

La acción del gobierno

El gobierno brasileño viene desarrollando iniciativas para superar este grave problema. Entre ellas están un mayor monitoreo y fiscalización de la desforestación ilegal, en conjunto con cambios en la legislación nacional.

No obstante, la dimensión política está dominando la dimensión técnica de la cuestión. El primer Código Forestal Brasileño fue instituido en 1934, y desde entonces ha sufrido cambios para solucionar cuestiones puntuales. Por lo tanto, su actualización es necesaria frente a los muchos retos actuales, que no se refieren sólo a la conservación, sino también al uso y restauración de sus áreas deforestadas, y a la adopción de instrumentos que puedan garantizar su estricto cumplimiento.

Por otro lado esta situación no justifica la pelea legislativa existente, donde los políticos verdes argumentan la posibilidad de una amnistía a crímenes ambientales de deforestación, mientras que los políticos representantes de los productores rurales argumentan que el reglamento definido por el Código Forestal inhibe la producción agrícola una vez que no es compatible con la demanda comercial.

En medio de este conflicto están los bosques brasileños, que se han convertido en rehenes, junto con la sociedad brasileña, de los intereses de estos dos sectores, los cuales se niegan a promover un diálogo abierto y terminan generando posiciones extremas entre ambas partes. Lo cierto es que la ley forestal brasileña en su contexto actual no garantiza los recursos humanos y los medios para una vigilancia eficaz, no siendo capaz de evitar violentos conflictos entre productores rurales, tanto grandes como pequeños, empresas madereras, ONG, pueblos indígenas y poblaciones tradicionales, además del movimiento de los sin tierra.

Las noticias sobre muertes de activistas que denuncian crímenes ambientales en las regiones Norte del país no dejan de aumenta, y para colmo se ha identificado el uso de agente naranja en áreas naturales protegidas, así como también el uso de gigantes cadenas de acero para derrumbar partes de la selva amazónica.

La situación ha llegado a tal límite que exigido una respuesta rápida y contundente del gobierno brasileño, que ha establecido una fuerza de contraataque compuesta por el Ejército brasileño, la Policía Federal y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA). Juntos están llevando a cabo acciones para contener el acelerado ritmo de deforestación. El grupo está actuando en la aprehensión de camiones, tractores y otros equipos utilizados para la deforestación, en la inspección y represión de los deforestadores, incluso con el uso de la fuerza cuando es necesario. Con la llegada del invierno, la situación se agrava. Empieza el periodo de sequía, con incendios naturales y quemas para la preparación del suelo para el plantío, que sigue siendo una práctica muy extendida en Brasil.

En paralelo, gobierno y parlamentarios siguen peleándose sin una definición final del marco jurídico regulatorio. De forma paralela, sociedad civil y académica intentan, por todos los medios, ampliar y dar mayor transparencia al debate para que sea posible establecer una estrategia de gobernanza ambiental que contribuya a una mejor estabilidad política y social.

El papel de los bosques en pie

Para que sea posible un cambio de paradigma hacia una economía verde, es necesario resistir la tentación de tener una ganancia económica a corto plazo, con un uso no sostenible de los bosques y otros recursos naturales, en el nombre de una sociedad más inclusiva y duradera.

De la pelea que aún se arrastra sobre el Código Forestal en Brasil, hay una expectativa positiva de que al fin se pueda reconocer el valor económico de los bienes y servicios que la naturaleza nos ofrece. Se establecería así un marco legal que al mismo tiempo reflejaría, por un lado, la multidisciplinariedad, pluralismo y estratos sociales y, por el otro, permitiría establecer un modelo de negocio de productos y servicios forestales que garantice la competitividad de la agricultura y aproveche los avances científicos y tecnológicos que combinan la explotación y conservación. No se trata de hablar de utopías, sino más bien de procesos concretos que vienen siendo desarrollados y que demuestran que además del valor ecológico de los bosques en pie los mismos también tienen un significativo valor social y económico.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro

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Karen Oliveira

Brasileña, geóloga, especialista en cooperación internacional y medio ambiente. Máster en Energía, Doctora en Relaciones Internacionales. Trabajo con la movilización de fondos y gestión de proyectos direccionados al desarrollo social, salud, género y medio ambiente. Mis temas de interese son política, economía, medio ambiente, derechos humanos y sus interrelaciones.


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